SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn

Mientras se leían y firmaban los últimos detalles de la orden de extradición del narcotraficante Carlos Arnoldo Lobo, conocido como “El Negro” Lobo, este caminaba de un lado a otro en la pequeña celda donde se encontraba recluido.

En pocos minutos se convertiría en el primer ciudadano hondureño legalmente extraditado a Estados Unidos en más de un siglo. Y su extradición, el 8 de mayo de 2014, estaba a punto de cambiar el curso de la historia del narcotráfico en Honduras, no solo para él y los traficantes extraditados después.

*Este es el último artículo de los cuatro que completan la serie sobre el mandato del asediado presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Vea aquí los artículos uno, dos y tres.

Lobo, rechoncho y cachetón, estaba retenido en una base militar cerca de Tegucigalpa. Afuera había cerca de 50 camiones blindados llenos de policías y soldados. Las autoridades de Honduras y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés) tenían razones para tomar todas esas precauciones: Lobo al parecer les había ofrecido a sus socios una gran suma para que lo sacaran de allí. Pero dos helicópteros estaban ya listos para transferirlo a otra base.

La operación estaba siendo supervisada por el nuevo presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien había llegado al poder con la promesa de restaurar el Estado de derecho en un país asediado por mafias de la droga y pandillas callejeras.

Poco después de las 9:20 pm, ocho agentes de la DEA entraron a la celda de Lobo. “¿Entiende la situación?”, le preguntó un agente. “¿Entiende que ahora está bajo nuestra custodia?”

Lobo, al parecer respondió con un vacilante “Sí”.

Aquel fue un momento decisivo en las relaciones entre Estados Unidos y Honduras. La extradición de Lobo al país del norte “generó mucha confianza en que aquello era factible”, dijo a InSight Crime Lisa Kubikse, embajadora de Estados Unidos en Honduras en ese momento.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Honduras

Defendiéndose de las acusaciones que lo señalaban de haber conspirado para proteger a los narcotraficantes, Hernández se refirió a todas las extradiciones que había aprobado. Dijo que, desde que llegó a la presidencia, más de 40 traficantes han sido enviados a enfrentar justicia en Estados Unidos, o bien se han entregado a las autoridades en terceros países. Entre ellos se encuentran miembros de los temidos clanes de Los Valle y Los Cachiros, que alguna vez se consideraban intocables, así como policías, funcionarios del ejército y políticos.

Pero los mismos traficantes, con la esperanza de reducir sus penas de prisión, terminaron por cooperar ampliamente con funcionarios estadounidenses. Sus testimonios condujeron a un importante caso de narcotráfico en contra del hermano del Presidente, Juan Antonio “Tony” Hernández, y por ende del Presidente mismo, quien ahora se encuentra siendo investigado por Estados Unidos y es blanco de críticas en Honduras.

En el pasado mes de agosto, los documentos judiciales desclasificados en el caso de Tony señalaban que US$1,5 millones de dinero de las drogas habían ingresado a la campaña electoral del presidente Hernández en 2013, a cambio de proteger a un aliado político, un reconocido traficante, socio de los hermanos Hernández. Tras la revelación, miles de hondureños se volcaron a las calles, gritando: “Fuera JOH. Fuera el narco”.

“Se temía que nada pudiera hacerse”

Un año antes de que Hernández se postulara para la presidencia, Honduras era considerado como el país más violento del mundo sin estar en guerra. Al parecer, los narcotraficantes habían corrompido por completo todas las instituciones del Estado.

Después de que el zar antidrogas del país detallara las operaciones de tráfico en 2009, fue acribillado en las calles de Tegucigalpa, supuestamente con la participación de todo el mando policial. Dos años después, en diciembre de 2011, el político y oficial antinarcóticos Alfredo Landaverde fue asesinado a tiros varios días después de haber acusado públicamente al Gobierno, al Ejército y a la Policía de connivencia con los narcotraficantes.

Los hondureños estaban cansados, desconcertados y perdiendo la esperanza.

“Se temía que nada pudiera hacerse”, dijo Kubiske, quien fue embajadora de Estados Unidos entre 2011 y 2014.

Estados Unidos había estado presionando a Honduras durante algún tiempo para que estableciera la extradición, que en otros países se había convertido en una poderosa herramienta para hacer frente a las grandes operaciones de narcotráfico que pueden comprometer y debilitar la autoridad estatal.

El 19 de enero de 2012, el Congreso Nacional, que por entonces era presidido por Hernández, llevó a cabo una sesión para discutir la reforma de una parte de la Constitución de Honduras de 1982: el artículo 102, que prohibía la extradición de ciudadanos hondureños.

El entonces presidente Porfirio “Pepe” Lobo había ido a Miami el día anterior para reunirse con funcionarios estadounidenses, asegurándoles que estaba cumpliendo la legislación a pesar de que él mismo estaba siendo señalado en casos de drogas.

Alrededor de las 7:00 pm, los legisladores encabezados por Hernández entraron a una reunión a puerta cerrada. Unos 100 policías y soldados vigilaban afuera.

Dos horas más tarde, el Congreso había aprobado una reforma constitucional que le daba al presidente el poder de “negociar y suscribir tratados internacionales” que permitirían la extradición de hondureños acusados de narcotráfico, terrorismo o crimen organizado.

Se aceleran las extradiciones

En noviembre de 2013, Hernández ganó la presidencia, tras una campaña en la que llamó la atención sobre su historial de establecimiento del orden, como su voluntad de aprobar las extradiciones. Pocos meses más tarde, El Negro Lobo fue puesto a bordo de un avión del gobierno de Estados Unidos y extraditado. Hernández estuvo al frente de la extradición de Lobo, y le dijo a la prensa que “se había enviado un mensaje claro” de que el gobierno hondureño combatiría “de frente” el crimen organizado y el narcotráfico.

Tras El Negro Lobo siguieron los jefes de las principales familias narcotraficantes. Los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alfonso Valle Valle fueron extraditados en diciembre de 2014, y un tercer hermano un mes después. El clan Valle contaba con una serie de aliados políticos —entre los que se encontraban Tony Hernández y Amílcar Alexander Ardón, alcalde de El Paraíso, Copán— para controlar las rutas de tráfico en el oeste de Honduras.

Otros traficantes —al presentir que su suerte estaba echada— comenzaron a entregarse, con la esperanza de llegar a algún acuerdo. Temiendo por sus vidas, Devis y Javier Maradiaga Rivera, jefes de Los Cachiros, una familia de ladrones de ganado que luego se convirtieron en narcotraficantes, se entregaron en 2015. Como parte de su cooperación con las autoridades estadounidenses, Devis admitió haber cometido 78 asesinatos y ayudó en la construcción del caso de narcotráfico contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo. Fabio fue extraditado de Haití en 2015 y más tarde se declaró culpable de los cargos.

Los narcotraficantes no fueron los únicos para los que hubo solicitudes de extradición; también las hubo para miembros de la clase empresarial y política de Honduras, muchos de los cuales tenían vínculos con el presidente Hernández. El expresidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, líder del Partido Nacional y mentor del presidente Hernández, voló a Florida en un avión privado para entregarse, después de ser acusado de soborno en un gran escándalo de fútbol a nivel internacional.

Un funcionario de la embajada de Estados Unidos, quien habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para hacerlo, dijo que Hernández no mostró signos de preocupación cuando se le presentó la solicitud de extradición. Uno de los dichos favoritos del presidente era: “caiga quien caiga”.

Las extradiciones se hicieron rutinarias.

Su propia perdición

Pero a medida que las extradiciones se aceleraron, hubo indicios de que Hernández se estaba poniendo nervioso. Temía que su hermano, Tony, pudiera llegar a ser objeto de una solicitud de extradición de Estados Unidos. Según documentos judiciales que hacen parte del caso de su hermano, Hernández les dijo a sus socios que “estaba considerando eliminar la extradición” por ese motivo.

En los documentos de la imputación, los fiscales se refieren a Tony como un “narcotraficante a gran escala”, que protegía los cargamentos de cocaína con “elementos de seguridad fuertemente armados” compuestos por miembros de la policía nacional y traficantes con ametralladoras. Tony además supuestamente compró a políticos; hizo presión a nombre del jefe de Los Cachiros, Rivera Maradiaga; traficó cocaína con Los Valle y orquestó el asesinato de dos traficantes rivales, como señalan los documentos de la corte.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Élites y crimen organizado

Las descripciones de la actividad de Tony provienen sobre todo de narcotraficantes hondureños y funcionarios del gobierno que fueron extraditados, o bien que se entregaron, durante los últimos cinco años. Entre ellos se encuentran Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, y Wilter Neptalí Blanco Ruíz, exjefe del Cartel del Atlántico.

No obstante, de entre todos ellos resalta un testigo colaborador: Amílcar Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán. Según los documentos judiciales, Ardón invirtió millones de dólares provenientes de las drogas en las dos campañas electorales de Hernández, a cambio de recibir protección frente a la extradición —como en efecto ocurrió—.

Cuando la política de extradición recién había sido aprobada, Tony Hernández le aseguró a Ardón que aquella era solo una respuesta a “la presión diplomática de Estados Unidos” y “dijo tener la confianza” de que ni él, ni Ardón serían extraditados, como se lee en los documentos judiciales. Las contribuciones a las campañas de Hernández lo protegieron, al menos por cierto tiempo.

Pero a medida que las extradiciones se convirtieron en una bola de nieve y más traficantes cooperaron, ninguno de los dos sentía que podía escapar.

Al final, los fiscales estadounidenses ni siquiera necesitaron emitir solicitudes de extradición por ninguno de los dos. El 23 de noviembre del año pasado, agentes de la DEA arrestaron a Tony cuando aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Miami. Y Ardón se entregó a las autoridades en febrero, después de negociar con fiscales estadounidenses y agentes de la DEA.

Cuando Tony Hernández vaya a la corte en octubre, Ardón probablemente estará en el estrado.

“¿Por qué Juan Orlando puso a rodar este engranaje?”, pregunta la funcionaria de la embajada. “Realmente no tengo una buena respuesta”.

Lo que está claro es que la extradición puede ser la perdición del presidente Hernández.

SHARETweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn