Dieciséis meses después de que el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC firmaran el Acuerdo Final en Bogotá, la promesa de “paz” está lejos de concretarse en territorios caracterizados por escenarios de conflictividad social, política y armada. Es el caso de la región del Catatumbo, integrada por 11 municipios de Norte de Santander, donde desde el pasado 14 de marzo desacuerdos entre el ELN y el EPL desembocaron en un enfrentamiento armado sin precedentes en la historia de ambas organizaciones, que tiene en alerta máxima al movimiento social y a las comunidades.
Los impactos que esta confrontación han causado en la población civil han sido documentados por la Oficina de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios (OCHA), que en un primer comunicado emitido el pasado 16 de marzo declaró que los enfrentamientos entre el ELN y el EPL afectaron a los pobladores de los municipios San Calixto, El Tarra, Teorama, Convención, Hacarí, El Carmen y Tibú, donde se habían presentado desplazamientos masivos; “retención temporal de civiles, incluyendo personal de misión médica”; dos civiles heridos; restricciones a la movilidad; cierre del comercio; y parálisis de las instituciones educativas, con afectaciones a 11.836 estudiantes y 553 docentes, todo lo cual constituye “infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
*Este artículo fue publicado originalmente en Verdad Abierta. Fue editado y publicado con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
En un segundo comunicado, OCHA reportó el 20 de marzo que en las veredas Villanueva y La Primavera, de San Calixto, y en el corregimiento Mesitas, de Hacarí, 1.350 personas se encontraban concentradas en “refugios humanitarios” para resguardarse del fuego cruzado. La Oficina también reportó que la Defensoría del Pueblo regional Ocaña y la personería municipal de Hacarí habían recibido 18 declaraciones de desplazamiento forzado.
El mismo 20 de marzo, la organización humanitaria Consejo Noruego para Refugiados, que hace presencia en el Catatumbo, expidió un comunicado alertando sobre la urgencia de desescalar el conflicto y le pidió al gobierno nacional “atender con celeridad esta emergencia y garantizar la protección a la población civil”.
La crisis, sin embargo, se venía gestando meses atrás, sin que las autoridades intervinieran para conjurarla.
Antecedentes
Organizaciones humanitarias y de derechos humanos con antigua presencia en el Catatumbo no dudan en señalar que el actual escenario de confrontación entre el ELN y el EPL está relacionado con la desaparición de las FARC como organización militar. Así lo explica Rafael Jaimes, presidente de la seccional Norte de Santander del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH): “Tradicionalmente, el EPL ha tenido un núcleo de actividad militar y política en Hacarí, La Playa y Ábrego. Sin embargo, atendiendo a que las FARC salían del escenario de confrontación armada, propició un proceso de expansión que inició en 2016”.
Ejemplo del cambio en esas dinámicas fue el asesinato de Nelly Amaya, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Guamalito, de San Calixto e integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), ocurrido en enero de 2016. El crimen, de acuerdo con fuentes de la zona, habría sido cometido por el EPL luego de que Amaya se negara a acatar la exigencia de esa organización de no venderle comida a la policía en un restaurante de su propiedad.
“El EPL rompió normas tácitamente establecidas, como que las estructuras armadas no estaban uniformadas en los cascos corregimentales, y empezó a desconocer a las organizaciones sociales, lo cual generó tensiones con el ELN”, dijo Jaimes.
Con ese análisis coincide Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, una organización no gubernamental defensora de derechos humanos con asiento en Norte de Santander. Según él, “desde hace dos años el EPL llegó a territorios ex-Farc a desarrollar unas prácticas de castigo a la población, reuniendo a la comunidad y diciendo: ‘Estas son las nuevas normas y el que no las cumple se muere’. Eso ocurre en un contexto muy complejo, porque en el Catatumbo existen comunidades organizadas y politizadas a las que el EPL llegó a imponerse a través de la violencia, asesinando incluso líderes sociales, por lo cual empezaron los problemas con el ELN”.
Las nuevas prácticas también incluyeron advertencias de fusilamiento contra presuntos ladrones y consumidores de sustancias psicoactivas, imposición de horarios para la circulación de personas y prohibición de actividades comunitarias, bajo la lógica de evitar actividades de inteligencia militar. Cañizares y Jaimes coinciden en que ese control territorial violento incrementó los asesinatos en la región. Así lo demostrarían, además, las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal: durante 2015 se cometieron 87 homicidios en los 11 municipios del Catatumbo, mientras en 2016 el total fue de 156, para un incremento del 79 por ciento.
A nivel regional, la manera como el EPL decidió expandirse prendió las alertas sobre la conducción de la organización, a la que distintos sectores sociales del Catatumbo le conceden estatus político, pese a que el gobierno nacional lo considera un Grupo Armado Organizado (GAO) al que denomina como “Los Pelusos”. (Ver más en: La Directiva N. 15: estrategia tardía que abre varios interrogantes)
Hasta 1991, cuando el grueso de esa guerrilla se desmovilizó tras negociar con el gobierno nacional, la dirección estaba a cargo del clandestino Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista (PCC-ML).
Esa situación se agravó con la muerte en combate del responsable financiero del EPL, Víctor Ramón Navarro, conocido como ‘Megateo’, en octubre de 2015, a quien se le atribuye el incremento de la participación del EPL en el negocio de las drogas. (Ver más en: Confinamiento en tierra de ‘Megateo’)
Cañizares asegura que, tal como en el caso de Aguirre, “la Fuerza Pública empezó a realizar una serie de operaciones especializadas contra el EPL tras la muerte de ‘Megateo’, al punto de que poco más de dos años después todos los comandantes están muertos o presos, quedando la organización con dificultades en la conducción política y militar”. Agrega, además, que “el PCC-ML hace vida política y social en la región, pero sus integrantes no tienen las calidades necesarias para direccionar el brazo armado”.
Comunicado expedido por el PCC-ML y el EPL ante el anuncio del ELN del 20 de marzo, según el cual el EPL le había “declarado la guerra”. Imagen: Cortesía
Todo ello habría generado prácticas violentas contra la población, amarradas a un aumento en la participación del EPL en la cadena del narcotráfico dada la explosión de cultivos de hoja de coca para uso ilícito que ha experimentado la región. Así, mientras en 2015 había 11.527 hectáreas en el Catatumbo, en 2016 la cifra ascendió a 24.587, para un aumento del 113 por ciento, según el último reporte de monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc).
Confrontación atípica
Las diferencias entre el ELN y el EPL empezaron a exacerbarse el pasado 20 de enero, cuando, según la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí, guerrilleros del ELN dispararon contra una canoa en la que se transportaban por el río de Oro, en la frontera colombo-venezolana, el cacique Leonardo Catsú y dos integrantes más de la comunidad indígena Bokshí.
Los indígenas del lado colombiano destruyeron un campamento del ELN y expulsaron a militantes de esa organización “que habitaban casas a las orillas del río de Oro”, todo lo cual calificaron como “un acto legítimo de resistencia y defensa del territorio”, según un comunicado expedido en febrero pasado.
Tras ese hecho, el EPL emitió un comunicado rechazando el ataque contra el pueblo Barí y cuestionando duramente al ELN. En el documento, el EPL opinó que “la prohibición del tránsito de las comunidades por los caminos tradicionales, la imposición de compras y cultivos, la extorsión permanente y el continuo irrespeto a la actividad de las organizaciones en la frontera con Venezuela son una muestra (de) que en el Catatumbo esta organización no adelanta una guerra justa contra el enemigo sino contra el pueblo”.
Ese comunicado habría generado la reacción del ELN, que el pasado 14 de marzo atacó al EPL en por lo menos ocho puntos de cinco municipios del Catatumbo. Hasta el pasado 22 de marzo, un número indeterminado de combatientes habría muerto por los enfrentamientos, en hechos que desencadenaron la situación humanitaria descrita por OCHA, el Consejo Noruego para Refugiados y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El temor se incrementó por la concentración de decenas de guerrilleros de ambas partes, así como por la incursión del ELN al centro poblado del corregimiento Filo El Gringo, de El Tarra, donde guerrilleros “buscaban a los milicianos del EPL”, según detallaron fuentes que pidieron la reserva de su nombre por razones de seguridad.
En redes sociales circulan, además, fotos de combatientes muertos y mutilados, por lo que las mismas fuentes señalan que “nos extraña mucho el odio y la sevicia de los ataques, que recuerdan las acciones de los paramilitares.
Organigrama de la dirección del PCC-ML tras la desmovilización del grueso del EPL en 1991. Imagen: Fiscalía
En efecto, y según detalla la Fiscalía en su informe de contexto, el ELN y el EPL sostuvieron relaciones de cooperación en el Catatumbo desde antes de la década del noventa, llegando a “realizar no solo operaciones de carácter conjunto, sino campañas y campamentos con el fin de diezmar los ataques de la Fuerza Pública y el paramilitarismo”. Más aún, tras la desmovilización de 1991, el Eln protegió a los combatientes del Epl que no se acogieron a la negociación con el gobierno.
Esa relación también ha estado mediada por la constante vinculación de personas de la región a ambas organizaciones, al punto de que una misma familia puede tener integrantes en una y otra estructura. De hecho, en un comunicado fechado el pasado 22 de marzo, líderes sociales y comunales de El Tarra, Tibú, Hacarí, Teorama y San Calixto rechazaron la confrontación y explicaron que “con esto (el ELN y el EPL) están creando más resentimiento y enemigos en los pobladores del Catatumbo, porque recuerden que hay familias y amigos que pueden tener integrantes en ambas organizaciones”.
La situación, sin embargo, se ha agudizado por el cruce de señalamientos públicos. Así, mientras el 20 de marzo el ELN calificó al EPL como “una guerrilla desfigurada en su concepción revolucionaria y alejada de los sentimientos populares; agresiva e impositiva con la población; degradada por sus alianzas con el bandidaje de los carteles de la droga”, el EPL acusó al ELN de tener “una actitud intransigente abriendo paso a la guerra, tomando posiciones agresivas contra nuestra base, calumniando nuestra organización con un lenguaje parecido al que usan las élites paramilitares y económicas del país”.
Christian Visnes, director en Colombia del Consejo Noruego para Refugiados, le dijo a VerdadAbierta.com que “cuando las FARC se desmovilizan hay una reorganización de la zona de parte de los actores armados, porque lamentablemente el Estado no entra y establece control, situación que también ha ocurrido en todo el Pacífico y el sur del país”. Y agregó que “está claro que estos grupos (el ELN y el EPL) no se han puesto de acuerdo sobre quién, dónde y sobre qué ejercen el control”, desatándose la violencia y, con ella, los riesgos para la población civil.
Las comunidades locales se han reunido para llevar a cabo y exigir que el ELN y EPL dejen su confrontación. Foto: Diógenes Quintero
Clamor de las comunidades
Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), cuenta que “desde que se conoció este enfrentamiento ha habido una movilización social muy fuerte en todos los corregimientos y municipios, que da muestra de que en la región no estamos de acuerdo con la guerra”. Y agrega: “hemos tenido marchas en varias cabeceras municipales y concentraciones en los parques, jalonadas por las juntas de Acción Comunal, los movimientos sociales y las iglesias de todos los credos, analizando constantemente la situación humanitaria y en la búsqueda permanente de diálogos con las partes en contienda”.
En ese sentido se han pronunciado la junta de acción comunal del corregimiento San Pablo, de Teorama, que ha exigido la salida de todos los actores armados de la cabecera corregimental; el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca); el CPDH; líderes comunitarios; y una asamblea de presidentes y dirigentes de juntas de acción comunal de varios corregimientos de El Tarra, Tibú y Sardinata. El pasado 23 de marzo, estos últimos les pidieron al ELN y al EPL llegar “a un acuerdo” y rechazaron los bloqueos de vías, las amenazas que “han llevado al desplazamiento de personas y familias” y los cierres forzados del comercio y las escuelas, así como “los comunicados anónimos de las redes sociales que crean zozobra en las familias”.
A diferencia de la diligencia de las comunidades, en la región se lamentan por la falta de voluntad de las autoridades locales, regionales y nacionales en la búsqueda de una solución distinta a la militar. Para Rafael Jaimes, presidente de la seccional Norte de Santander del CPDH, “las juntas de acción comunal han asumido un liderazgo que no han tenido las alcaldías. Hasta el momento todo ha estado mediado por la Fuerza Pública, cuya presencia incrementa el riesgo en momentos como este… nos preocupa que se militarice aún más el territorio, en un contexto en el que el gran ausente ha sido el gobierno nacional, que debería atender la situación humanitaria e impulsar las iniciativas comunitarias”.
A largo plazo, y ante la difícil coyuntura que atraviesa la región, el CPDH y varias organizaciones de mujeres, buena parte de ellas vinculadas al Partido Comunista y a Marcha Patriótica, le pidieron al gobierno acelerar los diálogos con el ELN en Quito, Ecuador, así como reconsiderar su posición sobre el estatus del EPL con miras a buscar una solución política con esa organización, todo lo cual contribuiría a mejorar la situación humanitaria en el Catatumbo.
Quintero, además, llama la atención por las demoras en la implementación de elementos del Acuerdo Final que podrían haber contenido la situación actual, tales como la puesta en marcha de las medidas de seguridad integral para las comunidades rurales y el desarrollo expedito del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, del que en la región existe apenas un piloto en la vereda Caño Indio, de Tibú, donde tiene asiento un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de excombatientes de las Farc.
Consultado por los avances de la implementación en el Catatumbo, Visnes asegura que “ha sido muy lamentable, dado que no hemos podido identificar una escalada de acciones civiles del Estado en relación con los acuerdos de paz. Ni siquiera hemos visto acciones tendientes a facilitar la reincorporación de los excombatientes, por lo que el acuerdo ha sido una gran frustración para la población, que en 2016 tenía grandes expectativas de que el Estado iba a llegar con todas sus instituciones a las zonas rurales”.
Como ha sido tradición en el Catatumbo, son las comunidades, las organizaciones defensoras de derechos humanos y el movimiento social los que han tenido que asumir la tarea de buscar soluciones al escalamiento del conflicto, pese a que son ellos quienes reciben los mayores impactos de la guerra y de la debilidad institucional.
*Este artículo fue publicado originalmente en Verdad Abierta. Fue editado y publicado con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.