Los grupos criminales neoparamilitares de Colombia han sido excluidos de una iniciativa que apunta a desmovilizar grupos guerrilleros, limitando el campo de acción del gobierno para lidiar con estas organizaciones y alimentando el debate de si deben ser reconocidos como actores del conflicto interno del país que lleva más de 48 años.
El 14 de junio, el congreso colombiano aprobó el histórico Marco Legal para la Paz, un mecanismo que señala los términos de una posible negociación de paz. Sus principales beneficiarios son los grupos guerrilleros, que son explícitamente reconocidos como actores en el conflicto armado y pueden recibir penas menos severas si se entregan.
Pero los legisladores excluyeron a la segunda generación de grupos paramilitares, llamadas "bandas criminales" (BACRIM), del marco legal bajo el argumento de que las bandas criminales no son consideradas parte del conflicto armado, debido a su naturaleza criminal. La exclusión de las BACRIM del marco legal ha sido poco discutida, por el temor de que una negociación con las BACRIM se asemeja a la fallida desmovilización de los predecesores de las BACRIM, el grupo paramilitar denominado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Sin embargo, el razonamiento detrás de la ley para la paz ha revivido un viejo debate: ¿deben ser las BACRIM reconocidas como actores del conflicto armado?
Muchas organizaciones civiles lo creen así. Aseguran que la caracterización actual de estos grupos deja un vacío judicial que lleva a procesos judiciales laxos para miembros de las BACRIM. En un reporte reciente, el International Crisis Group (ICG) argumenta lo mismo, citando como ejemplo la desmovilización parcial del ERPAC en 2011. La ONG caracterizó este evento como un fracaso porque los miembros del grupo fueron tratados como criminales comunes en los tribunales, lo que significó sentencias m·s cortas. La clasificación del ERPAC como una organización criminal significó que sus miembros recibieron sentencias menos severas por crímenes como "concierto para delinquir", y no fueron acusados por violaciones graves a los derechos humanos (incluyendo desplazamiento forzado y masacres) que encajan en el contexto del conflicto armado.
Esta cuestión va más allá de la desmovilización del ERPAC. La clasificación actual de las BACRIM como criminales también significa que las víctimas de sus crímenes no se puedan beneficiar de la Ley de Victimas de 2011, que busca restituir tierra y ofrece reparaciones a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Es una contradicción que mientras las BACRIM son causantes de desplazamiento forzado y cometen muchas otras violaciones que caen dentro de la Ley de Victimas, la ley misma excluya a las víctimas de violaciones cometidas por fuera del contexto del conflicto armado. De esta forma, es posible afirmar que dicha caracterización de las BACRIM deja sin acceso a miles de víctimas a un importante mecanismo de justicia.
Mientras muchos analistas están de acuerdo con que hay evidencia sólida para vincular las BACRIM al aspecto político del conflicto, la sociedad civil esté dividida en si se deben reconocer oficialmente como actores, por el miedo a sus consecuencias. Antonio Menéndez de Zubillaga de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos describió de peligroso el declarar a las BACRIM como parte del conflicto armado. "No queremos entrar en un proceso de paz con criminales", dijo.
Human Rights Watch (HRW) expresó una preocupación similar sobre la posibilidad de impunidad si las BACRIM fueran a ser incluidas como actores del conflicto armado. HRW ha sido altamente crítica del Macro Legal para la Paz por la posibilidad de impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por los grupos guerrilleros. La organización advierte que si las BACRIM fueran reconocidas como actores del conflicto armado, también podrían exigir puesto en una eventual negociación de paz, algo que podría seriamente complicar todo el proceso.
Si se toma la historia reciente de Colombia como un punto de referencia, entonces las preocupaciones sobre las repercusiones en un proceso de paz son justificadas. Las organizaciones de derechos humanos muestran al proceso de Justicia y Paz que llevó a la desmovilización de los paramilitares como un fracaso parcial e incluso completo. Según Federico Andreu de la Comisión Colombiana de Juristas, siete años de la Ley de Justicia y Paz solo ha logrado la condena de siete paramilitares, de las cuales únicamente tres están en firme. Debido a esto, hay amplias razones para creer que las negociaciones con las BACRIM no llevarían a ningún lado.
No obstante, el rol de las BACRIM en el conflicto armado es imposible de ignorar. En una entrevista reciente, Luis Alberto Bonilla de la Defensoría del Pueblo explicó que las víctimas de la violencia de las BACRIM que se acerquen a su oficina, denuncian los mismos crímenes de derechos humanos que las víctimas de grupos paramilitares de las AUC reportados entre los años noventa y a comienzos de siglo, incluyendo desplazamiento forzado, homicidios selectivos y control social de las comunidades. A diferencia de las BACRIM, las AUC eran reconocidas como parte del conflicto armado. Mientras que el Bonilla afirmó que la Defensoría sigue los términos de la nueva ley en lo que respecta a las BACRIM y su clasificación como grupos por fuera del conflicto, pero recalcó que "la realidad revela otra cosa."
Muchas organizaciones de derechos humanos incluso rechazan el nombre de "BACRIM", escogiendo usar otros apelativos que varían los vínculos de estas con el paramilitarismo. Estos van desde "neoparamilitares" a "narcoparamilitares" y en ocasiones, en oposición abierta y desafiante a la caracterización del gobierno, "paramilitares".
La realidad es que la actual clasificación es imperfecta. Los tipos de crímenes en contra de los derechos humanos que cometen las BACRIM muestran continuidad con los paramilitares, cuyas acciones y discurso antiguerrillero los hacían claramente actores en el conflicto interno del país. Dado esto, es razonable que el estado declare a las BACRIM actores del conflicto. Esto resultaría en el reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que cometen estos grupos, otorgándoles a sus víctimas un acceso más completo a los mecanismos de justicia.
Pero, el gobierno debe ser cuidadoso y evitar que la historia se repita. Declarar las BACRIM actores del conflicto armado, debe ser un esfuerzo para priorizar los derechos de las víctimas y no debe resultar en la impunidad que caracterizó el proceso de Justicia y Paz.
En últimas, falta ver si el gobierno colombiano cambia su posición frente a estos grupos. Si lo hace, habrá que ver cómo se encuentra un equilibrio el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia con una posibilidad real de una negociación de paz que podría implicar una continuación de la impunidad.
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