Después de pasar una dura prueba en la cámara baja del Congreso, el histórico proyecto de ley de legalización de la marihuana en Uruguay pronto se convertirá en ley, pero su impacto puede ser más internacional que nacional.
El proyecto de ley fue aprobado por un estrecho margen de 50-46, después de un día de discursos y posturas que incluyeron el voto decisivo de Darío Pérez, un público crítico de la medida.
"Es una bosta, con o sin la ley", dijo al Congreso antes de votar a favor de la medida.
Fue un largo camino. Desde que se redactó en 2012, las encuestas mostraron que el proyecto de ley de la marihuana -que ha definido tres tipos de productores, crea un organismo regulador para supervisar las ventas y pone límites a la producción y adquisición de la planta- no tenía apoyo popular. La encuesta más reciente de Cifra mostraba que dos terceras partes estaban en contra de la medida, lo cual fue consistente con las encuestas previas, de ésta y otras organizaciones.
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Entre los opositores fuera del país se encuentran la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el Papa, quien dijo durante su reciente viaje a Brasil que: "la reducción en la propagación y la influencia de la drogadicción no se logrará mediante una liberalización del consumo de drogas, como se está proponiendo actualmente en diversos lugares de Latinoamérica".
Como Geoffrey Ramsey escribió en el Pan American Post, la medida tuvo éxito a pesar de estas encuestas, y los poderosos detractores internacionales por una amplia coalición de organizaciones, muchas de ellas integrantes del partido gobernante Frente Amplio (FA), montaron una impresionante campaña de lobby.
Llamaron a esta campaña "Regulación Responsable” haciendo hincapié, según Ramsey, a "los beneficios sociales, de seguridad y salud de regular el mercado negro de cannabis".
La campaña fue lo suficientemente fuerte como para asegurar el voto del FA y ganar algo de tracción con legisladores de la oposición. Aunque ninguno de ellos votó a favor de la ley, muchos de ellos apoyaron partes de la misma, argumentando un cambio más gradual.
El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde se espera que pase fácilmente, convirtiendo a Uruguay en el primer país en el mundo en legalizar la producción, venta y consumo de marihuana.
Análisis de InSight Crime
Al menos al principio, la legislación sobre la marihuana en Uruguay puede tener más impacto fuera del país que adentro. Tomará meses implementar la legislación y superar los desafíos, y años para comprobar los resultados.
Como Ramsey escribió en la investigación de InSight Crime sobre la medida, las ventas de marihuana en un ambiente controlado y regulado enfrentan muchos desafíos, de los cuales el más destacado es mantener el precio razonable y atractivo para los cerca de 120.000 usuarios.
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Hasta el 80 por ciento de la marihuana que se consume en Uruguay proviene del vecino Paraguay, que proporciona la mayor parte de su producto barato a través de las porosas fronteras de Uruguay con Argentina y Brasil.
Los uruguayos que apoyan el proyecto de ley sobre la marihuana dicen que pueden debilitar el precio y ofrecer una mejor calidad. Esto todavía está por verse. Mientras tanto, la mayoría de los uruguayos seguirán dependiendo de los grupos criminales paraguayos para obtener la marihuana, que muchos dicen que huele a "orina".
El proyecto de ley también fue aprobado por la cámara baja, en parte, debido a que fue enmarcado como una forma de frenar el aumento de la delincuencia y la tasa de homicidios en Uruguay. Pero como Ramsey escribió en InSight Crime, es probable que la legislación no tenga un impacto directo sobre los grupos criminales uruguayos, que no parecen estar luchando por el comercio de la marihuana en un país que ya es uno de los más seguros del hemisferio.
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No obstante, la legislación motivará a otros líderes políticos de la región, que tratan de guiar a sus propios colegas hacia nuevas leyes relativas a las drogas ilícitas, en un intento por disminuir la violencia y abordar los problemas de salud en sus países.
Antes del voto, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, visitó Uruguay el mes pasado en una muestra de apoyo a la medida. La OEA ha sido uno de los partidarios más acérrimos de replantear el debate sobre la legalización hacia uno que busque reducir los niveles de violencia y medidas menos punitivas contra pequeños delincuentes y drogadictos.
En julio, un grupo de 65 miembros del Congreso mexicano envió una carta de apoyo al FA en el período previo a la votación, y el Ayuntamiento de Ciudad de México está considerando una medida para despenalizar el consumo de marihuana. Numerosos expresidentes de la región han expresado su apoyo a un cambio en el paradigma, entre ellos, el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quien escribió una columna de opinión en la cual llamaba a la propuesta de Uruguay una "adición por sustracción".
"Tan sólo sacar el dinero del mercado negro podría ser un beneficio en sí mismo", dijo.
Pero mientras que proporciona el tipo de experimento de la vida real que los legisladores, académicos, trabajadores de la salud, empleados de las prisiones, jóvenes universitarios y cientos de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo estarán observando, el pequeño tamaño de Uruguay también puede hacer que sea imposible extrapolar los resultados, ya sean positivos o negativos para la salud y la seguridad pública.
Tal vez lo más importante es que Uruguay es demasiado pequeño como para mover el péndulo en el debate político. La tendencia, por el momento, parece ser mantener el status quo como lo demuestra Brasil, Canadá y las firmes posiciones de los gobiernos federales de Estados Unidos en contra de la legalización.
Y mientras que los partidarios de la legalización pueden poner a un país en la columna de la victoria, el mapa regional (vea abajo) se mantiene decididamente en contra de ellos.
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