Latinoamérica es la región con más homicidios de activistas que defienden la tierra y el medio ambiente: informe

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Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para los activistas que luchan por sus tierras o que tratan de proteger el medio ambiente, según un informe de Global Witness, que además explica por qué estos defensores enfrentan tantos riesgos.

Según un estudio sobre la situación a nivel mundial publicado el 13 de julio por una organización no gubernamental, el 2016 fue el peor año registrado en cuanto a homicidios de activistas ambientales y territoriales.

Según Global Witness mayoría de los casi 200 homicidios registrados —alrededor del 60 por ciento— fueron cometidos en Latinoamérica.

Mientras que Nicaragua tiene la tasa per cápita más alta en cuanto a homicidios de activistas, Brasil tiene la mayor cantidad de asesinatos, seguida por Colombia. Antes de este informe, Honduras tenía el mayor porcentaje per cápita. (Vea abajo el análisis gráfico de Global Witness).

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Los 11 países con más asesinatos de defensores de la tierra en 2016. Cortesía de Global Witness

El informe menciona en especial a Colombia, que en el 2016 fue “por mucho el peor año registrado”, para los activistas territoriales. El informe argumenta que es paradójico que el proceso de paz del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) haya aumentado el riesgo para los activistas territoriales.

Billy Kyte, director de la campaña de Global Witness por los defensores de la tierra y el ambiente le dijo a InSight Crime que esta fue la mayor sorpresa que se obtuvo en la investigación. Kyte señala que quizá la razón principal de esta tendencia ha sido la reinserción de los desplazados a sus comunidades de origen, dado que entran en conflicto con los  grupos armados involucrados en la explotación de los lucrativos recursos naturales.

Otro factor mencionado en el informe de Global Witness es que el gobierno colombiano está utilizando el clima del “posconflicto” para incentivar una mayor inversión extranjera en el país, lo cual ha sido asociado con los altos niveles de violencia en contra de los activistas locales que se oponen a las operaciones de las empresas extranjeras.

En Honduras, la inversión extranjera también contribuye a este factor.

El informe dice que “en la mayoría de los casos, los defensores de la tierra y del ambiente son amenazados porque se han opuesto a proyectos comerciales”.

Además, los inversionistas extranjeros han continuado financiando sus proyectos a pesar de las denuncias por violaciones de  los derechos humanos. Uno de los ejemplos más  sobresalientes en 2016 es el del homicidio de la activista Berta Cáceres, aparentemente por su oposición al proyecto de construcción de una represa.

Global Witness dice que el proyecto hidroeléctrico recibió durante años fondos del Banco Financiero Holandés para el Desarrollo (FMO por sus iniciales en ingles) y del Banco Finlandés para el Desarrollo (Finnfund por sus iniciales en inglés), a pesar de las denuncias de amenazas y ataques hechas por los activistas.

Uno de los asuntos clave sobre el cual el informe llama la atención es que los gobiernos no están consultando a las comunidades locales respecto al desarrollo de proyectos a gran escala, que usualmente causan desplazamiento de ciudadanos y daños ambientales.

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Debido a que las negociaciones son casi imposibles, las comunidades locales encuentran como único recurso protestar, lo que las expone a la represión física.

“Cáceres se vio obligada a oponerse al proyecto porque  a los indígenas Lenca […] nunca se les consultó acerca del desarrollo del mismo, ni por el Estado hondureño ni por la compañía contratada para construirlo”, señala el informe.

Otro factor recurrente es la inhabilidad o la falta de disposición de los gobiernos para proteger a los activistas territoriales. Los gobiernos han reprimido la libre opinión contra la vulneración de los derechos humanos, pero han adoptadolegislaciones que favorecen los intereses privados sobre los intereses de los ciudadanos.

“Muchos de estos proyectos no se ejecutarían si no fuera por la corrupción”, dice Kyte.

Análisis de InSight Crime

El informe de Global Witness llama la atención sobre varios de los peligros que enfrentan los  activistas territoriales de Latinoamérica.

Primero, reafirma algunas de las situaciones más críticas relacionadas con la implementación del proceso de paz en Colombia: la protección de quienes quedarán más vulnerables tras la retirada de las FARC. Este grupo guerrillero fue por mucho tiempo la única fuente de protección y seguridad para miles de habitantes de las zonas rurales. Pero hoy en día, los líderes comunales están expuestos a mayores peligros en su lucha por evitar que su territorio sea explotado por los grupos criminales, incluyendo los grupos que buscan impedir la restitución de tierras de los desplazados.

Asegurar la protección de la población en áreas rurales es algo que está ahora en manos del gobierno. Cualquier fracaso en este sentido podría perjudicar el apoyo popular al proceso de paz, y permitiría que nuevos grupos criminales consoliden el control social. En este sentido, el gobierno colombiano no ha comenzado bien.

A medida que el capital extranjero fluye hacia el país, el gobierno debe asegurarse de que la historia no vuelva a repetirse. En el pasado, varias multinacionales—como Coca Cola, Nestlé y la compañía bananera Chiquita— han sido acusadas de colaborar con grupos paramilitares para proteger sus operaciones en Colombia, lo cual ha implicado la eliminación de líderes sociales, dirigentes sindicales y activistas que se interponían en su camino.

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Una mayor participación de la comunidad en las operaciones extranjeras en territorio colombiano permitiría evitar  este tipo de abusos. Las riquezas naturales de Colombia deberían respetarse hasta que a los ciudadanos se les garantice la seguridad y “puedan tomar sus propias decisiones en cuanto al uso de sus recursos y sus tierras” le dijo Kyte a InSight Crime. “Hasta que eso no se logre [el gobierno] no debería promover la inversión en esas regiones lejanas y sin ley.”

En 2017, la idea de que las multinacionales debían obtener una “licencia social” de parte de las comunidades locales para implementar proyectos a larga escala ganó fuerza después de que el municipio  de Cajamarca estableció un precedente histórico al lograr expulsar al gigante minero AngloGold Ashanti, luego de un referéndum contra su proyecto local.

Honduras puede estar dando un paso más adelante con la propuesta de ley acerca de la consulta previa a indígenas y afrohondureños sobre el uso de sus tierras. Esto reduciría la probabilidad de resistencia popular, y ayudaría a garantizar la seguridad financiera y personal de las poblaciones locales.

Dicho esto, es también necesario señalar ciertos obstáculos en la recolección de datos sobre el homicidio de los activistas que han sido asesinados debido a su labor. No siempre es posible determinar si el homicidio de un defensor está o no relacionado con su activismo, y algunos de los casos considerados en el informe fueron posiblemente motivados por otras razones, de acuerdo a la investigación de InSight Crime.

Esa ambigüedad—que es reconocida por Global Witness— puede ser manipulada por quienes buscan ejercer represión. Como Global Witness sugiere en el informe, los funcionarios del gobierno a veces niegan la relación entre el homicidio de los activistas y su trabajo, lo que deja dudas acerca de si algunos de los ataques están o no vinculados con su labor. Con ello se corre el riesgo de dejar sin resolver este peligro real.

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