La sanción de una nueva ley sobre narcoaviones dará al gobierno de Honduras mayor acceso a la inteligencia antinarcóticos de Estados Unidos en un momento en que fiscales estadounidenses han señalado nexos del presidente hondureño con el tráfico de drogas.
La legislación, promulgada el 25 de mayo por el presidente Juan Orlando Hernández, actualiza los protocolos del gobierno para la interceptación de aviones sospechosos de transportar drogas, que anteriormente se regía por la Ley de 2014, conocida como Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo.
La nueva norma impide que el ejército hondureño cause daños o destruya los aviones sospechosos de transportar drogas, excepto en casos de “legítima defensa”, según La Prensa. En legislaciones anteriores, las autoridades tenían la opción de “neutralizar” naves no autorizadas, como último recurso, si el avión no respondía a los intentos no violentos de interceptación del vuelo.
Este cambio parece resolver inquietudes de Washington, que veía en la legislación anterior riesgo para los agentes estadounidenses encubiertos infiltrados en los carteles que trasiegan cocaína por vía aérea desde Suramérica hacia Honduras; la administración Obama había suspendido la ayuda de información de radares a Honduras luego de la aprobación de otra versión de la ley en 2014, agregó La Prensa.
Las nuevas cláusulas limitan a la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) a hacer disparos de advertencia si una nave interceptada no cumple con las exigencias del ejército de aterrizar en la pista más cercana. La FAH también debe hacer todos los esfuerzos razonables para evitar impactos en el avión interceptado, según los fragmentos de la revisión de la ley que apareció publicada en Tiempo Digital.
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El Departamento de Estado estadounidense felicitó a Honduras por la sanción de la ley, lo que garantizará un mayor acceso del país centroamericano a la puesta en común de inteligencia con Estados Unidos y muchos otros países latinoamericanos, según el Washington Post.
Al mismo tiempo que se aprobó la revisión de la ley, el presidente Hernández inauguró un nuevo Centro Combinado de Operaciones Interagencial (CCOI) antinarcóticos, que planea apuntalar el control aeroespacial en puntos claves de tráfico con apoyo del Comando Sur de Estados Unidos.
El incremento de la cooperación bilateral en relación con el narcotráfico ocurre después de que las autoridades judiciales estadounidenses han vinculado en repetidas oportunidades al presidente Hernández con redes internacionales de narcotráfico.
Análisis de InSight Crime
En lo que respecta al narcotráfico, la relación entre Estados Unidos y Honduras está empezando a tomar visos esquizofrénicos.
Por un lado, el elogio de Washington por las reformas legales aprobadas por el gobierno de Hernández presenta a Honduras como un aliado clave en la lucha conjunta contra el narcotráfico en Centroamérica.
Pero, por el otro lado, los múltiples señalamientos de las autoridades judiciales estadounidenses han señalado al presidente Hernández de coconspirador en una operación internacional de tráfico de cocaína que incluye a varios políticos y a miembros de la policía y las fuerzas armadas de Honduras.
Uno de esos implicados es el anterior jefe de policía del país, Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como “El Tigre”, que, según una acusación formal de Estados Unidos, abusó de su cargo para proteger cargamentos de drogas en su paso por Honduras.
El actual ministro de seguridad de Honduras Julián Pacheco Tinoco fue objeto en el pasado de una investigación por narcotráfico de la Administración para el Control de Drogas (DEA), según documentos judiciales en Estados Unidos que se usaron en el juicio del hermano del presidente Hernández y exdiputado hondureño, Juan Antonio “Tony” Hernández, quien fue condenado por cargos de narcotráfico en octubre de 2019.
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Miembros y funcionarios del Partido Nacional (PN) de Hernández también han trabajado con importantes carteles de la droga en la operación de pistas de aterrizaje para la recepción de cargamentos de drogas ilícitas, según el testimonio de un reconocido narcotraficante hondureño en el juicio en contra de Fabio Lobo —hijo de expresidente Porfirio “Pepe” Lobo, también del PN—, quien fue sentenciado por narcotráfico en un juzgado de Nueva York en 2017.
Una pista de aterrizaje de ejército en el departamento de Olancho, ubicado en uno de los corredores de cocaína más activos del país, también fue usada para el aterrizaje de narcoaviones, según la declaración del narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, de la banda Los Cachiros, quien declaró en el caso contra Fabio Lobo.
Las múltiples acusaciones de fiscales estadounidenses contra el presidente Hernández y altos mandos de la fuerza pública hondureña no han logrado que la administración de Donald Trump dé la espalda a su aliado en Tegucigalpa. Al final, la nueva ley de soberanía aérea otorga a la Casa Blanca un argumento para alimentar la narrativa de que Hernández es un gran aliado en la lucha contra el narcotráfico.
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