Mientras el gobierno de El Salvador enfrenta denuncias generalizadas de nepotismo y uso indebido de fondos públicos en el marco de la pandemia de coronavirus, el máximo jefe de la policía ahora es señalado de ayudar a encubrir la corrupción en el gobierno.
El 15 de diciembre, la Fiscalía General abrió un proceso judicial contra Mauricio Arriaza Chicas, director general de la Policía Nacional Civil (PNC), por los cargos de incumplimiento de deberes, como informó La Prensa Gráfica.
Los cargos se presentaron tras un complicado proceso de antejuicio en el congreso que culminó con la renuncia de Arriaza Chicas como viceministro de justicia y seguridad pública. El presidente Nayib Bukele lo había designado en este cargo apenas en octubre, lo que le confería fuero contra procesos ante la justicia ordinaria. Pese a su renuncia, mantuvo su cargo como comandante de la policía.
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El 12 de noviembre pasado, la fiscalía acusó a Arriaza Chicas inicialmente de cargos por desobediencia y fraude de ley, luego de que el director se negó a cumplir una orden del congreso que lo obligaba a llevar hasta el recinto del Legislativo a los ministros de salud Francisco Alabí y de hacienda Alejandro Zelaya para que respondieran por gastos realizados durante la pandemia.
Seis funcionarios de la administración Bukele, entre ellos Alabí y Zelaya, son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General por compras irregulares y pactos cuestionables en la asignación de contratos pagados con recursos de emergencia. El mes pasado, los fiscales allanaron docenas de oficinas del gobierno en la capital San Salvador, entre ellas las de las carteras de salud y hacienda.
Análisis de InSight Crime
La apertura de una investigación penal a un director de la policía por presunta protección a funcionarios del gabinete presidencial pone de manifiesto, de nuevo, cómo la cúpula de las fuerzas policiales sigue cometiendo actos que pueden calificarse de obstrucción de la justicia y garantía de impunidad.
Arriaza Chicas es considerado uno de los funcionarios más fieles al presidente Nayib Bukele, y ha participado en hechos que parecen socavar cualquier imagen de independencia del organismo policial.
El director fue protagonista en los hechos de febrero pasado, cuando el presidente Bukele, acompañado de soldados y policías comandados por Arriaza Chicas, irrumpieron en el recinto del Congreso para exigir a los diputados la aprobación de un préstamo para financiar sus políticas de seguridad. El 16 de diciembre, una comisión del congreso solicitó al presidente que destituyera a Arriaza de su cargo por su participación en la toma del edificio legislativo.
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No es esta la primera vez que Arriaza Chicas queda bajo escrutinio. Cuando fungió como subdirector de áreas especializadas de la PNC, de 2016 a 2018, varios de sus subordinados fueron señalados de formar parte de grupos de exterminio, mientras que otros fueron acusados del asesinato de una colega oficial.
Arriaza y algunos de sus lugartenientes también han enfrentado investigaciones internas por presuntos delitos. El oficial incluso fue dado de baja de la PNC en el año 2000, luego de que en un proceso interno fuera declarado culpable de plantar evidencia en un allanamiento ilegal. Posteriormente la Corte Suprema lo absolvió y ordenó su reintegro a la institución.
A finales de los noventas, las investigaciones de la Fiscalía asociaron a Arriaza con presunta manipulación de testigos en dos casos de alto perfil: el asesinato de una locutora de radio y una masacre relacionada con el narcotráfico. Nunca fue procesado por esos casos y siempre alegó inocencia.
En octubre, Arriaza Chicas declaró como testigo en el juicio por el asesinato de la agente Carla Ayala. El homicidio ocurrió en diciembre de 2017, en el marco de una fiesta del Grupo de Reacción Policial (GRP). En esa época, el oficial era el máximo jefe del grupo. Por este caso, la influyente Universidad Centroamericana de El Salvador se opuso públicamente a la designación de Arriaza como director de la PNC en junio de 2019.