Las autoridades colombianas dicen haber desmantelado la mayor mafia de tráfico de vida silvestre que se haya descubierto en el país, con lo que se devela las oscuras redes detrás de una actividad criminal transnacional lucrativa, pero muy poco denunciada.
El 7 de julio, la policía colombiana anunció la aprehensión de una red de tráfico de vida silvestre conocida como Los Pajareros, acusados de vender y distribuir especies silvestres en peligro de extinción en todo Colombia y en el exterior.
En allanamientos contra la red, la policía capturó a ocho personas y recuperó 83 animales, entre los que se cuentan loros, tortugas, flamencos, pavos, tucanes, gaviotas, cigüeñas, capibaras, canarios y pericos.
Los arrestos son resultado de una investigación que duró un año, iniciada con un aviso de que Heriberto Mateus, alias "El Pajarero", vendía especies en vía de extinción en un mercado de la ciudad de Girardot, informó El Espectador. Después de poner a Mateus bajo vigilancia, la policía rastreó a sus proveedores, los hermanos Jairo y José Luis Algarra Gutiérrez, quienes eran presuntamente los cabecillas de la pandilla.
Según El Espectador, la policía cree que proveedores como Mateus presentaban sus solicitudes específicas a Jairo Gutiérrez, quien pagaba entre US$10 y US$17 a los habitantes de zonas rurales para que localizaran los animales. Luego sedaban a los animales y los transportaban a fincas o casas particulares que actuaban como centros de distribución antes de traficarlos a los clientes o a los puntos de venta.
Los animales se mantenían en estas bodegas de vida silvestre en condiciones deplorables, y eran sometidos a tratos crueles, como el teñido de las plumas de las aves para hacerlas más atractivas, dijo la policía.
Aunque muchos de los animales se vendían en Colombia, la policía señala que también eran llevados a Ecuador y México. Fuentes de la policía declararon a El Espectador que los animales eran sedados para su transporte a otros países y ocultados en la persona de “mulas", o eran enviados directamente por correo a los compradores.
La policía estima que el 90 por ciento de las especies traficadas por Los Pajareros están en vía de extinción y que sus operaciones les valían entre US$27.000 y US$48.000 al mes.
Análisis de InSight Crime
Existe una variedad de mercados para el tráfico ilegal de vida silvestre en Colombia, tanto en el país como en el exterior. Internamente, existe gran demanda de tortugas e iguanas, que se consumen tradicionalmente en la época de Cuaresma. En el ámbito internacional, Colombia se ha convertido en centro de pieles de reptiles de origen ilegal, y se venden caimanes colombianos para convertirlos en ropa y accesorios. Sin embargo, los decomisos a lo largo de los años indican que los grandes mercados, domésticos e internacionales, son para aves, reptiles y peces, que tienen demanda como mascotas exóticas.
En el plano global, el tráfico de vida silvestre vale cerca de US$19 mil millones al año, por la venta de 350 millones de plantas y animales en el mercado negro cada año, según la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado. Aparte de Colombia, Perú, México, Bolivia y Brasil son también fuentes prominentes de tráfico de vida silvestre en el mundo, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) (pdf).
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Pese a las grandes sumas de dinero que se mueven y a la naturaleza transnacional del crimen, comparativamente es poco lo que se sabe de las estructuras criminales detrás del tráfico de vida silvestre. Y aunque la policía colombiana dice que en lo que va corrido de este año han realizado 11.300 operativos contra el tráfico de vida silvestre, de los que resultaron 8.300 animales recuperados y 1.553 personas arrestadas, estas impresionantes cifras ocultan un fracaso más grande en la lucha contra estas redes.
La captura de Los Pajareros, por consiguiente, no es una victoria inusualmente grande para las autoridades, sino que plantea una rara mirada al engranaje de estas redes de tráfico.
Los detalles revelados hasta el momento muestran cómo los traficantes de vida silvestre dependen de los habitantes de las zonas rurales para localizar las especies. Esos residentes ofrecen conocimiento local especializado, pero sus servicios valen poco y pueden no ser conscientes de las implicaciones legales de capturar animales o del daño más amplio que están causando.
El caso también destaca el amplio alcance de las redes de venta y distribución de los traficantes, esenciales para llevar a los animales con sus compradores. Según la policía, Los Pajareros mantenían "innumerables contactos" en los centros urbanos de Bogotá, Cúcuta, Villavicencio y municipios rurales en los estados de Cundinamarca y Tolima, así como contactos en el exterior.
Además, la investigación ilustra la simpleza comparativa de las técnicas de contrabando usadas, que dependen de mulas y servicios de correo normales para transportar a los animales sedados. Aunque estos métodos se han vuelto más riesgosos con los años para los narcotraficantes, la falta comparativa de conciencia y de recursos para contener el tráfico de vida silvestre implica que las mulas siguen siendo la opción más sencilla para traficar animales. Fuentes de la policía que hablaron con El Espectador admitieron que tenían pocos equipos para detectar el tráfico de animales en los aeropuertos, aunque dicen que habían comenzado a adiestrar perros olfateadores abuesos con ese fin.
Finalmente, el caso destaca uno de los principales obstáculos para enfrentar el tráfico de vida silvestre: aunque las recompensas son altas, los riesgos pocos, aun si son sorprendidos. Las sentencias por tráfico de vida silvestre van de cuatro a nueve años en Colombia. Según las pautas de condena actuales, los condenados a sentencias inferiores a cinco años o menos pueden recurrir a penas alternativas, como arresto domiciliario, lo que implica que Los Pajareros podrían no llegar a pasar un día en la cárcel, en especial si llegan a un acuerdo y se declaran culpables.
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