Recientes y reiteradas declaraciones de la ministra de gobernación, sobre la reducción de penas y liberación de reos condenados por tráfico internacional de drogas, ponen en perspectiva la profunda penetración del narcotráfico en el sistema judicial de Nicaragua.
El primer antecedente que involucra a esta ministra, Ana Isabel Morales, una de las funcionarias de más cercanía y confianza del Presidente Daniel Ortega, se remonta al año 2010 cuando el semanario Confidencial, citó declaraciones de la funcionaria en las que dijo tener una lista de jueces y magistrados que beneficiaron con órdenes de libertad y reducción de penas, a unos 1.000 narcotraficantes. La lista habría incluido además a integrantes del Cartel de Sinaloa. Tiempo después, en enero de este año, el tema de las reducciones de sentencias y liberaciones a narcotraficantes fue puesto de nuevo en la agenda pública, cuando una organización de Derechos Humanos pidió a la ministra Morales que cumpliera con las resoluciones del poder judicial y procediera a la liberación de varios reos que habían sido beneficiados con reducción de sentencias.
La negativa de la ministra de liberar a los reos se basaba en el hecho que cuando analizaron las resoluciones de los jueces respecto a esas sentencias, encontraron un patrón persistente en que los reos beneficiados con la reducción de las penas fueron condenados fundamentalmente por narcotráfico internacional. “Nos hemos encontrado con órdenes de libertad en donde los condenan a 15 años, en menos de un año les readecúan la pena y se las bajan a 5, y a los dos años dicen que cumplió la condena y sale libre, y metieron y trasegaron por la frontera nicaragüense, por nuestro país toneladas de droga, ¿eso es correcto?, ¡no!, no es correcto”. Al detallar más esta denuncia, recogida el 19 de marzo por el medio electrónico “La Gente” de la radio “La Primerísima”, la funcionaria planteó además que habían casos de otros presos por delitos comunes que merecían ser puestos en libertad y por los cuales los jueces no se preocupaban, y que sin embargo, cuando se trataba de los delitos vinculados al narcotráfico, había mucha preocupación por sacarlos.
Lo publicado en ese medio de prensa, aparentemente oficialista -que como todos los que están dentro del circulo de poder y control del gobierno raramente ponen en evidencia hechos de corrupción de cualquiera de los poderes del Estado-, deja claro que cuando se habla de penetración institucional de las redes del narcotráfico y del crimen organizado en el poder judicial, de lo que menos se trata es de “hechos aislados”.
Los reiterados señalamientos de esta ministra, que ha mostrado un valor y una beligerancia inusitada respecto a lo que se ha sido llamado como “narco liberaciones”, hacen eco de situaciones que muestran claramente que Nicaragua se ha venido convirtiendo en algo así como una especie de paraíso jurídico para los operadores del crimen organizado transnacional vinculados al narcotráfico. Pero también, nos trae a la memoria otras situaciones que evidencian que la penetración del narcotráfico podría extenderse a otras instituciones de Nicaragua.
Un caso emblemático reciente es el “caso Fariñas”. Un caso que toma relevancia internacional por el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral a manos de redes criminales narcotraficantes, y a través del cual se conoció cómo se había construido una red de tráfico de drogas y lavado desde Panamá hasta Guatemala. En sus declaraciones, Henry Fariñas involucró a altos mandos de la policía nacional de Nicaragua y por lo menos a un magistrado del CSE. Este casollevó a la luz pública las ramificaciones que las operaciones criminales del narcotráfico están teniendo en la institucionalidad de Nicaragua.
Por el esfuerzo de la Policía Nacional y sus fuerzas de seguridad, Nicaragua ha logrado proyectar una imagen de ser los más eficaces de la región en la lucha contra el narcotráfico, en un contexto en que tres países de la región cuentan con las tasas más altas de homicidio del mundo. Pero si asumimos que el estado de las cosas respecto al crimen organizado continuará sin que se tome en cuenta la dimensión real de sus manifestaciones internas, Nicaragua podría enfrentarse a situaciones muy complicadas en las que el privilegio de tener condiciones de seguridad distintas a los países de Triángulo del Norte Centroamericano, podría desaparecer si no se asume al narcotráfico como una realidad que ha permeado la institucionalidad y el ambiente social del país.
Las reacciones de la Ministra Ana Isabel Morales, han puesto de manifiesto tan solo una situación concreta frente al narcotráfico, como lo refleja la impunidad que se expresa en la falta de una correcta aplicación de justicia a los actores del crimen transnacional organizado. Pero también, hay que comenzar a poner atención sobre el casi nulo conocimiento de las alianzas que va tejiendo el narcotráfico internacional y sus operadores locales con élites de todo tipo a nivel social, político y de la burocracia estatal. Un asunto delicado, cuando sobre todo se llama la atención a las zonas del Caribe y otros departamentos (provincias) que se han convertido en rutas naturales del narcotráfico internacional. Al respecto, una iniciativa en marcha de la organización “InSight Crime”, con apoyo del International Development Research Centre (IDRC por sus siglas en inglés), plantea que más allá de las manifestaciones específicas que tiene la criminalidad organizada dentro de la institucionalidad del estado, las políticas públicas efectivas también deben tener en cuenta las complejas redes de intereses y alianzas que entrelazan las operaciones de las élites económicas, sociales y políticas, con los grupos criminales. Obviar estas complejidades, solo reforzará el sentimiento que en Nicaragua se ha generado y sostenido un entorno relativamente amigable para que el crimen organizado vaya adquiriendo dimensiones insospechadas.
La investigación presentada en esta publicación es, en parte, el resultado de un proyecto financiado por el International Development Research Centre de Canadá.
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