Un nuevo estudio que analiza la evolución de la seguridad en los estados mexicanos de Nuevo León y Chihuahua puede ofrecer lecciones para el resto del país, aunque muchos de los éxitos pueden no ser fáciles de replicar.
El estudio salió publicado en la edición de febrero de la revista mexicana Este País. Como lo destacan los autores Arturo Ramírez Verdugo y Reyes Ruiz González, los recientes avances en seguridad en ambos estados comparten algunas semejanzas. Ambos enfrentaron un deterioro extremo de su seguridad después de la separación de aliados criminales de larga data, durante la presidencia de Felipe Calderón. A esto le siguió una caída importante en la violencia en años recientes.
Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los homicidios en Chihuahua alcanzaron su punto más alto en 2010 con casi 4.000. La cifra llegó al tope al año siguiente en Nuevo León con 2.003 asesinatos. Aun así, en 2015 los asesinatos en Chihuahua y Nuevo León habían caído a 945 y 451, respectivamente, con bajas de más de 75 por ciento en ambos casos. El análisis de Este País busca revelar qué hay detrás de esta baja en los homicidios.
Tanto Chihuahua como Nuevo León comparten varias características básicas que influyeron en porqué se deterioró la seguridad y porqué, de algunas maneras, luego comenzó a mejorar.
Ambos son grandes estados fronterizos donde una ciudad domina la economía y la demografía — Juárez en el caso de Chihuahua, y Monterrey en Nuevo León. En ambos casos, el incremento en el derramamiento de sangre se precipitó en gran medida por una división entre dos viejos aliados que habían cooperado en el control de lucrativas rutas de narcotráfico. Después de años de tensión, el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Juárez y sus respectivos servidores declararon una guerra abierta contra el otro en 2008, con Juárez como punto focal del enfrentamiento. El Cartel del Golfo y Los Zetas disolvieron su alianza en 2010, y Nuevo León surgió como eje clave del conflicto.
Según el análisis de Este País, tal como ambos estados compartían varios factores que contribuyeron a la desmejora, también varias características comunes ayudaron a su notable cambio de rumbo.
Una de esas características es una activa sociedad civil, dirigida por líderes empresariales y comunitarios locales, que apoyan los cambios gubernamentales. Otro es el interés en fortalecer y mejorar el rol del gobierno local en la protección de la seguridad pública, en particular los tribunales y la policía locales. Algo crucial fue que las autoridades locales en ambos estados trabajaron para coordinar con sus homólogos federales y estatales, de modo que los esfuerzos oficiales tienen un efecto multiplicador, en lugar de trabajar con fines encontrados de manera que se afecte la seguridad.
Ninguna de estas observaciones es por completo original, en particular en lo que concierne a Juárez. La participación de la comunidad local en Todos Somos Juárez ha sido objeto de muchos comentarios, así como la ampliación de las operaciones del departamento de policía local, especialmente bajo la dirección del exjefe Julián Leyzaola. Más aún, se han derramado océanos de tinta en la discusión del impacto de los deficientes gobiernos locales en la exacerbación de los problemas de seguridad en todo México.
Pero la importancia del gobierno local y una comunidad ciudadana comprometida se ha menospreciado ampliamente, ya que es mucho más factible que la atención pública se decida por las actividades del presidente. Por tal razón, los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto por crear una gendarmería nacional han atraído mucho más despliegue en los medios que cualquier innovación en los municipios, pese al limitado mandato de la gendarmería y su minúsculo tamaño en relación con la nación en general. Lo que se ha ignorado en gran parte en Nuevo León y Chihuahua es un reflejo de lo que se ha dejado pasar en el resto del país.
Los autores del artículo de Este País también destacan otros muchos factores. Uno es la implementación del nuevo sistema de juzgamiento derivado de la reforma judicial de 2008, y las consiguientes mejoras en la tasa de sentencias locales, así como la capacidad del sistema de respaldar la integración de los criminales liberados a la sociedad general.
Otros logros incluyeron aumentos sustanciales en los presupuestos para las autoridades judiciales de mayor rango en el ámbito estatal, quienes tienen a su cargo el enjuiciamiento de muchos de los llamados “crímenes de alto impacto” asociados con los grupos criminales, incluyendo homicidio, secuestro y extorsión. En Nuevo León, el gasto del ministerio de justicia del estado saltó de 2.300 millones de pesos (mexicanos) en 2010 a 4.500 millones de pesos en 2014. En Chihuahua, el incremento correspondiente fue de 2.100 millones a 4.100 millones de pesos. En otras palabras, un incremento de casi 100 por ciento en ambos casos en solo cuatro años, durante los cuales la economía mexicana solo aumentó en un 12 por ciento aproximadamente.
Los autores concluyen que las razones que hay detrás de la caída en los crímenes en Nuevo León y Chihuahua equivalen a una mejoría institucional sustancial. Si se acepta esto, esos avances en Nuevo León y Chihuahua son genuinamente históricos. Los organismos de seguridad de México, corruptos e ineficaces, ha resistido por mucho tiempo cualquier iniciativa de reforma, en detrimento de todo el país. Ramírez Verdugo y Ruiz González parecen insinuar que los dos estados al fin encontraron la solución al superar esto.
Algunas de las conclusiones en el artículo de Este País están mejor sustentadas que otras. La mejoría institucional es en extremo difícil de medir, y apoyar una conclusión así simplemente señalando la cantidad de dinero que se gastó puede llevar a un argumento circular.
Además, los autores posiblemente van demasiado lejos al restar énfasis a los cambios ocurridos en el panorama del crimen organizado, que en cierto modo están aislados de las acciones del gobierno. Tampoco es claro hasta qué grado la estrategia en estos dos estados es replicable: Nuevo León y Chihuahua son dos de los estados más ricos de México, con sociedades civiles muy comprometidas. Las circunstancias en, por nombrar alguno, Guerrero, son muy distintas.
Sin embargo, el análisis de Este País busca la especie de análisis preciso que con demasiada frecuencia falta en los análisis de la seguridad en México. De igual manera, la mayor virtud de sus autores en la realización del estudio es muy simple en términos conceptuales, pero en cierto modo muy rara: en lugar de lamentarse de todo lo que anda mal, intentan identificar porqué ciertas cosas han ido bien. Refinar y difundir este conocimiento podría traer un mundo de beneficios en México.
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