Kamilo Rivera fue policía, verdugo y viceministro, y ahora es prófugo de la justicia.
1. La desaparición
Kamilo Rivera llegó a su oficina en el palacio colonial, un edificio viejo, de un gris verdoso, tapiado por paredes de piedra y concreto y poblado de pasillos oscuros, poco antes de las 6 de la mañana. Ubicado en pleno centro de Ciudad de Guatemala, el edificio alberga el Ministerio de Gobernación, donde Rivera trabajaba como viceministro. Pero aquel día no se quedó allí por mucho tiempo.
Empezaba el 29 de octubre de 2018, y el exagente de policía, ahora funcionario del gobierno, se había enterado de que tres horas antes se había girado una orden de arresto en su contra, según narró un investigador que participó en el operativo de captura y habló con InSight Crime bajo condición de anonimato. Rivera y otras siete personas eran acusados de asesinato. Al igual que él, todos los demás eran o habían sido miembros de los aparatos guatemaltecos de seguridad.
Aquella era una vieja historia, que había deshonrado al ministerio y al país. Según los investigadores, entre 2004 y 2007 Kamilo Rivera formó parte de un aparato clandestino incrustado en el Ministerio de Gobernación de Guatemala. Su grupo era conocido como “Los Riverita”, no por Kamilo, sino por su jefe, Víctor Rivera Azuaje, un exagente venezolano de policía.
Las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por Naciones Unidas y que ejerce como investigador adjunto al Ministerio Público, indican que Los Riverita participaron en por lo menos tres masacres: el asesinato de siete presos de la cárcel de Pavón en 2006, el de tres diputados salvadoreños y su motorista el 20 de febrero de 2007, y, seis días después, el asesinato de cuatro policías que estaban acusados de matar a los legisladores.
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El caso contra los Riveritas se había convertido en un símbolo. Para algunos, era un ejemplo de los genuinos esfuerzos de la CICIG por erradicar la corrupción y el crimen al interior del gobierno. Para otros, era un indicio de las extralimitaciones de la CICIG. Entre los acusados se encontraba el exministro de Gobernación y antiguo jefe de los Riveritas, Carlos Vielman, que ere amigo de algunos miembros de las élites económicas y políticas más poderosas del país.
Con los años, la mayoría de los casos contra la policía y sus jefes se habían estancado, o bien se habían desviado o archivado. En algunos de los casos, los testigos y acusados habían sido asesinados, entre ellos Rivera Azuaje, quien fue acribillado cuando salía de su oficina en la capital guatemalteca en marzo de 2008.
Pero en algunos casos la CICIG perseveró y revivió casos que incluso se remontaban muchos años atrás. Así ocurrió a finales de 2018, cuando Kamilo Rivera se vio obligado a huir. Esa mañana de octubre, poco después de llegar al ministerio, Rivera salió del edificio en una camioneta blanca, en compañía de un agente policial. Estacionaron en un McDonald's cercano donde se reunieron con un tercer individuo. Este había llegado en otro vehículo en el que Rivera se fue del restaurante de comida rápida. No se le ha vuelto a ver.
Desde entonces, Kamilo Rivera es prófugo de la justicia.
El fantasma de los ecuadrones de la muerte
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Exviceministro de Gobernación de Guatemala, nombrado en enero de 2018 por el presidente Jimmy Morales, es prófugo de la justicia desde el 29 de octubre de ese año, acusado de participar en ejecuciones extrajudiciales. El Ministerio Público y la CICIG lo acusan de haber formado parte de un escuadrón de la muerte instalado en la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala entre 2004 y 2009.
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Ministro de Gobernación entre 2004 y 2008. La CICIG lo investigó en 2008 y 2009 como presunto responsable de dirigir y tolerar escuadrones de la muerte en la PNC. Fue juzgado por ejecuciones extrajudiciales y absuelto por tribunales españoles en 2010. La CICIG y el MP volvieron a acusarlo por ese delito, pero por casos diferentes, en octubre de 2018.
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Director de la PNC de Guatemala entre 2004 y 2007. La CICIG lo investigó también como presunto responsable de dirigir escuadrones de la muerte en la Policía. Fue arrestado en 2012 en Suiza, país del que su padre es originario. En ese país europeo fue juzgado y condenado por varias ejecuciones extrajudiciales. En ese mismo proceso fue absuelto por las ejecuciones ocurridas en el marco del Plan Gavilán en 2005. Es por esas muertes que la CICIG y el MP lo acusaron en 2018.
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Policía venezolano que llegó a Centroamérica a finales de los 80. Fue asesor de la policía salvadoreña a finales de los 90; de ese país huyó por acusaciones de que se robó dinero procedente de rescates en casos de secuestro. En Guatemala fue protegido de las élites económicas y asesor del ministro Vielman. La CICIG y el MP lo identifican como líder del grupo Los Riverita del que formó parte Kamilo Rivera, y el cual se dedicaba a ejecuciones extrajudiciales y otros actos criminales.
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Presidente de Guatemala. Su periodo termina en enero del próximo año. La CICIG y el MP lo han investigado por posible financiamiento electoral ilícito y otros delitos. El MP ha hecho dos peticiones de antejuicio al mandatario, las cuales han sido rechazadas por el Congreso, dominado por sus aliados políticos. Desde 2017 sostiene una guerra abierta contra la CICIG, como parte de la cual nombró a Kamilo Rivera para obstaculizar las investigaciones de la Comisión y del MP.
2. Cómplices del crimen organizado
Según una exfuncionaria de seguridad pública guatemalteca que conoció de cerca al clan de Víctor Rivera, Los Riverita se graduaron de la academia de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala como jóvenes sanos.
“Se ganaron la confianza de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de empresarios que no confiaban en los mandos de la PNC a principios de 2000”, le dijo la exfuncionaria a InSight Crime bajo condición de anonimato, por temor a represalias.
Al interior del gobierno, estos hombres llegaron a sustituir a viejos militares, que eran mandos conocidos más por su ineficiencia y corrupción que por su combate al crimen que se había disparado tras el fin de la guerra civil en Guatemala. En el periodo de la posguerra los secuestros abundaban en el país, lo que requería menos fuerza bruta y más recopilación de inteligencia, territorio conocido por Rivera Azuaje.
Antes de trabajar en el ministerio, Rivera Azuaje, quien era conocido con varios alias, como “Zacarías” y “Frank”, había pasado por diversas agencias de inteligencia estatales, como la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus siglas en inlgés), según lo indican dos exfuncionarios del Ministerio de Gobernación que trabajaron con él en dicha cartera.
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Tras las guerras civiles en Guatemala y El Salvador, Rivera Azuaje fue contratado por élites empresariales de ambos países para que les ayudara a negociar y resolver casos de secuestro. Incluso después de que comenzó a trabajar en el ministerio, continuó con su doble trabajo en el rescate y la negociación de secuestros, lo que eventualmente lo llevaría a su propia caída.
Familiares de tres personas —dos guatemaltecas y una salvadoreña— que fueron víctimas de secuestro entre finales de los noventa y mediados de la década de 2000 se refieren a Zacarías como un investigador eficiente, que introdujo técnicas policiales modernas a dos cuerpos policiales centroamericanos que hasta la década de los ochenta no habían pasado de ser parte de los corruptos aparatos represivos del Estado.
La familiar de una de las víctimas guatemaltecas, quien habló con InSight Crime en condición de anonimato, dice que Rivera Azuaje “resolvía, pero porque sabía que no tenía que cumplir con la ley. Conseguía muy rápido lo que a un fiscal le hubiera costado meses, como bitácoras de teléfono”.
La situación continuó así incluso después de que Zacarías fue contratado por el ministerio y conformó Los Riveritas. La exfuncionaria de seguridad pública agrega: “El sector empresarial los agarró como sus patojos. Eran efectivos porque eran impunes: podían hacer diligencias fuera de la ley y nadie los castigaba”.
Según la exfuncionaria, el gobierno creó “una estructura paralela que solo funciona si hay impunidad. Con todas las de la ley no son tan exitosos. Eran los tiempos en los que en el MP no se estudiaban las necropsias y se daba por cierto lo que decían los informes policiales”.
Los casos
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Investigaciones de la CICIG en 2008 y 2009 establecieron que los grupos de exterminio incrustados en la PNC que comandaba Erwin Sperisen participaron en los asesinatos de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano, perpetrados cerca de la capital guatemalteca en 2007, así como en el encubrimiento posterior.
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Cuatro policías acusados de asesinar a los diputados bajo las órdenes de Víctor Hugo Soto Diéguez fueron recluidos en la cárcel conocida como El Boquerón. Fueron asesinados pocos días después de ocurridas las muertes de los salvadoreños. Investigadores de la CICIG determinaron que Víctor Rivera y sus pupilos habían participado en el operativo realizado en El Boquerón el día en que los policías fueron asesinados, así como en el posterior encubrimiento del caso.
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En octubre de 2018, la CICIG y el MP presentaron acusaciones por un plan para ejecutar de forma extrajudicial a reos fugados en 2005 de otra cárcel, conocida como El Infiernito. El MP y la CICIG acusan a Sperisen, Vielman, Kamilo Rivera y otros miembros de Los Riverita de estas ejecuciones.
3. Fantasmas que reviven
El 23 de octubre de 2005, de acuerdo con testimonios recabados por la CICIG, el Ministro de Goberción Carlos Vielman celebró una reunión. Horas antes, 19 presos habían escapado de la prisión de El Infiernito, en la ciudad de Escuintla, ubicada en la cosa del Pacífico de Guatemala. Vielman ordenó que los prófugos fueran recapturados “vivos o muertos”.
Los Riveritas lideraron aquella operación, denominada “Plan Gavilán”. La operación era sencilla: ubicarían a los presos fugados, los perseguirían y, de ser posible, los ejecutarían. Luego modificarían las escenas de los crímenes para hacer aparecer las ejecuciones ante la opinión pública como enfrentamientos entre los fugados y las autoridades. Aquel se convertiría en su modus operandi en los siguientes dos años.
Unos meses más tarde, poco antes de la Navidad, la policía localizó a uno de los fugitivos, Asiel Arauz Palacios, gracias a la información dada por una testigo de Kamilo Rivera. Rivera y su compañero, Stu Velasco, le habían dado un teléfono a la informante. Un peritaje realizado por la CICIG y el MP en investigaciones posteriores determinó que de ese número se realizaron varias llamadas y se enviaron mensajes al teléfono de Kamilo Rivera. El teléfono es una de las pruebas agregadas al expediente sobre siete ejecuciones extrajudiciales que la CICIG y el MP presentaron como acusación penal en octubre de 2018.
El 20 de diciembre de 2005, Rivera y Velasco organizaron una operación que incluía una entrega controlada de víveres y medicinas a Arauz Palacios en un café internet en la Ciudad de Guatemala, donde se suponía que estaría el sospechoso. Arauz Palacios no estaba allí. En su lugar había llegado un joven hondureño, Adonis Asael Murillo.
Rivera y Velasco salieron de su vehículo encapuchados y capturaron al hondureño, quien les dijo dónde estaba Arauz Palacios. Una hora más tarde, los dos Riverita lo capturaron. Arauz Palacios no opuso resistencia. El prisionero fue llevado a la jefatura de policía en Ciudad de Guatemala. Luego fue conducido a otra zona de la ciudad, donde según los investigadores, lo estaban esperando unos encapuchados para ejecutarlo. Los testigos acreditados por el MP y la CICIG aseguran que Kamilo Rivera era uno de ellos. En esa ocasión, Rivera logró evadir el enjuiciamiento.
Tras la ejecución de Arauz Palacios, la Policía hizo pública su versión, que pasó durante un buen tiempo como la recolección oficial de los hechos: el fugado intentó disparar a los agentes, a quienes no les quedó más remedio que asesinarlo. Las investigaciones posteriores de la CICIG y el MP determinaron otra cosa: los encapuchados intentaron alterar la escena y plantaron una pistola Sig-Sauer modelo P220 calibre 45 en las manos del cadáver para justificar el supuesto enfrentamiento entre el fugado y los policías. La investigación forense posterior, la necropsia y el peritaje balístico establecen que “las trayectorias balísticas de todas las lesiones son de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo”, lo cual es consistente con una ejecución. Eso significa que “quienes disparaban enfrentaban el plano posterior de la víctima, situación que no es factible con un enfrentamiento”.
La balística indica que Arauz Palacios recibió 12 balazos en la espalda de tres armas diferentes. Eso tampoco es consistente con un enfrentamiento.
El 21 de diciembre de 2005, un día después de la ejecución de Arauz Palacios, apareció el cadáver del hondureño Murillo en una finca ubicada a unos 30 kilómetros del centro de la capital. El MP y la CICIG también atribuyen ese asesinato a Rivera y Velasco.
4. El caso Parlacen
En febrero de 2007, tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su motorista fueron asesinados en una finca ubicada en la carretera a El Salvador, en las afueras de la capital guatemalteca. Desde el principio, las investigaciones apuntaron a cuatro policías que eran parte de otro escuadrón de la muerte —distinto a Los Riverita— como responsables de matar a los salvadoreños tras recibir información de que estos habían viajado a Guatemala con droga y dinero. Los policías fueron arrestados pocos días después y —luego de una conocida conversación (que quedó registrada ) con Víctor Rivera Azuaje—recluidos en la cárcel conocida como El Boquerón, donde fueron asesinados poco tiempo después en hechos confusos.
Los informes preliminares de la CICIG a los que InSight Crime tuvo acceso indican que Los Riverita habían estado implicados en la masacre de los policías en El Boquerón. Las investigaciones posteriores volvieron sobre esta teoría, agregando que Vielman y el jefe de policía Erwin Sperisen estuvieron involucrados en los hechos conocidos como caso Parlacen. En múltiples ocasiones ambos exfuncionarios han negado estos señalamientos.
Los investigadores también relacionaron a Kamilo Rivera con la masacre de El Boquerón y con el encubrimiento de los asesinatos del caso Parlacen.
La preocupación por la participación de funcionarios de alto nivel se extendió a otros países. InSight Crime habló en San Salvador con un exfuncionario de alto nivel del gobierno de Antonio Saca, presidente de El Salvador cuando ocurrieron los asesinatos de los diputados. En su despacho, el exoficial confirmó que numerosos funcionarios salvadoreños de ese momento sospechaban que Los Riverita y sus jefes habían estado implicados en las dos masacres.
Incluso el gobierno de Estados Unidos expresó en su momento sospechas sobre lo que había pasado en El Boquerón. En un cable confidencial enviado pocas horas después de la masacre en la cárcel, el entonces embajador de Washington en Guatemala, James Derham, informó al Departamento de Estado sobre el posible móvil del crimen: “El miedo a que los supuestos homicidas —los policías— hablaran es percibido ampliamente como el motivo para que los autores intelectuales de los asesinatos de los diputados silenciaran a sus asesinos”, dice en el cable.
Vielman y Sperisen fueron juzgados por otro caso. Vielman, quien es ciudadano español, huyó a España antes de que pudiera ser juzgado en Guatemala. Eventualmente, el exministro fue absuelto. Por su parte, Sperisen huyó a Suiza, donde fue condenado y cumple una pena de 15 años en arresto domiciliario.
Estos enjuiciamientos marcaron el inicio de la actual batalla entre la CICIG y las élites del país y sectores de sus fuerzas de seguridad. Vielman y los Riveritas se encontraban entre dichas élites, y no se quedaron de brazos cruzados mientras eran perseguidos. Los ánimos se calmaron un poco luego de que Vielman abandonara el país, pero se caldearon una vez más cuando la CICIG trató de juzgarlo por segunda vez para procesarlo a él y a muchas otras personas en Guatemala. Antes de eso, el actual presidente guatemalteco, Jimmy Morales, él mismo investigado por posible financiamiento electoral ilícito, había rescatado a Kamilo Rivera del ostracismo, esta vez para mantener a la Comisión Internacional a raya.
5. Rivera contra la CICIG
En la mañana del 14 de agosto de 2018, los agentes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la unidad especializada del Ministerio Público que trabaja en coordinación directa con la CICIG, llevaron a cabo una serie de arrestos en un importante caso que estaba en su fase final, conocido como Corrupción y Construcción, en el que aparecen involucrados varios empresarios y políticos guatemaltecos.
Dado lo delicado del caso, el 13 de agosto el director de la FECI, Juan Francisco Sandoval, decidió enviar un correo electrónico al Ministerio de Gobernación, con el fin de solicitar refuerzos policiales para realizar los arrestos. Al principio, el ministerio le dijo que la policía lo apoyaría, pero finalmente no lo hizo. Aunque se enfureció, a Sandoval aquello no lo sorprendió.
En agosto de 2018, el Ministerio de Gobernación se había vuelto en contra de la CICIG, y nombró a personas en ciertos puestos para que obstaculizara sus investigaciones y redadas en varias ocasiones. Entre las personas que entorpecieron el trabajo de la CICIG se encontraba Kamilo Rivera, quien había sido nombrado viceministro en el mes de enero.
Rivera tenía una venganza pendiente contra la CICIG por razones más personales. Como parte de la investigación inicial sobre los Riveritas, la CICIG arrestó a Edwin Emanuel Rivera Gálvez, hermano de Kamilo que solía ser el segundo al mando del grupo. Edwin Emanuel fue puesto en libertad tras un recurso judicial de apelación y finalmente fue contratado como jefe de seguridad de una empresa privada dedicada a la producción de palma africana.
Agosto de 2018 era el momento propicio para la venganza de Kamilo Rivera contra la CICIG. Durante horas, el jefe fiscal Sandoval envió múltiples mensajes de WhatsApp al viceministro, pero Rivera no respondió. A las 11:25 de la noche de aquel 14 de agosto, Rivera respondió que aún no sabía qué policías acompañarían a los fiscales, ya que había “otros operativos proyectados”. Sandoval volvió a preguntar a las 2:51 a.m. del 14 de agosto, poco más de una hora antes del momento programado para empezar las capturas y los allanamientos. Rivera contestó que solo podía darle policías hasta las 7:00 a.m.
Finalmente, a las 3:30 a.m. el viceministro envió un correo electrónico para decir que la Policía no acompañaría al MP y la CICIG en las capturas de sospechosos en uno de los casos de corrupción con más alto perfil en el país.
Los investigadores le dijeron a InSight Crime que para entonces aquello se había convertido en costumbre. El 7 de febrero de 2018, pocas semanas después de que Rivera se convirtiera en viceministro, el ministro filtró información sobre una operación para arrestar a un sospechoso en un caso de fraude bancario. El 12 de abril, el ministerio filtró información sobre otro operativo. El 18 de abril, el ministerio retiró a la policía de otra operación. “El fiscal tuvo que obtener apoyo en comisarías que se encontraban en la ruta de destino”, dice el informe que la FECI envió a la fiscal general en agosto del año pasado.
Otro incidente reportado parece sacado de una comedia de enredos. El 16 de mayo de 2018 la Fiscalía solicitó apoyo policial para las inspecciones que harían los fiscales en un caso. Entrada la mañana del 17 de mayo, el viceministro Rivera comunicó al MP que no habría policías de apoyo debido a “problemas técnicos”. Luego, cuando la fiscal general le preguntó qué pasaba, Rivera contestó que no había enviado el refuerzo porque la FECI había pedido la ayuda desde una “cuenta [de correo electrónico] no oficial”.
6. Un empleado honorable
Kamilo Rivera supo mantenerse al margen de la polémica que se produjo tras el arresto de su hermano. En silencio, y con el apoyo de algunos sectores importantes de la empresa privada o del ejército, Rivera siguió navegando cerca de instituciones de la seguridad pública guatemalteca, según le dijeron a InSight Crime exinvestigadores de la CICIG.
Rivera estuvo intentando entorpecer las investigaciones de la comisión por lo menos desde 2014. Un fiscal guatemalteco afirma incluso que Kamilo Rivera intentó boicotear a la CICIG y a la FECI entre 2014 y 2015, cuando fue director de investigaciones criminalísticas (DICRI) en el Ministerio Público.
Pero hacia finales de 2018, sus actividades como parte de Los Riveritas empezaron a irse en contra suya. El día en que evadió la captura fueron arrestadas otras personas, entre quienes se encontraban Vielman y Velasco. Todos fueron acusados de varias muertes relacionadas con el Plan Gavilán. A Vielman se le dio arresto domiciliario mientras espera juicio, y los demás permanecen en prisión.
Antes de su fuga, Rivera redactó su renuncia.
“Estoy dispuesto a seguir sirviendo a mi país en cualquier lugar donde me encuentre”, escribe, “como un buen ciudadano, un empleado honorable y siempre en conformidad con la ley”.
Rivera continúa prófugo.
Foto: Alex Cruz/El Periódico de Guatemala.
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