Un nuevo análisis pinta un sombrío panorama de la corrupción en Latinoamérica y El Caribe. Una mayoría de ciudadanos afirman que el problema está empeorando y los gobiernos se están quedando cortos para combatirlo. Sin embargo, el estudio también muestra que los ciudadanos de toda la región mantienen la confianza en su capacidad de marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción.
El 9 de octubre, Transparencia Internacional divulgó un informe como parte del "barómetro global de corrupción" del grupo de defensa, centrado específicamente en varias experiencias de corrupción en Latinoamérica y El Caribe.
Los investigadores encuestaron a más de 22.000 ciudadanos en 20 países de toda la región, y hallaron que casi dos terceras partes de los encuestados declararon haber percibido una agudización de la corrupción en el último año.
Como era de esperarse, Venezuela tuvo la mayor proporción de ciudadanos que consideraban que la corrupción se había intensificado, con 87 por ciento. La criminalización de las instituciones estatales en el país devastado por la crisis se ha hecho cada vez más notoria en los últimos tiempos, con un gran número de altos funcionarios acusados de participar en actividades ilícitas y la revelación de conductas delictivas generalizadas entre las fuerzas de seguridad.
Otros países que han tenido escándalos de corrupción importantes recientemente —como Chile, Perú, Brasil y República Dominicana— también registraron un gran número de encuestados que piensan que el problema está empeorando.
Al mismo tiempo, la existencia de grandes escándalos de corrupción no tuvo correlación directa con la declaración de los ciudadanos sobre el empeoramiento de la corrupción. Guatemala y Argentina, por ejemplo, presentaron unos de los porcentajes más bajos de ciudadanos que señalaban que la corrupción había aumentado.
Esto puede deberse a los esfuerzos de las autoridades por atacar el problema en esos países. Sin duda, más de la mitad de los encuestados guatemaltecos aprobaron la gestión de su gobierno en la lucha contra la corrupción, al igual que casi la mitad de los argentinos.
(Gráfico que muestra la aprobación de los esfuerzos del gobierno contra la corrupción)
Por lo general se consideró a la policía y los políticos como los actores más corruptos de la región, con declaraciones de un 47 por ciento de encuestados que señalaron que esas instituciones son corruptas.
Los venezolanos fueron los que con más frecuencia llamaron corrupta a su policía, con 73 por ciento, seguidos de ciudadanos de Trinidad y Tobago, Bolivia, México y Paraguay. Los paraguayos dijeron con mayor frecuencia que sus políticos son muy corruptos, seguidos de Perú y Chile. Uruguay tuvo el menor porcentaje de ciudadanos con respuesta afirmativa en ambos casos.
La encuesta también mostró que pocos ciudadanos tienen suficiente confianza en las autoridades para denunciar la corrupción. Aunque casi una tercera parte de los usuarios de servicios públicos declararon haber pagado un soborno en relación con uno de esos servicios, menos de uno de diez encuestados comentaron haber denunciado la situación a las autoridades. Casi una tercera parte de quienes lo hicieron informaron que habían experimentado retaliaciones por hacerlo.
Análisis de InSight Crime
Los autores del informe señalan que sus hallazgos se dan en el marco de "tendencias preocupantes" en Latinoamérica y El Caribe, "incluyendo la erosión de los derechos humanos y el debilitamiento de las estructuras de gobernanza", así como "un incremento en los crímenes violentos y la inseguridad" en muchos países.
"Estos abusos se exacerban y algunas veces solo son posibles por la corrupción, lo que socava las instituciones de justicia, debilita el estado de derecho, distorsiona los procesos políticos y permite el actuar impune de los políticos", declaran los autores.
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Sin embargo, como se señaló anteriormente, las experiencias de corrupción presentan variaciones importantes de un país a otro —una dinámica que según los autores refleja "la variada naturaleza de los problemas de corrupción y la situación política en toda la región".
Más aún, una sustancial mayoría de ciudadanos en cada país, con excepción de Chile, expresaron la opinión de que la gente ordinaria puede hacer marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción.
(Gráfico que muestra la opinión de que el ciudadano promedio puede marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción)
El informe anota que involucrar a los ciudadanos "en el movimiento anticorrupción y sostener su entusiasmo debe ser la prioridad de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil para eliminar el flagelo de la corrupción".
La presión pública será crucial para garantizar que se mantengan los esfuerzos anticorrupción que comenzaron a ganar fuerza en toda Latinoamérica y El Caribe. Pero como lo señala el informe, los gobiernos también deben limpiar y reforzar sus instituciones de policía y judiciales con el fin de erradicar los arraigados sistemas de corrupción que atormentan a tantos países de la región
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