Leve reducción en cultivos de coca en Colombia no es un gran avance

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Nuevas cifras de Estados Unidos que muestran una pequeñísima reducción en el cultivo de coca en Colombia durante el último año se han presentado como evidencia de la efectividad de las medidas de línea dura, pero ignoran una realidad más compleja.

El cultivo total de coca —la materia prima para la elaboración de cocaína— en Colombia bajó de 209.000 hectáreas en 2017 a 208.000 hectáreas en 2018, según nuevos estimativos de la Oficina de la Casa Blanca para la Política Nacional de Control de Drogas (Office of National Drug Control Policy, ONDCP).

Aunque se mantiene en picos históricos, esta es la primera caída que se registra en la producción de cocaína en Colombia desde 2012.

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“Vemos que Colombia está avanzando en el logro de nuestra meta común de reducir sustancialmente el cultivo de coca y la producción de cocaína”, comentó al respecto el director de la ONDCP, Jim Carroll.

La Casa Blanca también felicitó al presidente de Colombia, Iván Duque, por incrementar la erradicación de cultivos de coca en un 56 por ciento por encima de su predecesor, Juan Manuel Santos.

Este es un espaldarazo que Duque ha buscado desesperadamente. La cocaína se había convertido en una fuente de tensiones crecientes con el presidente estadounidense Donald Trump. En abril de 2019, Trump recriminó a su homólogo por no haber contenido el flujo de narcóticos, y sentenció: “él no ha hecho nada por nosotros”.

Pero al informe de la Casa Blanca le hacen sombra noticias más serias. La producción global de cocaína ha alcanzado un récord histórico, pues Colombia fue responsable del 70 por ciento de la producción mundial total en 2017, según el Informe Mundial de Drogas 2019 de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD).

“Es una mala noticia para los países productores […] Lo que está pasando en Colombia es preocupante”, comentó la jefa de investigación de la ONUDD, Angela Me.

Análisis de InSight Crime

Entre 2012 y 2017, la producción de plantas de coca en Colombia creció 168 por ciento, al pasar de 78.000 a 209.000 hectáreas. Por lo que un pequeño descenso de apenas el 0,5 por ciento o 1.000 hectáreas reportado en 2018 puede no ser motivo de celebración.

Históricamente, la posición de Estados Unidos ha sido la de fomentar la reducción de la oferta de cocaína mediante la erradicación de plantas de coca y asumir una postura inflexible hacia los narcotraficantes, que muchas veces conduce a la extradición. El paquete de ayuda en materia de seguridad, conocido como Plan Colombia, llevó a que Estados Unidos desembolsara US$10.000 millones al país suramericano durante un periodo de 15 años, con un pronunciado interés en el control de narcóticos.

Su evolución, el plan de paz de Colombia, brindó mayor apoyo para los derechos humanos y temas de migración, pero aun así incluyó US$143 millones en 2018 para entrenamiento militar y control de narcóticos.

Esa ayuda fue una ventaja para Colombia durante los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y les ha dado a los gobiernos colombianos el estatus de principal aliado de Washington en la región.

Tal alianza ha llevado en ocasiones a adoptar un enfoque estrecho, centrado en ganancias imprecisas y cortoplacistas, en lugar de desarrollar soluciones de más largo alcance, pero más sostenibles. En este caso, la medición de cultivos de coca no es una ciencia exacta y los estimativos pueden presentar amplias variaciones.

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El gobierno del presidente Duque ha presionado para que se erradiquen por la fuerza los cultivos de coca, dejando de lado los planes de sustitución voluntaria, dispuestos como parte del acuerdo de paz de 2016 con las FARC. Esto ha impulsado a los agricultores a esconder sus cultivos bajo la selva espesa o a ocultarlos en medio de otras plantas.

InSight Crime pudo evidenciar que, en el sur del departamento de Bolívar, los agricultores les pagaban a los soldados para evitar que dañaran sus sembrados, o para que los destruyeran parcialmente, aunque registraban que la erradicación había sido total.

En septiembre de 2018, Duque anunció un plan para reducir los cultivos de coca en Colombia a 140.000 o 150.000 durante los próximos cuatro años, en su mayor parte mediante la erradicación; y aunque no lo confirmó, mencionó la fumigación aérea por medio de herbicidas. Este fue un cambio radical en relación con su antecesor, Juan Manuel Santos, quien se había opuesto a este método.

El acuerdo de paz de 2016 con las FARC incluyó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) como estrategia antinarcóticos maestra.

En diciembre de 2018, más de 100.000 familias se habían inscrito en este programa, en el marco del cual recibieron dinero a cambio de sustituir la coca por otros productos. Muchos de esos pagos se han retrasado o nunca se materializaron, por lo cual algunos participantes volvieron a la producción de coca como medio de subsistencia.

Que Washington presente este pequeño descenso como una victoria puede reafirmar a Duque en su actual postura. Aunque hasta la fecha la erradicación ha sido manual, el presidente está decidido a retornar a la fumigación aérea con glifosato, y busca anular una orden de la corte de 2015 que prohibió su uso por el posible daño a la salud humana.

Reducir los cultivos de coca es vital, pero es una parte de un todo complejo. Otras estadísticas pintan un panorama más completo. La tasa de homicidios en Colombia subió por primera vez en una década. Se estima que por lo menos 2.000 excombatientes de las FARC han abandonado el proceso de paz, y la disputa por el control de rutas de narcotráfico claves ha causado desplazamientos masivos.

El apoyo de Estados Unidos seguirá siendo determinante en la estrategia antinarcóticos de Colombia, pero sería aconsejable redefinir la forma como se mide el éxito.

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