Lecciones para la DEA de la debacle en Honduras

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Un nuevo informe del gobierno de Estados Unidos documenta una serie de pasos en falso relacionados con varias acciones antinarcóticos en 2012, en las que participó la fuerza pública estadounidense en Honduras. Una fuerte señal de la necesidad de tener una orden judicial clara, evitar la improvisación y abrir espacio para la supervisión.

Los organismos internos de control de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos publicaron un crítico informe conjunto el 24 de mayo, donde analizaron tres episodios separados en los que se había usado fuerza letal en el desarrollo de misiones antinarcóticos con participación de personal de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, junto con la Policía Nacional Hondureña.

Sus conclusiones por poco llegan a decir que la DEA mintió sobre lo que había pasado, cuando calificaron el informe de un episodio como cargado de “errores sustanciales”.

“La investigación resultante fue poco más que un ejercicio en papel”, señala el informe. “Desde el comienzo, los agentes de la DEA deben haber tomado más en serio las demandas de lesiones y muertes de civiles inocentes como resultado del operativo y deben haber garantizado una investigación minuciosa del hecho. De haberlo hecho, creemos que los agentes de la DEA habrían sabido que su personal hizo, en realidad, uso de fuerza letal cuando al menos uno de ellos ordenó específicamente a un tirador de puerta hondureño en un helicóptero que disparara su ametralladora sobre el barco de pasajeros. También es posible que hayan conocido otros hechos relevantes para valorar las denuncias de residentes locales sobre la conducta violenta de los organismos de la ley en la población”.

Choque letal

Las misiones hacían parte de la “Operación Yunque”, un “programa piloto de 90 días” iniciado en abril de 2012 con el objetivo de desestabilizar los vuelos con drogas de Suramérica a Honduras.

Según el informe, el Departamento de Estado ofreció apoyo operativo para la Operación Yunque, incluyendo helicópteros para el transporte y respaldo aéreo armado en las misiones, mientras que la “Fuerza Aérea Hondureña aportó tiradores de puerta [de helicópteros] y, en ciertas misiones, aviones de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos prestaron servicios de detección y vigilancia”.

Los destacamentos en tierra para la Operación Yunque, sin embargo, estaban conformados por “agentes de una unidad de excombatientes de la Policía Nacional Hondureña conocida como Equipo de Respuesta Táctica (TRT)”, así como miembros del “Equipo Asesor y de Apoyo para despliegue en el Extranjero” (FAST por sus iniciales en inglés) de la DEA —una serie de unidades especiales creadas en 2005 para ayudar a las fuerzas armadas estadounidenses y a sus aliados en Afganistán en operaciones antinarcóticos. El programa FAST, recientemente rebautizado y separado de funciones operativas y de policía, se amplió para incluir el hemisferio occidental desde el 2008.

Durante la Operación Yunque, los miembros del FAST se aliaron con agentes de los TRT con el “propósito manifiesto” de “ayudar a los TRT hondureños en la realización de operaciones de interdicción basadas en inteligencia y actuar como entrenadores y asesores de los TRT”, afirma el estudio.

Sin embargo, los investigadores del gobierno hallaron que contrario a las declaraciones públicas de la DEA, el rol del escuadrón FAST “no era exclusivamente de apoyo o asesoría”. De hecho, escriben los autores, “el personal de FAST mantuvo control importante sobre la conducta” de la misión más letal, y quizás la más controvertida, de la Operación Yunque.

Informes iniciales de la DEA no mencionaron estas pérdidas.

El hecho ocurrió el 11 de mayo de 2012 en el pueblo de Ahuas, en la costa noreste de Honduras. Según una cronología detallada en el informe, una nave de vigilancia de la CBP ayudó a guiar a los escuadrones de FAST y TRT a una zona cerca de Ahuas, donde había aterrizado un avión con un cargamento de drogas. Quienes descargaban el alijo de drogas huyeron cuando los agentes de FAST y los TRT llegaron en helicóptero, y dejaron abandonado en un río un pequeño bote conocido como “pipante”, lleno de narcóticos.

Un integrante del FAST y dos de los TRT abordaron el pipante, con la intención de llevarlo de vuelta al caserío donde habían aterrizado. Pero el motor del barco se paró y comenzó a ir a la deriva corriente abajo, donde chocó con “un barco de mayor tamaño, sin luces, que transportaba cerca de una docena de pasajeros”.

Entonces hubo una descarga de balas, que mató a cuatro civiles y dejó heridos a varios más. Los informes iniciales de la DEA no mencionaron estas pérdidas. Más adelante los informes de la DEA sostuvieron que las personas que iban en el barco de mayor calado habían abierto fuego sobre los agentes de FAST y TRT en el pipante, y que solo los agentes del TRT habían respondido con fuerza letal.

Sin embargo, el nuevo informe conjunto de los organismos de control contradice esta versión. Según los autores, “no hay evidencia en video de disparos de alguien en el barco de pasajeros”, y fue un integrante del FAST quien ordenó a un tirador de puerta hondureño que le disparara al bote desde el helicóptero.

Dos incidentes letales más

El informe de los departamentos de Estado y de Justicia también despierta preocupaciones sobre otras misiones de la Operación Yunque que ocurrieron en 2012.

Un incidente el 23 de junio involucró a un agente del FAST que disparó y asesinó a un sospechoso de narcotráfico que presuntamente estaba “boca abajo cerca de un árbol” cuando “se negó a cumplir los requerimientos verbales y movió su mano hacia un revólver que llevaba en la cadera”.

Aunque los primeros informes de la DEA y el Departamento de Estado repetían esta versión, el TRT hondureño informó que “múltiples sospechosos dispararon al TRT, y el TRT respondió durante unos minutos”.

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“Según el FAST”, puntualiza el nuevo informe conjunto, “este presunto tiroteo no ocurrió”.

Otro hecho del 3 de julio también parece haber tenido desmanes e imprecisiones en declaraciones por parte de los aliados en el TRT de la unidad FAST.

Después de responder al choque de un avión sospechoso de llevar narcóticos, los agentes del FAST y del TRT tomaron en custodia a un piloto, quien murió posteriormente a causa de las heridas sufridas en el accidente. Sin embargo, un segundo piloto “no cumplió los requerimientos de dos miembros del FAST y en lugar de eso se volteó en un aparente intento por reingresar al avión (lo que motivó la amenaza de que buscaría un arma)”, señala el informe.

Dos miembros del FAST dispararon de muerte al segundo piloto, y tanto la DEA como el Departamento de Estado rindieron esta versión de los hechos. Sin embargo, el informe de la unidad del TRT hondureño no mencionó el uso letal de fuerza por parte de los agentes del FAST.

Más aún, los agentes de la DEA dijeron a los investigadores del Departamento del Estado y de Justicia que “luego del incidente, un agente de la policía hondureña puso un arma como evidencia y la informó como arma hallada en la escena”.

Esclarecimiento del uso de fuerza letal

El informe señala que determinar “si el uso de fuerza letal fue justificado según las leyes o la política aplicables no era competencia de este informe”. Sin embargo, sí analiza detenidamente el manejo dado por la DEA y el Departamento de Estado a estas operaciones… y encuentra serias fallas en el accionar de ambos organismos.

Por ejemplo, el informe cita “inadecuada planificación previa a la operación” como factor que contribuyó al desenlace fatal de estos incidentes.

“El personal de FAST y TRT no comprendía claramente cuál era la fuerza letal permitida al otro, y la planificación de respuesta a incidentes críticos fue casi inexistente”, señala el informe.

La DEA identificó “falta de fuerzas suficientes” como razón de la confusión.

Por esto, “ni el FAST ni el TRT podían estar seguros de cuándo y cómo responderían sus aliados a una amenaza de muerte inminente o a lesiones físicas graves”, escriben los autores, añadiendo que “un malentendido de la política aplicable al FAST puede haber contribuido a la presunta colocación de un arma entre la evidencia por parte del TRT para justificar el uso de fuerza letal por parte de la DEA en el episodio del 3 de julio”.

Además, los autores declararon que la DEA identificó “falta de fuerzas suficientes” como razón de la confusión en la operación de la medianoche del 11 de mayo, que dejó un saldo de cuatro civiles muertos en Ahuas. Los autores señalan que una misión con mejor planeación y personal habría permitido que los escuadrones en tierra mantuvieran mejor control de la situación.

‘Información incorrecta o incompleta’

El informe también critica las respuestas de ambos organismos ante estos hechos. Los autores sostienen que la DEA debe haber prestado mayor atención a las imprecisiones de los informes del TRT en relación con los episodios del 23 de junio y el 3 de julio, “lo que debe haber llevado a los agentes de la TRT a examinar con mayor atención la versión sobre los hechos del 11 de mayo, en particular su aseveración de que las personas que había en el barco de pasajeros iban armadas y que dispararon primero”.

El estudio afirma que “los agentes de la DEA que tenían información” de los errores en los informes de los TRT “no adoptaron acción alguna como respuesta”, En el caso de la presunta colocación de un arma el 3 de julio, los autores escriben, “No se tomaron medidas para remediarlo aparte de asegurar que la DEA no dependía mucho de la información del TRT como respaldo de algún proceso judicial de Estados Unidos”.

Más aún, el informe halló que la sede de la DEA obstruyó investigaciones externas del hecho cuando ordenó a los empleados de la DEA que “no suministraran información sobre el hecho del 11 de mayo, y posteriormente sobre los hechos del 23 de junio y del 3 de julio, a partes externas a la DEA mientras se realizaban las indagaciones internas de la misma DEA”.

Este incapacidad general para realizar una investigación rigurosa de estos hechos contribuyeron a que la DEA entregara “información errónea o incompleta a los supervisores del organismo en el Departamento de Justicia y en el Congreso, escriben los autores, señalando que “en algunos caso, los agentes de la DEA describieron información favorable a las posturas de la DEA mientras omitía información que no les favorecía”.

La DEA también se negó a cooperar con las investigaciones de estos hechos por parte del gobierno de Honduras y del Departamento de Estado, una decisión que, según estableció el organismo de control del Departamento de Estado, fue en contravía con “órdenes ejecutivas existentes” que “ordenan que los empleados de la rama ejecutiva en un país anfitrión cumplan la dirección del embajador”.

Los funcionarios del Departamento de Estado también “hicieron declaraciones equivocadas e incompletas al Congreso y al público en relación con la Operación Yunque”, y no informó al Congreso sobre su investigación interna “pese a numerosas preguntas sobre si Estados Unidos abriría una investigación de los  hechos de fuerza letal”, escribieron los autores.

¿Habrá algún responsable?

No es claro si alguna de las personas involucradas en estos hechos —a ninguna de quienes se nombra en el informe— enfrentará cargos formales o llamadas de atención por sus actos. Pero varios expertos opinan que el nuevo informe destaca la necesidad de mejorar el monitoreo de iniciativas como la Operación Yunque.

“Este hecho y el posterior encubrimiento revelan una peligrosa cultura dentro de la DEA. Los responsables de los disparos y quienes desviaron las investigaciones deben ser castigados, y Estados Unidos tiene la responsabilidad de compensar adecuadamente a las víctimas. Es inaceptable esta cultura de secretismo, y demuestra porqué las operaciones antinarcóticos que Estados Unidos desarrolla en la región requiere mayor supervisión y más transparencia”, declaró Adriana Beltrán, asociada sénior en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés), en un comunicado abierto.

“Agentes de la DEA, Honduras y el Departamento de Estado entregaron al Congreso información incompleta, errónea y engañosa con el ánimo de perpetuar un discurso que atiende a sus propios intereses”.

Adam Isacson, de WOLA, comentó a Los Angeles Times que el informe “confirma nuestras peores sospechas”.

“No quiero usar la palabra ‘encubrimiento’, pero [los agentes de la DEA] desplegaron ingentes acciones para desalentar, y quizás hasta obstruir, los esfuerzos por investigar lo sucedido”, señaló. “No veo ninguna garantía de que no vuelva a presentarse otro hecho como este el día de mañana”.

En un comunicado, el senador estadounidense Patrick Leahy también manifestó preocupación por las revelaciones del informe.

“Agentes de la DEA, Honduras y el Departamento de Estado entregaron al Congreso información incompleta, errónea y engañosa con el ánimo de perpetuar un discurso que atiende a sus propios intereses, que estaba cargado de vicios en su esencia y que degradaba las vidas de las víctimas y la reputación de Estados Unidos. Siento honda consternación por la arrogancia ignorante en estos organismos que dieron lugar a estos errores. Esto plantea serios interrogantes sobre si estos casos fueron hechos aislados”, añadió el senador.

Aunque el programa FAST ha pasado por una renovación de su imagen y se le ha despojado de su tarea en operaciones policiales, la DEA y otros organismos del gobierno estadounidense siguen participando en actividades similares en tierra con países aliados en toda la región y en el resto del mundo. Por ejemplo, el Wall Street Journal informó en 2014 que el cuerpo de Alguaciles Estadounidenses, vestidos como infantes de marina mexicanos, los habían acompañado en patrullajes activos. Y las fuerzas especiales del ejército estadounidense han incrementado drásticamente el adiestramiento en Latinoamérica en la última década, y participado presuntamente en operaciones antipandillas en Centroamérica.

Así, el reciente informe de los departamentos de Estado y de Justicia  constituye un recordatorio de que la supervisión y rendición de cuentas apropiados son esenciales para mantener la seguridad de civiles y fuerzas de seguridad en tales operativos, y para evitar perjudicar iniciativas productivas de cooperación con aliados en temas de seguridad importantes. 

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