En su informe más reciente, la JIFE, responsable de supervisar la aplicación de los convenios firmados por la ONU en materia de drogas, parece estar en aprietos: la junta sigue siendo inflexible sobre la aplicación de estos convenios, pero una ola de reformas a las políticas antidrogas en el continente americano señalan la existencia de una mayor resistencia a las normas establecidas.
Los informes anuales de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) buscan “identificar y predecir tendencias peligrosas” en cuanto a control de drogas. Este año, en relación con Latinoamérica, se destacan en particular cinco tendencias, aunque algunas pueden parecer más “riesgosas” que otras.
1.) Oposición de la JIFE a las reformas de las políticas antidrogas
La JIFE, fundada en 1961, tiene el deber de defender y hacer cumplir los convenios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de drogas. Sin embargo, la legislación reciente en el continente americano —incluyendo la legalización de la marihuana en Uruguay, Jamaica y los estados de Alaska, Colorado y Washington, así como en el distrito de Columbia en Estados Unidos— contradicen directamente los tratados de la ONU sobre fiscalización internacional de drogas.
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De hecho, las crecientes discusiones sobre políticas antidrogas alternativas en la región —y la tendencia hacia una mayor tolerancia ante las drogas por parte de los gobiernos y los ciudadanos— han puesto a la JIFE a la defensiva. En el prólogo de su nuevo informe, la JIFE señala que, mientras que los tratados de fiscalización internacional de drogas a menudo se presentan “como instrumentos de prohibición y castigo”, esa interpretación es “errónea”. El documento señala que un principio fundamental de los tratados de la ONU es el de limitar el uso de drogas a fines médicos y científicos, y agrega: “esta obligación jurídica es absoluta y no deja margen para la interpretación”.
En el año 2016 se llevará a cabo una Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS por sus iniciales en inglés) para discutir las reformas a las políticas antidrogas, en gran parte como resultado de la creciente demanda de cambios al régimen de control internacional de drogas. Varios líderes políticos de las naciones latinoamericanas han sido especialmente activos en la tarea de pedir reformas y adoptar medidas con ese fin.
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Sin embargo, a pesar de la ola de reformas sobre políticas antidrogas en el continente americano, y dado que se aproxima la UNGASS, la JIFE se aferra a sus principios, indicando que las normas internacionales vigentes siguen siendo necesarias y pertinentes.
2.) Creciente tráfico de precursores químicos en Centroamérica
El informe de la JIFE señala que los precursores químicos, particularmente sustancias químicas no controladas por la convención de 1988, se trafican cada vez más en Centroamérica. Esto incluye cargamentos de metilamina (una sustancia sobre la que no hay regulaciones y que se usa para producir metanfetamina) que se incautan en México cuando van en camino a Guatemala y Nicaragua.
Belice también se ha convertido en un centro de precursores químicos (igualmente provenientes de México) para la producción de metanfetamina. Más de 156 toneladas de precursores químicos se incautaron en el país centroamericano solo en junio de 2012.
De hecho, en los últimos años las naciones centroamericanas, especialmente Guatemala, han cumplido un papel cada vez mayor en el comercio de drogas sintéticas en la región, donde predominan los grupos narcotraficantes mexicanos, como el Cartel de Sinaloa.
3.) Aumento en la producción de metanfetamina mexicana
Según la JIFE, las incautaciones de metanfetamina en la frontera entre México y Estados Unidos han aumentado significativamente, y pasaron de poco más de dos toneladas en 2008 a más de 10 toneladas en 2012 —una tendencia sobre la que InSight Crime ha informado previamente—. Solo en el estado de California se incautaron casi 15.000 kilos de metanfetamina en puertos de entrada durante el año fiscal 2014, cifra que marca un récord en dicho estado. Se cree que gran parte de esta metanfetamina procede de organizaciones narcotraficantes mexicanas, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés).
Citando cifras de la DEA, el informe de la JIFE señala que el precio de la metanfetamina en Estados Unidos ha disminuido 70 por ciento desde 2007, mientras que la pureza aumentó 130 por ciento, lo cual indica que hay más disponibilidad de dicha droga en el país.
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Según la JIFE, las autoridades de Japón, donde se han incrementado las incautaciones de metanfetamina, también han sugerido que las organizaciones narcotraficantes mexicanas están suministrando la droga para su mercado interno. Esto último está en consonancia con los intentos anteriores del Cartel de Sinaloa de establecer mayor presencia en Asia.
4.) Disminución del cultivo de coca y de las incautaciones de cocaína en los Andes
Según la JIFE, en Bolivia los cultivos de coca disminuyeron a 23.000 hectáreas en 2013, su nivel más bajo desde 2002. Sin embargo, esta cifra es mayor que el objetivo de 20.000 hectáreas que Bolivia estableció como parte de su estrategia nacional 2011-2015 para combatir el narcotráfico y reducir la producción de hoja de coca. La JIFE también señaló que la cantidad de laboratorios clandestinos de producción de cocaína destruidos por el gobierno aumentó considerablemente, y llegó a 67 en 2013. Ese mismo año, Bolivia incautó 22 toneladas de cocaína, la cifra más baja desde 2007.
En general, estas cifras sugieren que evitar que las organizaciones transnacionales de tráfico de cocaína se afiancen en Bolivia sigue siendo un serio desafío para el país andino.
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La JIFE también informó que el área total cultivada de coca en Perú disminuyó alrededor de 22 por ciento entre 2012 y 2013. Estas cifras, sin embargo, están desactualizadas, y aún queda por verse cómo los retrasos en los programas de sustitución de cultivos en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la región cocalera más prolífica de Perú, afectarán los esfuerzos por reducir la producción de coca y cocaína.
En Colombia, un importante avance identificado por la JIFE fueron los altos índices de incautación de base de coca y cocaína en el país —las más altas tasas de Suramérica—, donde se confiscaron 230 toneladas en 2013. De hecho, los grupos narcotraficantes colombianos han estado explorando la posibilidad de traficar base de coca en vez de cocaína en polvo; por otro lado, el consumo de drogas a nivel nacional también ha estado en aumento en los últimos años.
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5.) Aumento del consumo de marihuana en Suramérica
La JIFE observa que el consumo de marihuana ha aumentado en varios países latinoamericanos, como Colombia y Chile, y llama la atención sobre el importante papel que Paraguay continúa desempeñando en el comercio regional de marihuana, dado que las incautaciones en ese país se duplicaron en 2013. Se estima que Paraguay produce aproximadamente la mitad de la marihuana de Suramérica, mucha parte de la cual abastece la demanda en los vecinos países de Brasil, Argentina y Chile.
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