Latinoamérica se encuentra rumbo a una política de drogas basada en la salud

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Se ha estado construyendo un consenso en Latinoamérica en cuanto a que el consumo de drogas debería ser tratado como un problema de salud y no como una cuestión criminal. Pero, ¿se ha convertido esta retórica en una realidad en el terreno?.

Un informe realizado por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) (pdf) analiza los enfoques estatales al consumo de drogas en Latinoamérica, encontrando que a pesar de los recientes cambios en las actitudes, la norma sigue siendo las medidas punitivas a través del sistema de justicia penal -incluso en países donde el consumo de drogas no es ilegal.

Según el CEDD, la criminalización estigmatiza a los consumidores de drogas y viola sus derechos fundamentales, como el derecho a la salud, la información, la autonomía personal y la autodeterminación. Tiene poco impacto sobre los niveles de consumo, mientras captura recursos preciosos del Estado.

Sin embargo, la criminalización sigue siendo el paradigma dominante en los países que el informe examina, donde las reformas legales y los llamados a un nuevo enfoque han luchado por tener un impacto en las calles, en los tribunales y en las prisiones.

El informe sostiene que los gobiernos regionales no sólo han fallado en implementar las reformas, sino que también han renunciado a su responsabilidad con los consumidores de drogas, dejando gran parte del tratamiento a las drogas en manos privadas. El informe también encontró que tanto las iniciativas públicas como privadas se centran demasiado en la promoción de la abstinencia en lugar de reducir los daños, que, dice el informe, ha demostrado ser más eficaz en mitigar los daños causados por el consumo de drogas.

El informe también señala varios enfoques que están ganando popularidad en algunos países, pero que los investigadores creen que son improductivos. Esto incluye el tratamiento forzado y los tribunales de drogas, en donde se le ofrece a las personas una elección entre el tratamiento o el procesamiento penal.

El CEDD hace un llamado para poner fin a las políticas punitivas, diciendo que el consumo de drogas no debe ser tratado como un asunto penal y que la posesión y el cultivo para el consumo personal deberían despenalizarse efectivamente, cambiando no sólo los marcos legales, sino también las prácticas y las actitudes de los cuerpos de seguridad y los órganos judiciales.

Los investigadores también recomiendan un nuevo enfoque en la educación y el suministro de información para la prevención y la reducción de daños, así como una inversión seria en los tratamientos basados en la evidencia. Tales tratamientos, argumenta, no deben agrupar todas las drogas, sino que se debe diferenciar entre el consumo problemático y no problemático, y entre el consumo frecuente y poco frecuente.

En el informe se observan ocho países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

Argentina

Según el CEDD, Argentina ha adoptado un marco legal “prohibicionista-abstencionista”, respaldado por un discurso estigmatizante sobre los consumidores de drogas, que ha puesto “a los consumidores de esas sustancias en la posición paradójica de ser ‘criminales’ y ‘enfermos'”.”El enfoque punitivo todavía domina las respuestas al consumo de drogas y los programas de tratamiento y salud están estrechamente vinculados con las medidas de seguridad.

Bolivia

Aunque el consumo y la posesión de drogas para el consumo personal no son ilegales en Bolivia, el CEDD argumenta que las disposiciones para un tratamiento obligatorio, tanto para los drogadictos como para los consumidores ocasionales, equivale a una criminalización de facto. Además, con las cantidades de consumo personal definidas sobre una base de caso por caso, las personas que son atrapadas con un gramo de cocaína pueden ser acusadas de tráfico de drogas –un cargo que también es imputado contra los que venden pequeñas cantidades.

Brasil

El marco legal actual de Brasil para el consumo de drogas se basa en la “despenalización” del uso -lo que significa que los consumidores no son encarcelados, pero enfrentan sanciones alternativas. Sin embargo, la ley no establece criterios para distinguir entre consumidores y traficantes, dejándolo en manos de la policía y el poder judicial, lo que significa que muchos consumidores son procesados como traficantes. Tales contradicciones son comunes en el enfoque de Brasil, dice el CEDD. El país ha desarrollado estrategias que le dan prioridad a la prevención y a la reducción de daños, reconociendo los derechos de los consumidores de drogas y distinguiendo entre los consumidores problemáticos y no problemáticos, mientras expande el tratamiento obligatorio y la introducción de medidas cada vez más punitivas de justicia penal.

Colombia

El consumo de drogas y la posesión para consumo personal se despenalizó bajo los términos de la Constitución de Colombia, aunque esto ha sido cuestionado legalmente en varias ocasiones. La legislación reciente establece los derechos de los consumidores, y hace hincapié en un enfoque basado en la salud y en la reducción de daños que están por encima de las medidas punitivas. Sin embargo, según el CEDD, hay ambigüedades legales que permiten la confusión y la interpretación selectiva sobre lo que se considera como posesión para el consumo y lo que es para el suministro. Además, el compromiso legal para prestar servicios de tratamiento se aplica por partes y la calidad puede variar mucho.

Ecuador

Ecuador cuenta con un marco legal contradictorio sobre el consumo de drogas; el consumo no es un delito bajo la Constitución, pero la posesión es un delito bajo la ley. El gobierno ha tratado de reconciliar esto con el criterio de distinguir entre las cantidades para consumo personal y el suministro pero, dice el CEDD, los jueces a menudo optan por penalizar la posesión, pese a la evidencia de que las cantidades involucradas son para consumo personal. El tratamiento se encuentra predominantemente en manos privadas y tiene un fuerte aspecto religioso, y los centros de tratamiento clandestinos han sido expuestos debido a la crueldad que despliegan hacia los consumidores. Desde la publicación del informe del CEDD, Ecuador ha promulgado una nueva ley diseñada para que los usuarios y los delincuentes de bajo nivel no sean clasificados como traficantes.

México

Desde 2009, el marco legal de México ha definido claramente las cantidades de drogas que son clasificadas como de consumo personal, las cuales no se castigan con encarcelamiento. Hasta 1.000 veces esas cantidades se clasifica como tráfico a pequeña escala (microtráfico) -un crimen que cae bajo la jurisdicción de cada estado, mientras que más de 1.000 veces la cantidad se clasifica como tráfico de drogas y es un delito federal. Según el CEDD, los usuarios continúan enfrentando la criminalización, si no el encarcelamiento, ya que incluso los que son atrapados con cantidades de consumo personal son arrestados y se les abre una investigación, mientras que los umbrales se fijan en un punto tan bajo que muchos usuarios caen en la categoría de proveedores. En los casos de los consumidores de drogas que han sido arrestados, se supone que el Ministerio Público debe informar a los proveedores de los servicios de salud, lo que debería animar a los consumidores a buscar tratamiento. Sin embargo, el CEDD dice, hay poca claridad sobre cómo debe funcionar en la práctica.

Perú

Tanto el Estado como la sociedad civil son extremadamente conservadores y restrictivos sobre la política de drogas, mientras que la policía y el poder judicial habitualmente toman una línea dura contra el consumo de drogas, según el CEDD. El consumo personal no es condenable bajo el Código Penal, y se han introducido directrices legales que distinguen entre el consumo y la oferta. Sin embargo, los umbrales son bajos y cualquier persona que los sobrepase es tratado como un distribuidor o traficante. El informe señala que la policía peruana a menudo planta drogas en los usuarios para empujarlos por encima del umbral, o piden sobornos para no hacerlo. Según el CEDD, el gobierno evita la responsabilidad de la prevención y el tratamiento, que se deja casi en su totalidad en manos privadas apenas reguladas.

Uruguay

El CEDD acusa a Uruguay de tener dos estándares en la política de drogas: la plena legalización de la producción, venta y consumo de la marihuana, por un lado, mientras que toma una línea más dura contra otras sustancias a través de umbrales restrictivos para el consumo personal y programas de tratamiento obligatorio. La posesión para el consumo personal de cualquier droga está despenalizada, pero lo que constituye el consumo personal se deja a la “convicción moral libre” del juez, dejándolo abierto a la interpretación selectiva, que a menudo se basa en si el juez decide que la cantidad encontrada en un consumidor podría ser perjudicial para la salud. Los consumidores que son arrestados son examinados medicamente y, si se determina que son adictos, deben someterse a un tratamiento obligatorio.

Análisis de InSight Crime

El informe del CEDD se suma a una gran cantidad de investigaciones existentes que señalan los fracasos de las políticas que penalizan el consumo de drogas. Durante el último medio siglo, esas políticas han logrado muy poco, excepto llenar las cárceles ya superpobladas, convertir a los ciudadanos respetuosos de la ley en criminales y apartar a los adictos lejos de la ayuda que necesitan por temor al castigo y a la estigmatización.

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En gran parte de Latinoamérica, el consumo de drogas está creciendo rápidamente, impulsada por factores tales como una creciente clase media con ingresos disponibles, la liberalización de las actitudes sociales, y precios más bajos y una mayor disponibilidad a medida que los grupos criminales se vuelcan hacia una gran cantidad de mercados de drogas locales, que producen pequeñas ganancias pero en los que se corren menos riesgos. Bajo estas condiciones, es más urgente que nunca para los países de Latinoamérica buscar estrategias basadas en la evidencia para abordar el consumo de drogas. Igualemente, es una tendencia positiva el paso que se está dando de un enfoque criminal a uno basado en la salud.

Como destaca el informe del CEDD, esta transición a menudo es difícil y puede estar plagada de contradicciones y ambigüedades. Si bien la política de drogas es un área que requiere una atención seria, estas contradicciones son tal vez una consecuencia inevitable de los intentos por cambiar el paradigma que ha dominado durante la mayor parte de un siglo. No será fácil superar décadas de políticas de línea dura y la estigmatización social del consumo de drogas, las cuales han creado actitudes profundamente arraigadas tanto en instituciones del Estado como en la población en general.

Sin embargo, este enfoque sólo aborda la mitad del problema. El impacto negativo del consumo de drogas no se limita a los consumidores, sino que también incluye la violencia devastadora y la corrupción provocada por los grupos criminales que controlan el comercio. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas del mundo, donde países enteros han llegado al punto de convertirse en estados fallidos bajo la influencia a veces insidiosa y a veces explosiva del tráfico de drogas.

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El enfoque de despenalizar y eliminar el estigma social del consumo de drogas suele ir acompañado de las políticas de línea dura que abordan la producción y la distribución, o a veces incluso el endurecimiento de tales posturas para evitar las críticas de ser “suaves con las drogas”. Esto crea sus propios peligros, e incluso puede fortalecer la mano del crimen organizado. Es probable que el mercado de consumo de drogas siga expandiéndose, generando más ganancias por las cuales disputarse, y que podrían ser utilizadas para corromper a las instituciones estatales.

Repensar el paradigma existente sobre el consumo de drogas es una cuestión urgente, pero a menos que sea parte de un enfoque integrado, que examine el cambio de paradigma no sólo en el consumo sino también en la producción y la distribución, bien podrá exacerbar algunos problemas mientras otros se resuelven.

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