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En enero de 2019, un grupo de hombres fuertemente armados que se movilizaba en una camioneta y una motocicleta emboscaron a un pequeño grupo de agentes antinarcóticos en Sucumbíos, provincia de Ecuador que limita con Colombia en la región amazónica. El tiroteo que se desencadenó dejó como resultado un agente muerto y dos gravemente heridos.

Sin embargo, no hubo respuesta por parte de las autoridades. Algo no encajaba bien en la historia, según revelaron fuentes policiales en privado. Nadie lograba explicar qué estaba haciendo un pequeño grupo de agentes y con pocas armas en una ciudad donde pulula el narcotráfico y la ley está ausente.

La alarma inicial pasó pronto; no hubo despliegue del ejército ni de ningún comando de tarea, ni ninguna investigación especial. Por el contrario, toda la unidad antinarcóticos de Sucumbíos fue sigilosamente transferida y remplazada.

* Este artículo hace parte de una investigación de InSight Crime sobre cómo Ecuador se convirtió en uno de los principales puntos de despacho del comercio mundial de cocaína.

En 2018, una serie de ataques contra las fuerzas de seguridad en la provincia de Esmeraldas hizo pensar que aquello era el comienzo de una nueva era, en la que estaría acabando la connivencia entre el Estado y el hampa. Pero la emboscada en Sucumbíos indica lo contrario. Allí, las alianzas entre criminalidad y legalidad establecidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) le han dado continuidad a la revolución armada de la guerrilla.

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La capital de Sucumbíos, Nueva Loja, más conocida como Lago Agrio, es un hervidero de comercio ilegal. La primera pregunta que suelen hacer allí los abogados es: “¿usted viene de abajo?”, es decir, “del hampa”. Muchos habitantes de la ciudad tienen dos identidades: su nombre original colombiano y su nuevo nombre ecuatoriano, obtenido gracias a notarios corruptos. Es además una ciudad donde las fuerzas de seguridad protegen los cargamentos de drogas.

Lago Agrio pasó de ser un olvidado rincón de la Amazonía a convertirse en un importante centro regional cuando la industria petrolera comenzó a extender sus tentáculos en la selva ecuatoriana. Pero fue la llegada de las FARC la que transformó la ciudad. A medida que Lago Agrio crecía, la guerrilla desarrollaba una economía paralela: clínicas para el tratamiento de los combatientes heridos, hoteles, bares y burdeles para el entretenimiento de los guerrilleros en licencia, tiendas de suministros militares y, por supuesto, nuevas oportunidades de empleo en el tráfico de drogas.

Si bien parte de esta infraestructura criminal desapareció tras la desmovilización de las FARC en 2017 —la demanda de servicios médicos las 24 horas del día y sin cuestionamiento alguno ha disminuido notablemente—, Lago Agrio continúa siendo un centro de logística del tráfico de estupefacientes. La maquinaria de tráfico puesta a rodar por la guerrilla sigue en movimiento, y quizá esté pasando más cocaína por Sucumbíos que nunca.

“[En Lago Agrio] hay empresarios muy ricos que utilizan sus negocios para mover dinero o para ayudar con la logística en caso de que [los traficantes] necesiten camiones o suministros”, dice una fuente de inteligencia de Ecuador, que habló bajo condición de anonimato. “Si [los traficantes] tienen algún problema con un juez o un fiscal, pueden resolver el asunto porque han sido diputados estatales, alcaldes o han tenido cualquier otro cargo”.

Las fuerzas de seguridad también forman parte de dicha maquinaria, según fuentes del hampa que afirman que la policía y los militares son comprados para que dejen pasar los cargamentos de drogas a través de sus puestos de control, o incluso para escoltarlos ellos mismos.

“[En Sucumbíos], si no eres corrupto, te corrompen”, dice uno de ellos, quien habló bajo condición de anonimato.

Lago Agrio es también escala y punto de encuentro de traficantes internacionales que buscan hacer negocios en la región fronteriza con Colombia, como lo señala la fuente de inteligencia.

“Como es una ciudad petrolera, también hay muchos extranjeros trabajando para las compañías petroleras, y los traficantes se pueden camuflar entre ellos fácilmente”, añade.

Fuentes criminales dicen que los que más llegan son los traficantes europeos, especialmente de la región de los Balcanes, afirmación que coincide con los informes de inteligencia policial a los que InSight Crime tuvo acceso. Sin embargo, los carteles mexicanos también hacen negocios en la zona, e incluso también se ha sabido de traficantes de lugares tan lejanos como el Medio Oriente.

La cocaína que los traficantes vienen a comprar se produce al otro lado de la frontera, en el departamento colombiano de Putumayo. La mayoría hace sus negocios con una red de tráfico que domina las rutas de la droga hacia Sucumbíos: la alianza entre el grupo de tráfico La Constru y las Ex-FARC mafia.

Dicha alianza surgió tras el vacío que dejó la desmovilización de las FARC en el hampa. Varias unidades del Frente 48 de las FARC no participaron en el proceso de paz, sino que mantuvieron sus armas y sus territorios, incluso al interior de Ecuador.

Y lo que es quizá más importante: también lo hicieron las milicias y las redes de logística que habían sido un apoyo vital para la guerrilla, transportando drogas, precursores químicos y dinero, y proporcionando armas y suministros.

“Las milicias no se entregaron, y ellas eran las que tenían todas las conexiones”, dice un habitante de un territorio controlado por la guerrilla en la región fronteriza, quien pidió no ser identificado por temor a represalias. “El gobierno ni siquiera les pidió que se entregaran, solo se involucraron con los uniformados”.

En un principio, estos remanentes de las FARC quedaron a la deriva. Aunque tenían el poder y el conocimiento para dirigir el tráfico de drogas a nivel local, carecían de los contactos internacionales para hacer negocios transnacionales, así como del capital para mantener en movimiento el mercado de suministro.

La solución a sus problemas llegó con La Constru, una red de tráfico conformada durante la época de los grupos paramilitares de derecha que más tarde se convirtieron en los principales socios narcotraficantes de las FARC. La Constru entró en el juego como operador de la cocaína, encontrando compradores internacionales e invirtiendo en la producción local de coca para satisfacer sus demandas.

Según las fuentes, las Ex-FARC son actualmente un ejército mercenario al servicio de La Constru. Ofrecen control territorial en las zonas de cultivo y procesamiento de coca, así como rutas de tráfico hacia Ecuador. Han utilizado este control armado para establecer un monopolio virtual sobre la producción de cocaína en la región fronteriza, asesinando a cualquiera que venda el producto a traficantes rivales.

“Nadie puede mover un solo gramo sin ellos”, dice la fuente criminal.

La Constru compra la coca, la procesa y luego se la vende a las mafias internacionales. El precio que cobran depende del punto de entrega, que puede ser en la frontera, pero también pueden coordinar entregas en lugares más distantes.

“Un kilo vale US$2.200, y a eso le agregan la seguridad, el transporte y todo lo demás”, señala la fuente de inteligencia. “Ofrecen seguridad enviando dos o tres carros [para que escolten la carga] o activando sus fuentes en la policía y el ejército, haciendo todo lo necesario para asegurar todo el sector”.

Sucumbíos ha sido la provincia más violenta de Ecuador desde 1990, excepto una sola vez. Desde que las FARC se retiraron, se ha registrado una tasa de homicidios casi tres veces superior a la cifra nacional.

“La idea de que las cosas se han calmado es una mentira”, dice la fuente criminal.

Aunque ya no hay una lucha insurgente, en muchos antiguos bastiones de las FARC la seguridad se ha deteriorado. Anteriormente la violencia era regulada por las FARC. Ejecutaban a presuntos informantes, a colaboradores de los paramilitares, a criminales comunes y a personas que cometían errores en el tráfico de drogas, pero lo hacían después de investigar los casos. Hoy en día no existe ese control.

Las ex-FARC han estado en alerta máxima en toda la frontera. Cualquier desconocido que entre en la zona corre el riesgo de no salir.

“Te matan por la más mínima sospecha”, dice el habitante de la zona.

El despliegue de las Ex-FARC en la región fronteriza podría ser una táctica para proteger sus intereses en el tráfico de drogas. O puede ser una respuesta a una amenaza del este y a un conflicto que se extendió a finales de 2017.

La red más poderosa de las Ex-FARC en el país, los disidentes liderados por Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, había enviado un bloque de combatientes para que se tomara Putumayo. Entraron por el río Caquetá, para luego continuar hacia la capital del departamento, Puerto Asís, donde encontraron resistencia de grupos del antiguo Frente 48.

Los combates se trasladaron luego al río Putumayo, que fluye a lo largo de la parte oriental de la frontera. Las comunidades ubicadas en las orillas del río quedaron atrapadas en medio de los combates, y los residentes fueron asesinados, desplazados y reclutados, según un trabajador de derechos humanos en la zona, que prefirió no ser identificado.

Pero esta ha sido una guerra en gran medida silenciosa. Las aterrorizadas comunidades se encuentran demasiado temerosas como para hablar con las autoridades, y la presencia de las autoridades en la zona fronteriza es efímera en el mejor de los casos. Como resultado, aún no se ha contabilizado la mayor parte de los muertos, según el trabajador de derechos humanos —una afirmación con la que concuerdan otros residentes de la región fronteriza.

“Lo que pasa en la frontera, se queda en la frontera”, expresa.

Si bien ese conflicto amainó a principios de 2019, también ha habido violencia relacionada con conflictos al interior de la alianza La Constru-Ex-FARC.

Dichos conflictos comenzaron en agosto de 2018, cuando el exguerrillero Pedro Oberman Goyes Cortés, alias “Sinaloa”, se convirtió en la cara pública del narcotráfico en la región fronteriza.

Fuentes que conocían personalmente a Sinaloa dicen que antes era un mandadero de las FARC, pero que trabajaba para uno de los narcotraficantes más conocidos de la guerrilla, quién le proporcionó los contactos y lo conocimientos que le permitieron surgir en esta nueva época. Las fuentes afirman que él no lideró a las Ex-FARC en la región, pero que fue comandante de uno de los grupos autónomos del antiguo Frente 48.

Sinaloa se convirtió en el más conocido miembro de esta nueva generación, tras la publicación de un informe de inteligencia de la policía en el que se describen sus relaciones con La Constru y la manera como en conjunto lograron suministrar toneladas de cocaína al “Cartel de los Balcanes”. A Sinaloa se le atribuye la emboscada a los agentes antinarcóticos cinco meses después.

Sin embargo, el reinado de Sinaloa fue efímero, pues en marzo de 2019 fue asesinado por sus propios hombres. La noticia de la muerte de Sinaloa ocupó los titulares tanto en Colombia como en Ecuador, pero en Sucumbíos fue un asunto como cualquier otro.

“Este es un negocio, y en este tipo de negocios sabes que te puedes ir en cualquier momento”, afirma la fuente de inteligencia. “Puede ser por un pleito de dinero, por un malentendido, por celos o porque alguien quiere tomar tu lugar —siempre hay alguien que quiere tu lugar”.

Al igual que con el sospechoso asesinato del agente antinarcóticos, el asesinato de Sinaloa confirmó lo que había quedado evidente desde la desmovilización de las FARC: que la frontera Sucumbíos-Putumayo pertenece al hampa, y aunque los nombres cambian, el negocio continúa.

* Mayra Alejandra Bonilla participó en la investigación para este artículo.

* Este artículo hace parte de una investigación de InSight Crime sobre cómo Ecuador se convirtió en uno de los principales puntos de despacho del comercio mundial de cocaína.

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