Frente a los defensores de oficio de un juzgado de menores en São Paulo, Brasil, Gorete explicó de manera emotiva lo que sucedió la noche de febrero en que cuatro agentes de la policía militar fueron a su casa y amenazaron con matar a su hijo adolescente.
Los agentes, que iban en búsqueda de un revólver que creían que escondía el hijo de Gorete, no llevaban identificación en sus uniformes. Se dice que apuntaron un arma a la cabeza de su hija de doce años de edad y le exigieron que dijera dónde estaba el arma.
"Vamos a regresar y cuando lo hagamos acabaremos con tu hijo aquí mismo", dice ella que le advirtieron.
Pero aunque los funcionarios aceptaron que el hijo de Gorete, conocido solo como D, estaba en riesgo de homicidio, no lo admitieron en el Programa de Protección a Niños y Adolescentes Amenazados de Muerte (PPCAAM por sus inicales en portugués), creado en 2007 por el gobierno federal de Brasil.
*Este artículo fue traducido, editado para su claridad y extensión, y publicado con el permiso de Agência Pública. No representa necesariamente las opinones de InSight Crime. Vera el original aquí
De hecho, el programa en el estado de São Paulo no ha aceptado nuevos casos desde enero, por falta de recursos, como consecuencia de lo cual han quedado desprotegidos 34 menores amenazados.
En un informe interno, la Oficina de Defensores de Oficio de São Paulo concluía que "la protección, que también debe garantizarse, está amenazada. Estas son vidas que han sido doblemente desprotegidas, abandonadas y silenciadas".
"Casi a diario recibimos casos de amenazas de muerte", dice la defensora pública Claudia Abramo. "Estos son casos urgentes, y el PPCAAM es nuestro único medio efectivo de enfrentar esas amenazas".
Muchos de los jóvenes son negros, marginados y ya han pasado temporadas en detención de menores, lo que los pone en un estado de vulnerabilidad al abuso por parte de los agentes de policía.
Después de la visita que hizo la policía a su madre, D ahora duerme en casas de amigos.
"Estoy asustado. Cuando veo un carro, miro para ver si son ellos. Me quedo en las casas de mis amigos, jugando videojuegos. Duermo allá. Solo voy a casa de vez en cuando para hablar con mi madre y mi abuelo, para decirles que estoy bien", declaró él a los defensores públicos.
En otro caso, R, de dieciséis años, dijo que la policía ya lo había golpeado dos veces. Él también huyó de su hogar y solo regresó para el entierro de un amigo de infancia, que era un año menor que él y fue asesinado por la policía.
"No quiero, Dios no lo permita, enterrar a mi hijo", dijo su padre a los defensores públicos. "Yo quiero que mi hijo me entierre a mí".
L, liberado hace poco de detención juvenil, está amenazado por las pandillas de drogas que hay cerca de su casa. Su madre no sabe qué hacer y, según los defensores, el chico "necesita con urgencia ayuda de alguien".
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El PPCAAM cubre 14 estados y São Paulo es el único que no está recibiendo nuevos casos. Un documento obtenido por Agência Pública de la Secretaría de Justicia y Defensa del Ciudadano (SJDC), culpa de ello a la falta de recursos y de personal.
"Parte del problema es la falta de previsión del gobierno federal sobre el dinero que debe enviarse al programa", lo que ha generado "inseguridad en el actual personal frente a las demandas que se les imponen", explicó el informe.
Aunque desde enero no se han aceptado 34 nuevos casos, la SJDC confirmó que estaba manteniendo el apoyo a los 80 niños que ya hay en el programa. El gobierno federal confirmó que había habido un retraso en los pagos a los estados, pero añadió que todos, incluyendo São Paulo, están ahora al día.
Ariel de Castro Alves, especialista en derecho de menores, opinó que la situación es "inaceptable". Los altos índices de homicidios de niños y adolescentes dejan en claro que el programa, aunque no resuelve todos los casos, ayuda a evitar nuevas muertes, dijo.
"Muchas veces, la única posibilidad de protección es el programa mismo", añadió.
Según un informe de 2016 sobre violencia contra menores en Brasil, preparado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), de las víctimas de homicidio en Brasil en 2013, más de 10.500 tenían 19 años o menos. La tasa de 16,3 homicidios por cada 100.000 niños puso a Brasil en tercer lugar en un ránking de 85 países.
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De los casos remitidos a los defensores públicos en São Paulo, el 48 por ciento tiene que ver con amenazas de la policía y el 36 por ciento con amenazas del crimen organizado. En todo el país, muchos de los amenazados son adolescentes negros entre los 15 y los 17 años de edad.
El PPCAAM no solo protege a niños, sino también a familias completas. Hasta septiembre de 2016, había admitido a casi 10.000 personas desde su creación: 3.512 niños y 5.988 familias. El año pasado únicamente, el programa protegió a 431 niños y 750 familias.
En promedio, los niños permanecen en el programa de seis meses a un año, pero en ocasiones es más tiempo. Se ha activado en varios casos trágicos en Brasil, como una joven de 16 años de edad, víctima de violación por parte de una pandilla hasta de 30 hombres en una favela de Rio de Janeiro.
*Este artículo fue traducido, editado para su claridad y extensión, y publicado con el permiso de Agência Pública. No representa necesariamente las opinones de InSight Crime. Vera el original aquí
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