Más de cuatro meses después de la captura del importante traficante de drogas Jairo Orellana Morales el gobierno de Guatemala todavía no ha podido incautarle sus bienes, una señal del tipo de desafíos a los que se enfrentan las autoridades cuando buscan confiscar activos criminales.
Algunos funcionarios guatemaltecos señalaron a elPeriódico que en el país se han identificado 16 propiedades de Orellana, un notorio traficante de drogas cuya tendencia a robar cargamentos de cocaína a las organizaciones criminales más grandes, una práctica conocida en el hampa como "tumbe", le valió el apodo de "el Rey del Tumbe".
Orellana fue detenido en mayo, pero el gobierno todavía no ha incautado la hacienda en la que fue capturado tras un sangriento tiroteo. Lo mismo sucede con otras 15 propiedades pertenecientes a Orellana en la capital de Guatemala y en los departamentos de Zacapa e Izabal, cerca de la frontera con Honduras.
La Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público de Guatemala señaló a elPeriódico que la institución carece de la evidencia necesaria para demostrar que estas propiedades pertenecen a Orellana. Y tampoco cuentan con información definitiva sobre el tamaño de las propiedades en cuestión.
Incluso Honduras ha logrado avanzar más rápido que Guatemala en la incautación de los bienes de Orellana. En junio, las autoridades hondureñas confiscaron 17 de sus propiedades, 22 cuentas bancarias y cuatro empresas vinculadas a él o a algunos de sus presuntos intermediarios. Los bienes fueron embargados en San Pedro Sula, la ciudad más violenta de Honduras.
Orellana operó cómodamente desde Honduras por algún tiempo, donde principalmente movía cargamentos de cocaína a lo largo de la frontera con Guatemala. En Honduras es conocido por haber trabajado con los Valle, una prominente organización de tráfico de drogas, a la cual, según elPeriódico, incluso llego a robar 1,2 toneladas de cocaína en un momento dado. Sin embargo, la principal base de operaciones de Orellana era Guatemala, donde comenzó su carrera criminal trabajando como pistolero de los Lorenzana, una reconocida familia narcotraficante. Posteriormente, Orellana desarrollaría relaciones de negocios con el grupo criminal mexicano los Zetas.
Bajo la actual Ley de Extinción de Dominio de Guatemala, las autoridades estatales y municipales deben entregar a la Fiscalía General del país la información solicitada con respecto a los activos objeto de investigación en un plazo no superior a las 48 horas. Pero este plazo sólo se cumple en contadas ocasiones, y según elPeriódico, esto se debe a la pesada carga de trabajo de los empleados del gobierno local.
Análisis de InSight Crime
El hecho de que para las autoridades guatemaltecas siga siendo tan difícil aplicar con rapidez su legislación de extinción de dominio es una señal de que el país desesperadamente necesita entrenar más personal tanto en la Fiscalía General -conocida en el país como Ministerio Público- como en las otras oficinas pertinentes en los gobierno locales. Si los empleados estatales y municipales encargados de la gestión territorial y del registro de propiedades no cuentan con la capacidad de responder a las solicitudes de información del Ministerio Público en el plazo estipulado de 48 horas, entonces esto debe ser arreglado. Es claro que si la falta de personal es lo que está impidiendo que el gobierno haga cumplir la ley de manera efectiva, la cantidad de personas que trabajan en estos casos de extinción de dominio -así como su capacidad para hacer frente a la carga de trabajo- debería ser mayor.
También vale la pena volver a examinar la Ley de Extinción de Dominio y determinar qué se puede hacer para que el Ministerio Público cuente con una mayor capacidad para aplicar esta ley. Tal vez el proceso sería más rápido si existieran consecuencias más graves para aquellos que no cumplen con los plazos estipulados. Confiscar bienes es una tarea complicada que además deja un margen significativo para que se presenten diferentes tipos de abusos. Pero dado que la Ley requiere que el Ministerio Público demuestre el origen de una propiedad más allá de cualquier duda razonable, también vale la pena preguntarse si la forma en que la ley actualmente define los estándares para este tipo de pruebas es demasiado estricta.
La Ley de Extinción de Dominio del país fue activada hace menos de cuatro años, por lo que es comprensible que los funcionarios todavía se estén acostumbrando a ponerla en práctica. El retraso de cuatro meses -hasta el momento- en la incautación de activos de Orellana no parece ser tan grave en comparación con los tres años que tomó a las autoridades guatemaltecas embargar los bienes pertenecientes a otro narcotraficante, Juan Alberto Ortiz López, alias "Juan Chamale". En marzo pasado, un juez desestimó el caso del Ministerio Público contra Juan Chamale debido a errores en la investigación. El caso finalmente siguió adelante, y en julio el Estado se apoderó formalmente de algunas de las propiedades de Chamale.
Guatemala no es el único país con desafíos en la aplicación de su Ley de Extinción de Dominio. En Colombia, el tiempo promedio que actualmente le toma al gobierno completar la incautación de una propiedad es de siete años. Sin embargo, recientemente Honduras ha logrado algunos éxitos, incautando propiedades vinculadas a los Valle, así como activos de la familia del narcotraficante convicto Juan Ramón Matta Ballesteros.
SUSCRIBIRME