Casi tres semanas después de una explosión que mató a 37 personas e hirió a 100 más en la sede de la compañía petrolera nacional de México, Pemex, el público está muy lejos de saber exactamente lo que estuvo detrás de la tragedia. El oscuro enfoque del gobierno evoca los fantasmas de otros eventos inexplicables y preocupa sobre lo que pueda estar por venir.
Altos funcionarios mexicanos le han echado la culpa a una fuga de gas -- tal vez metano, tal vez no -- y han rechazado tajantemente un ataque criminal o terrorista al complejo el 30 de enero. A pesar de ello, no permitieron investigadores extranjeros cerca de la zona cero, incitando a algunos a especular sobre la naturaleza y el origen de la explosión.
También han planteado varios escenarios pero sin ninguna evidencia sólida para sus conclusiones. Mientras, tanto la explosión como la investigación han desaparecido de los titulares y las ondas de radio, eclipsados por las violaciones de turistas por pandillas, meteoritos cayendo y una renuncia papal.
“Parece ser que el gobierno federal está apostando al olvido (del público)," dijo Silvano Aureoles, jefe de bancada del Partido de la Revolución Democrática de izquierda en la cámara baja del congreso, en un comunicado de prensa. "Muchos accidentes han ocurrido en Pemex ... y ellos sólo han dejado que el tiempo pase y aplicaron la estrategia de esperar a que la gente se olvide del asunto."
Análisis de InSight Crime
Por supuesto, depender de la poca capacidad de memoria no es una estrategia que caracterice únicamente al gigante petrolero, que proporciona hasta un tercio de los ingresos del gobierno. Tras los desastres naturales y los provocados por los humanos, escándalos de corrupción y atrocidades criminales, ocultar y esquivar son las respuestas tradicionales por defecto.
Sólo algunos ejemplos: meses después, ni los oficiales mexicanos ni los estadounidenses han revelado por qué los oficiales de la policía federal atacaron un carro claramente marcado de la embajada de Estados Unidos, que llevaba agentes de la CIA y un oficial naval mexicano hacia las afueras de Ciudad de México. Los funcionarios estatales tampoco se han molestado en explicar por qué mafiosos ejecutaron el mes pasado a 17 miembros de una popular banda musical local afuera de Monterrey y arrojaron sus cuerpos a un pozo. Nadie se ha molestado para detallar por qué otros hombres armados ejecutaron en 2010 al candidato a gobernador del estado de Tamaulipas, cuyo hermano es el gobernador de turno.
Más recientemente, excusándose por una agenda apretada, el Presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió el cargo hace 11 semanas, se negó a reunirse con la delegación de Human Rights Watch, que se encontraba en la capital mexicana esta semana para presentar una investigación detallada de 249 desapariciones forzadas en los últimos seis años, muchas de las cuales fueron a manos de las fuerzas de seguridad federales.
El ministro del interior, Miguel Ángel Osorio, y sus asesores se reunieron con el grupo de derechos humanos, prometiendo cooperación para abordar los cargos. Pero el informe anterior de HRW sobre México, el cual detalló 233 asesinatos, torturas, y desapariciones por parte del ejército, no resultó en ninguna acción por parte de la anterior administración de Felipe Calderón.
"Ellos dijeron que iban a mirar estos casos," dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división para el hemisferio de Human Rights Watch. "¿Cuánto tiempo tomará? Yo prefiero no aplicar las matemáticas. Nuestra función, nuestro trabajo como sociedad civil, es promover el debate."
Las cosas suceden, provocan momentos de sorpresa y/o indignación y luego se desvanecen. El publico mexicano pierde la fe de saber las causas, confiando siempre en la información que es finalmente suministrada. Como con la explosión de Pemex, la confusión de los hechos genera rumores, teorías conspirativas y encogimiento de los hombros.
George Baker, un respetado analista de energía con sede en Houston y observador de Pemex, ha recopilado algunos de los "contraargumentos" explicando la explosión, hablando con muchas personas en la industria energética. Estos van desde conspiraciones por organizaciones mafiosas sin nombre, grupos guerrilleros o empleados descontentos; hasta un trabajo interno destinado a destruir documentos incriminatorios guardados en los edificios dañados.
Los Zetas han atacado sistemáticamente a Pemex por años. Además de recolectar pagos de extorsión, roban gasolina, gas natural, y petróleo líquido, entre otros productos; y venden estos productos en México y Estados Unidos, costándole a la compañía un estimado de US$1 billón al año. (Vea abajo el mapa de InSight Crime, el cual traza las tuberías más susceptibles de robo, según Pemex). Cuando no se salen con a suya, los Zetas han sido conocidos por secuestrar a los trabajadores.
También hay temas legales complicados que giran en torno a la empresa, que la conectan con el crimen organizado. Una empresa de servicios de petróleo, ADT Petroservicios, que supuestamente lavaba dinero para los Zetas, tenía millones en contratos con Pemex. El jefe de la compañía, Francisco Antonio Colorado Cessa, fue arrestado en 2012 en Texas, y posteriormente la compañía fue puesta en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
"Algunos preguntaban, ¿está un cartel de la droga advirtiendo al nuevo gobierno de mantener su distancia?", escribió Baker en un informe sobre la explosión en su sitio de internet.
Si fue un ataque deliberado – con explosivos C-4, como algunos sugieren – el verdadero blanco de la explosión de Pemex probablemente era el gobierno de Peña Nieto; quien, al igual que sus recientes predecesores, espera reformar las importantes industrias energéticas, aún inestables.
Pese a las negativas del gobierno, muchos creen que tales reformas pretenden volver a privatizar una industria petroquímica cuya nacionalización hace 75 años sigue siendo una fuente de orgullo patriótico.
Pero más allá de las cuestiones energéticas, Peña y sus aliados esperan cambiar la plática acerca de México – por los últimos seis años dominada por la violencia del mundo criminal – a una de progreso económico, paz social y gobierno competente.
Esa "narrativa del momento" de México sostiene que los 115 millones disponibles son para alcanzar su destino como una de las principales economías y poderes políticos del mundo. Pero los intentos de apuntar a las buenas noticias continúan siendo eclipsados tanto por la violencia criminal, la cual ha cobrado la vida de 70.000 personas según una estimación reciente del gobierno, como por los misterios sin resolver, como el desastre de Pemex.
La presidencia de Peña ha devuelto al Partido Revolucionario Institucional, o PRI – el cual los críticos argumentan evoca la cultura de la confabulación mientras gobernaba el país la mayor parte del siglo pasado – al poder nacional después de un exilio de doce años. No obstante, los asesinatos, los ataques a los funcionarios públicos y las fuerzas de seguridad, amenazas contra los medios de comunicación, y otras manifestaciones de violencia criminal, parecen estar en aumento; incluso si el gobierno no lo reconoce, como suele suceder.
Con los mexicanos dudosos de la política y la desconfianza general en el PRI en particular -- Peña fue elegido con sólo el 38 por ciento de los votos – tanto el presidente como su partido tienen mucho en juego en el tratamiento de eventos como la explosión de Pemex.
"En este punto, estamos muy lejos de comprar cualquiera de los contra-argumentos," escribió Baker de las teorías alternativas de la explosión. "Pero Pemex y el gobierno están a la defensiva."
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