Con todo el derramamiento de sangre en lugares como Tijuana y Acapulco, el peso que tiene la oleada de violencia en poblaciones de mediano tamaño con frecuencia ignoradas, como Irapuato, ha sido subestimado en el manejo de los problemas de seguridad pública en México.
Una ciudad industrial de poco más de 500.000 habitantes en el estado de Guanajuato, centro de México, Irapuato ha ganado notoriedad últimamente como una de las ciudades más violentas de México (y del hemisferio). Tras años de relativa calma, los 474 homicidios cometidos en la ciudad durante 2018 —derivados principalmente de disputas territoriales entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel Santa Rosa de Lima (CSRL)— representaron casi el triple de la tasa de homicidios respecto al año anterior.
Según un reciente informe de la ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, la tasa de muertes violentas en Irapuato en 2018 la pone en el sexto lugar entre las ciudades más violentas del hemisferio occidental. Esto sitúa a Irapuato al nivel de ciudades con problemas de seguridad mucho más sonados, como Caracas, Acapulco y Juárez.
Esto es terreno desconocido para Irapuato. Sus 474 homicidios fueron el mayor número del estado, superando en mucho a León (que reportó 349 muertes), a pesar de que su población representa casi un tercio de su tamaño.
No fue solo el número de homicidios en 2018 un récord en su historia moderna; fue mayor que el total combinado del periodo de gobierno conocido como el sexenio Peña Nieto. De hecho, Irapuato tuvo más muertes en 2018 que en todos los primeros 14 años del milenio juntos.
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Aunque Irapuato es el ejemplo más crítico, varias ciudades de mediano y pequeño tamaño en el estado de Guanajuato han tenido una aceleración comparable en sus índices de violencia. Celaya, Salamanca y Silao —la tercera, cuarta y quinta ciudades más grandes del estado, respectivamente—produjeron un total de 841 homicidios en 2018. Cada ciudad marcó un récord de su historia reciente en homicidios.
En los casos de Salamanca y Silao, los actuales niveles de violencia superan en más de 40 veces lo que registraban a comienzos de los 2000. Poblaciones más pequeñas, como Yuriria, Cortázar, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande y Pénjamo exhiben todas un nuevo patrón similar: cada uno de esos municipios registró una tasa de homicidios de más de 100 por 100.000 habitantes en 2018.
Análisis de InSight Crime
Más allá del incremento global en el número de muertes violentas, la evolución de Irapuato representa lo que podría considerarse un microcosmos del deterioro de muchas ciudades de Guanajuato (en 2018, el estado más violento del país) y en los alrededores de México.
Uno de los factores claves que motiva la actual turbulencia es la existencia de un mercado negro de gasolina, robada de los voluminosos oleoductos de la zona, de propiedad de la petrolera estatal Pemex. Las ganancias derivadas de esta lucrativa industria, que en México se conoce como huachicol, han convertido a Guanajuato en terreno codiciado para los grupos criminales locales.
Es en este contexto que Irapuato ha tocado su actual fondo. A comienzos de 2017, en medio de años de incrementos graduales de la violencia, los funcionarios locales negaban que hubiera presencia de crimen organizado en la ciudad.
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Pero en cuestión de meses, el cartel de Jalisco anunció planes de tomar el control de Irapuato, mientras que el CSRL divulgaba videos donde prometía barrer a los ajenos al área. Videos de tiroteos masivos en bares, perpetrados por hombres portando rifles de asalto, comenzaron a transmitirse por medios informativos, al igual que en YouTube.
Apareció un grupo local de autodefensas que se hacía llamar los Justicieros de Irapuato y prometió proteger a los habitantes de la ciudad donde la policía no podía, un paso importante hacia la disolución del contrato social entre gobierno y gobernados.
Aunque el huachicoleo haya sido la motivación inicial, los grupos criminales se han extendido a otras industrias delictivas. Aunque Irapuato no es un punto de tránsito evidente para los estupefacientes en dirección al norte, los agentes federales han decomisado cantidades de narcóticos cada vez mayores, cuyo principal cliente parecen ser los consumidores locales.
La propagación de puntos de microtráfico en toda la ciudad también ha empezado a llamar la atención de los representantes del gobierno. En años recientes también se han producido denuncias de extorsión, donde los funcionarios de gobierno piden a los ciudadanos que acudan a la policía a denunciar las exigencias de pagos de protección.
Aunque no es claro quiénes son los perpetradores de las estructuras extorsivas, los timadores que ofrecen protección se han convertido en el sello de los grupos criminales que buscan hacerse al control total de las ciudades mexicanas.
En otras palabras, en 2017, la ciudad pasó de ver cómo sus gobernantes descartaban el riesgo del crimen organizado a padecer todas sus manifestaciones más obvias. Ese año, los homicidios en Irapuato casi se duplicaron a 171.
Para 2018, la policía local básicamente declaró en público que ya no buscaban hacer cumplir las leyes relativas al crimen organizado, las cuales propuso dejar al gobierno federal. Puede que eso haya permitido que la policía local quedara fuera de la línea de fuego, pero es difícil imaginar una abdicación más absoluta de la misión de un gobierno.
Como era de esperarse, el impacto en la seguridad de la ciudad ha sido negativo. Durante el primer semestre de 2019, los funcionarios de gobierno locales afirman que el número de homicidios aumentó en más de 30 por ciento, con más de nueve asesinatos de cada diez motivados por disputas criminales. Estos incluyen atrocidades, como la emboscada y el asesinato de dos agentes de policía que ocurrieron en mayo.
Aunque Irapuato se mantiene como una de las ciudades más inseguras de México, sus experiencias recientes dejan lecciones para los legisladores. En primer lugar, dejar empeorar problemas que parecen estar bajo cierto control, como fue el caso del huachicoleo durante muchos años, puede explotar de manera repentina.
En segundo lugar, no hay sustituto para la capacidad policial local.
Y en tercer lugar, las fuentes de violencia, tanto en términos geográficos como de actividad criminal, se mantienen en continua evolución y muchas veces surgen en los lugares menos esperados.
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