El juicio por el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres en Honduras podría brindar una lejana posibilidad de conocer los nexos entre las redes criminales y las élites, pero lo más probable es que tan solo sirva para ilustrar lo difícil que es llevar a familias poderosas ante la justicia.
Corrección: una versión anterior de este artículo relacionó falsamente a la familia Atala Faraj con DESA y el proyecto de Agua Zarca. Ni la familia ni el banco Ficohsa tienen que ver con DESA o con el proyecto de Agua Zarca. InSight Crime lamenta el error.
El juicio se inicia el 17 de septiembre, dos años y medio después de que varios hombres armados irrumpieran en la casa de la líder ambientalista y de los derechos indígenas en la ciudad de La Esperanza, en el suroeste de Honduras, la asesinaran y dejaran herido al ambientalista mexicano Gustavo Castro.
El caso atrajo la atención de activistas y gobiernos internacionales. Cáceres había librado una larga lucha por los derechos de los grupos indígenas y de activistas ambientalistas, y en 2015 recibió el prestigioso Premio Medioambiental Goldman por su trabajo contra el proyecto de la Represa Agua Zarca, que amenazaba a las comunidades indígenas lenca asentadas en las riberas del río Gualcarque.
Es una constante que Latinoamérica aparezca como la región más peligrosa del mundo para los defensores del medio ambiente, y en Honduras los activistas de la tierra están en mayor riesgo de ser asesinados que en casi cualquier otro país de la región.
Pero además el caso deja entrever ese submundo hondureño donde las familias de la élite se relacionan con redes criminales. La pregunta que queda es, ¿cuánto de esos nexos ventilarán las autoridades? Ya el gobierno hondureño ha enfrentado fuertes críticas por el mal manejo delcaso, y la familia en cuestión tiene amigos poderosos.
Quiénes van a juicio y quiénes no
En total, ocho hombres comparecerán en el juicio. Las fuerzas de seguridad de Honduras hicieron inicialmente cuatro arrestos en relación con el asesinato de la activista en marzo de 2016. Dos de los hombres, Sergio Ramón Rodríguez y Douglas Geovanny Bustillo, estuvieron vinculados laboralmente a Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), la empresa que estaba construyendo la represa.
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A mediados de enero de 2017, las autoridades hicieron otros cuatro arrestos; entre los detenidos se encontraban los exsoldados hondureños Henry Javier Hernández Rodríguez y Edilson Atilio Duarte Meza.
En marzo de 2018, las autoridades aprehendieron a un noveno implicado, Roberto David Castillo Mejía —director ejecutivo de DESA al momento de la muerte de Cáceres—. Este se encuentra en prisión preventiva pero no se sabe cuándo comparecerá ante los jueces.
No se han presentado cargos contra los propietarios de DESA, la familia Atala Zablah. La familia es dueña de un buen número de empresas y tiene influencia política de larga data.
Un barómetro del sistema de justicia
La investigación ha sido una prueba para el el sistema de justicia hondureño y ha puesto bajo el escrutinio público cada uno de sus movimientos.
Desde el inicio, hubo acusaciones de mal manejo de la evidencia tanto en la escena del crimen como después. En un bochornoso giro de eventos pocos meses después del asesinato de Cáceres, una jueza de la corte de apelaciones fue detenida por dos vehículos, que procedieron a sacarla de su auto y robar el expediente. Según los informes, la jueza había sacado el expediente de su oficina para estudiarlo con detenimiento en su casa.
Organizaciones nacionales e internacionales también han criticado el manejo y la divulgación de evidencia clave en el caso de homicidio. La familia Cáceres y fiscales privados han interpuesto cuatro órdenes judiciales y solicitado en más de 30 ocasiones que la fiscalía comparta información crucial con su familia.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fundado por Cáceres, también ha denunciado el mal manejo dado al caso por la Fiscalía General. Puede afirmarse, sin temor a equivocarse, que es posible que docenas de dispositivos electrónicos incautados por las autoridades nunca fueran analizados en absoluto, según un informe reciente de Truthout.
"Es una forma de negación, de negarse a determinar lo que realmente está detrás del asesinato", afirmó la hija de Cáceres, Berta Zúñiga Cáceres, actual coordinadora general de COPINH y militante de un partido político de oposición, en comentarios a Truthout en relación con los vacíos en la evidencia.
Procesos abreviados
Pese a todo, la Fiscalía General de Honduras ha llevado este caso más lejos que la mayoría de juicios por asesinato. Y con la detención del director ejecutivo, parece que los fiscales le pisan los talones a la familia Atala Zablah.
Sin embargo, es muy probable que los activistas y sus aliados queden insatisfechos, sin importar el veredicto, a menos que los fiscales encuentren una manera de hacer la conexión con la poderosa familia.
Entre tanto, se contentan con lanzar sus teorías.
"Los dueños de Desa mataron a mi madre”, declaró Zúñiga Cáceres directamente ante Associated Press.
Otros han adelantado una investigación del caso por su cuenta. Un informe de octubre de 2017, redactado por un grupo de expertos independientes, señalaba que el asesinato que Cáceres fue un complot coordinado con meses de antelación por altos ejecutivos de DESA y por autoridades hondureñas.
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La evidencia existente es "concluyente con respecto a la participación de numerosos agentes del Estado y altos ejecutivos y empleados de DESA en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato", señalaba el informe.
Si bien las autoridades hondureñas supuestamente han detenido a varios de los presuntos autores materiales del asesinato de Cáceres, Castillo Mejía es el único supuesto autor intelectual que ha sido arrestado en relación con el crimen.
"El informe [del grupo independiente] afirma que hasta la fecha el sistema judicial hondureño no ha logrado presentar cargos contra los autores intelectuales del crimen, aunque los investigadores […] podrían determinar que los ocho hombres acusados seguían órdenes de sus superiores”, afirmó Lisa Haugaard, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo sobre América Latina en Washington, cuando fue consultada por InSight Crime al publicarse el informe.
*Corrección: una versión anterior de este artículo relacionó falsamente a la familia Atala Faraj con DESA y el proyecto de Agua Zarca. Ni la familia ni el banco Ficohsa tienen que ver con DESA o con el proyecto Agua Zarca. InSight Crime lamenta el error.
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