El número de mujeres presas en Guatemala se ha cuadruplicado en los últimos cinco años. El auge de los megaoperativos policiales aumentó la cantidad de procesadas por delitos vinculados a la extorsión. La historia de una presunta colaboradora de una pandilla muestra que el sistema judicial acusa con mayor facilidad a las mujeres.
Agarrada a la reja, con sus uñas de brillantina por delante, “Hera” (nombre cambiado por seguridad) esquiva a las mujeres que están en el piso de la celda. Se acerca a decir que su hijo está en casa con su esposo. Está acusada de colaborar con pandilleros y, asegura, es inocente. Dice que no es más que una buena vecina que saluda a todo el mundo en su colonia y por eso la han detenido.
Hera miente. Pero hacen falta siete días para descubrir el engaño.
*Este reportaje forma parte de la serie Las colaboradoras, un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica realizado por El Intercambio, financiado por Internews y publicado en alianza con InSight Crime.
Esta mujer de 24 años, piel suave, pelo lacio hasta los hombros y embarazo de seis meses es vecina de Canalitos, una colonia de callejones de tierra, casas de lámina y madera al otro lado del barranco de una zona de clase media alta de Ciudad de Guatemala. Canalitos es una zona roja. Roja por la sangre de los asesinatos.
Hoy espera dentro de una calabozo estrecho que huele a orines, en la tremenda oscuridad de un sótano frente a los carros de los jueces que trabajan en la Torre de Tribunales de Ciudad de Guatemala. A su alrededor unas treinta presas aguantan hacinadas cerca de un inodoro rebalsado.
Hera, en la mitología griega, es la esposa de Zeus, el rey del Olimpo, un personaje con el que la mujer embarazada de las uñas pintadas tiene más que ver de lo que ella pretende. La fiscalía la acusa de tres delitos de colaboración con la Mara Salvatrucha (MS13) la pandilla más poderosa del mundo.
Son delitos vinculados a la extorsión, una infracción extendida en Centroamérica que implica pedir dinero bajo amenazas de muerte. Un delito muy utilizado por el Ministerio Público (MP) para acusar a pandilleros. Un delito que en otros lugares ni siquiera se comprende.
Hera sale de la celda y espera frente al elevador, esposada a otra mujer. Espera porque la panza le pesa demasiado para subir quince pisos a pie. Sube apretujada, encerrada con otros detenidos y varios policías, en un aparato que no mide más de cuatro metros cuadrados. Va encadenada porque el Sistema Penitenciario intenta asegurarse de que no se escape. Con gesto soberbio, mantiene la frente en alto. Cuando entra en la sala de audiencias ve las panorámicas montañas de fondo. Se acomoda en el banco de los acusados y mira hacia una silla vacía.
El número de mujeres presas en Guatemala, sobre todo por delitos relacionados con la extorsión, creció en los últimos cinco años de manera exponencial. La cifra se cuadruplicó al pasar de 36 a 144. “Cada vez hay más mujeres procesadas”, confirmará resignado un día después de la sentencia, en el sillón de su oficina, el juez Mynor Moto, el hombre que aún no se sienta frente a Hera.
Las capturas de mujeres por extorsión sigue aumentando
Cuando el juez llega, Hera pide un chequeo médico de su embarazo a través de su abogada gratuita asignada por el Instituto de Defensa Pública Penal. El juez dice que sí, que el único derecho que se le ha limitado es la libertad. Lo dice en serio. Neutro y por momentos paternal, no pretende hacer chiste, ironía ni sarcasmo: es el mismo tono con el que acusa. Hay cortes de luz en el edificio y faltan algunos abogados de las once personas acusadas en su caso.
Una semana después, Hera llega de nuevo al juzgado desde la cárcel de mujeres Santa Teresa, en la ciudad de Guatemala. Hera está acusada, junto a otras diez personas, de exigir dinero a pilotos de transporte público a cambio de no ser asesinados. El tipo de colaboración que Hera aportaba a la pandilla se conoce como chequeo activo. Implica estar en período de prueba, pequeños encargos para ingresar en la estructura criminal. Al menos eso cree la fiscalía.
La situación es paradójica: su entrada en la pandilla está vetada por ser mujer, pero está acusada de ser administradora de extorsión. Esto significa que, de confirmarse, ella es la que junta el dinero y, con órdenes de los líderes de la clica, organiza cuánto va para cada quién en cantidades que disminuyen a medida que se desciende en la pirámide del poder.
Ahora está atada a sí misma, en la misma posición, ante el mismo juez, en otra sala de la misma planta –donde se juzgan los delitos más graves–, con distinto abogado de la Defensa Pública. Esta vez, la altanería ha desaparecido. Parece ser que el marido de Hera está en la casa con su otro hijo, cuidándolo. Por eso, dice, él no llega para darle de comer un pan antes de entrar. En la sala de audiencias, acompañando a las mujeres, no hay novios ni esposos. Solo madres, padres o tías. A varios de los hombres acusados, sí les acompañan sus parejas.
Ese marido libre del que habla no existe. El último esposo que tuvo antes de caer detenida está preso. Al menos eso puso ella misma en el registro del más de centenar de visitas que hizo a un hombre llamado Julio César Mejía García, que Hera nunca mencionará. Mejía García cumple condena en una cárcel, al sureste del país.
El poder de las pandillas lo tienen hombres encarcelados. El triángulo del poder en la MS13 tiene una punta: el Consejo de los Nueve, una especie de mesa chica que da órdenes que después bajan en esa pirámide del poder. La MS13 es más estratégica y menos sanguinaria que su enemigo, el Barrio 18.
En Guatemala, quedan poquísimas mujeres pandilleras [todas presas] porque, desde mediados de los dos miles, lo tienen prohibido. Las mujeres que querían ingresar tenían que recibir una paliza de 13 segundos. Hoy son pocas las sicarias que quedan vivas o libres.
Ahora, las mujeres del entorno de la pandilla desempeñan tareas como abrir cuentas bancarias, mover y lavar el dinero, dar la cara y el nombre, ofrecerse, estar en la base. Si son detenidas, entran a tribunales esposadas a delitos de presunta pertenencia a la MS13. Pero son reemplazables. Después de que entren a la cárcel en nombre de la pandilla, no pasará demasiado tiempo para que otras ocupen su lugar.
Hasta 2009 los investigadores en Guatemala no tenían claro cómo luchar contra las pandillas aunque las dos principales, la MS13 y el Barrio 18, operaban en el país desde finales de los noventa. La creación de dos grupos élite, uno en la policía y otro en la fiscalía, sirvió para mapear e identificar quiénes eran, dónde operaban, cómo hacían dinero y cómo mataban.
Pasaron de muchas e infructuosas investigaciones individuales a armar pocos megacasos contra centenares de supuestos pandilleros. El secreto del éxito acusador fueron las escuchas telefónicas y pandilleros traidores que se convirtieron en informantes. Tuvieron un cierto éxito. Tocaron a la jerarquía.
Entre 2016 y 2017, Guatemala lanzó cinco megaoperativos contra las pandillas. Si las estructuras estaban identificadas y sus líderes –siempre hombres– estaban presos, tocaba derribar la base. Allí estaban personas como Hera, que no formaba parte del grupo criminal, pero que presuntamente trabajaba para la pandilla. Las detenciones de mujeres en los megaoperativos comenzaron a destacar. Había muchísimas colaboradoras. Las mujeres se hicieron visibles, alrededor de las pandillas. La tendencia se mantiene.
Al detener y procesar a su mano de obra dejarían mancas a las pandillas, pensaron los funcionarios. Pero esos operarios de base, esas mujeres colaboradoras, gente que en general no siente identificación con los grupos criminales porque lo hacen por dinero, son fácilmente sustituibles. Tan prescindibles que, por no ser de la pandilla, ni siquiera tienen un abogado pagado por el grupo criminal. A finales de 2017, la operación Escudo Regional, que se desarrolló en tres operativos a lo largo de dos años, golpeó a las dos principales pandillas en Honduras, El Salvador y Guatemala, con cerca de 200 detenciones, de las que la mitad fueron mujeres. Hera fue detenida el 18 de abril de 2018.
Las mujeres tienen responsabilidad en la base y ninguna autoridad en la cima de la pandilla. Reciben y ejecutan órdenes sin pertenecer, sin decidir estrategias. La Fiscalía Antiextorsión investiga siguiendo la lógica de que la pandilla las expone, pero también de que ellas pertenecen a la organización criminal. Lo difícil es investigar a la MS13 como estructura y lo fácil es llegar a las colaboradoras. Es más sencillo capturar a quien lleva el teléfono o a quien recoge el dinero que a quien da las órdenes a distancia y se queda, finalmente, con los mayores beneficios de la actividad.
Supuestamente, Hera apoyaba a una célula local de la MS13, la clica Pewees Locos Salvatruchas, que tiene desde 2010 su principal centro de operaciones en Canalitos, un barrio pobre y violento de la zona 24 de la capital. La investigación contra Hera y las personas detenidas junto a ella se basa en tres testigos: el dueño de un moto taxi, el propietario de un negocio y una mujer ex colaboradora de la pandilla. Tres testigos que no dicen las horas, los lugares ni las formas que usaba para extorsionar para la MS13. Ninguno de los testigos describe a Hera. La señalan. Pero sin presentar pruebas.
Una semana después de la primera audiencia suspendida, la camisa blanca del abogado que defiende a Hera y a otras dos mujeres intenta contener un cuerpo grueso y torpe. Es la primera vez que ve a sus defendidas. Pide beneficios de embarazo para una acusada que no lo está. Se quiere referir a Hera pero no sabe quién es quién. Ellas lo miran, abren los ojos intentando decirle algo. No lo hacen. El hombre casi no tiene argumentos.
El fiscal trabaja para una unidad jurídica creada en 2005 para defender mujeres especializada en distinguir sesgos de género con herramientas para defender a las mujeres acusadas. Está en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y en su lista de tareas se amontonan 1.400 expedientes relacionados con mujeres solo de la capital del país.
Edith Ochoa, una mujer repleta de anillos brillantes y larga melena negra, dirige la unidad en la que trabajan 30 abogados. Explica que no puede atender el 90 por ciento de los casos que les llegan porque las acusadas no les hablan. Por miedo. O porque no quieren. El equipo de Ochoa ha logrado “tres o cuatro” sentencias absolutorias para sus defendidas en trece años.
En la audiencia, el abogado de Hera, que no sabe nada de su vida, nunca ha hablado con ella, no sabe qué piensa, qué siente o qué puede aportar en su defensa, no ve sesgo de género. No cree que la hayan obligado a nada, ni que la hayan presionado a través de su familia para que trabaje para la pandilla aprovechándose de su vulnerabilidad o de su pobreza. Utiliza como única estrategia de defensa acogerse al derecho a no declarar. En realidad, quien debería defenderla, quien sabe del caso, es otra abogada que no ha llegado a las audiencias. Los tres –la abogada oficial, la que estuvo en la audiencia anterior y el hombre de esta audiencia– trabajan bajo el mando de Edith Ochoa, la mujer de los anillos brillantes que no espera ganar casos.
“El Flaco” y “El Voltio” son los pandilleros que dirigen desde prisión la clica Pewees Locos Salvatruchas. El Voltio, que es el número 2, es Julio César Mejía García, a quien Hera iba a visitar a la cárcel de El Boquerón registrándose, a veces, como su esposa. Fue condenado en 2017 a 150 años de cárcel por cinco delitos, entre ellos asesinato y violación. Sumada una causa anterior, El Voltio podría salir en libertad en 213 años.
Un año después, el juez Pablo Xitumul, quien condenó a El Voltio, admite que vio un cambio de patrón en el funcionamiento pandillero: “Detectamos que los patojos [jóvenes] arrastran a las mujeres”. Él, explica, se siente sensible con las mujeres, y siempre aplica la pena mínima a las acusadas de extorsión: de seis a ocho años. Es la pena mínima, subraya como un acto de empatía, ante lo que sigue siendo una condena.
Ni El Flaco ni El Voltio están presentes en las audiencias de Hera. Pero lo parece. De ellos habla el fiscal. También lo hace el juez, que cuando lee el listado de visitas que reciben en la cárcel, menciona el nombre de Hera. La primera vez que ella fue a ver a El Voltio fue en marzo de 2015. En esta vista judicial, el único que no habla de los líderes de la clica es el abogado defensor de Hera. Habla poco porque sabe poco.
Las visitas carcelarias no cuentan como pruebas pero sí como razones por las cuales los jueces deniegan la posibilidad de que las personas estén libres mientras esperan que se celebre su juicio.
De las funciones de Hera para la MS13 nada prueba el Ministerio Público. El juez quitó a Hera dos delitos, pero seguirá en prisión preventiva por asociación ilícita, algo que le será muy difícil quitarse de encima.
Durante dos años, Hera entró a prisión registrándose como la novia de El Voltio. Los primeros cuatro meses de 2017 lo hizo como su esposa. Después volvió a ser la novia. Un mes antes de ser detenida, ya embarazada, el 20 de marzo de 2018, Hera estuvo por última vez con él. Pasaron casi ocho horas juntos. Fue la visita número 102. Ella, acusada de ser administradora de extorsión para la pandilla enemiga de Estados Unidos, tuvo que ser atendida por un defensor oficial que ni siquiera se aprendió su nombre.
Para leer la investigación completa, haga clic en este enlace: http://elintercamb.io/guatemala-colaboradoras-pandillas/
*Este reportaje forma parte de la serie Las colaboradoras, un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica realizado por El Intercambio, financiado por Internews y publicado en alianza con InSight Crime.