¿Ley del Congreso de Estados Unidos implicaría la extradición de más latinoamericanos?

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El Congreso de Estados Unidos está analizando una propuesta que le permitiría al Departamento de Justicia acusar a una gama más amplia de actores en el tráfico transnacional de drogas, lo que podría significar un aumento en el enjuiciamiento y extradición de narcotraficantes establecidos en el extranjero.

El Acta sobre Tráfico Transnacional de Drogas fue aprobada por el Senado en octubre de 2015 y actualmente cursa en la Cámara de Representantes. El proyecto de ley pretende facilitarles a las autoridades estadounidenses la elaboración de casos de extradición de traficantes que utilizan otras organizaciones criminales —como las radicadas en México—como intermediarias para ingresar drogas a Estados Unidos.

Como dice el comunicado de prensa del Senado, esto le ayudaría particularmente al Departamento de Justicia a elaborar casos contra grupos criminales en países andinos como Colombia y Perú, que trabajan con los carteles mexicanos para traficar drogas hacia el norte.

En parte, el proyecto de ley apunta a ello mediante la modificación de leyes estadounidenses, de modo que, si hay “motivos razonables para creer” que alguien está tratando de ingresar drogas ilegales a Estados Unidos, o a 12 millas de la costa de Estados Unidos, esa persona puede ser enjuiciada.

El presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley (Republicano de Iowa), que apoya el proyecto de ley, le dijo a InSight Crime que es necesario agregar la disposición “motivos razonables para creer” porque “se ha vuelto más difícil probar que los productores suramericanos sabían o intentaban que las drogas terminaran en Estados Unidos”, debido a que utilizan a los grupos narcotraficantes mexicanos como intermediarios.

“Agregar la disposición ‘motivos razonables para creer’ reduciría el… umbral necesario para probar que el acusado sabía que las drogas tenían como destino final a Estados Unidos”, dijo Grassley.

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El proyecto introduce una disposición similar para leyes contra los precursores químicos utilizados para producir drogas. Según Grassley, esta disposición “estaría dirigida a las personas o [las organizaciones de narcotráfico] que saben que los químicos que trafican se utilizarán para producir drogas ilícitas, aunque no estén directamente implicados en la fabricación o el transporte de las drogas en Estados Unidos”.

La legislación agrega además una disposición que prohíbe el uso de marcas falsas para traficar cualquier droga. Si se aprueba, esta disposición podría aplicarse a los traficantes que usan logos corporativos falsos para identificar los cargamentos de drogas ilícitas, así como las que se trafican como productos farmacéuticos falsos.

Análisis de InSight Crime

Por el momento, es difícil discernir en qué medida esta propuesta afectaría las extradiciones a Estados Unidos de los extranjeros acusados de narcotráfico.

Los partidarios de la legislación aseguran que los cambios propuestos eliminarían los obstáculos que enfrenta el Departamento de Justicia para elaborar casos de extradición contra capos extranjeros, especialmente contra aquellos que operan en la región Andina. Pero el amplio alcance del proyecto de ley ha generado el temor de que también podría ser utilizado en contra de los actores de menor tamaño.

Parece que incluso los proponentes del proyecto de ley no están totalmente de acuerdo sobre a quiénes estará dirigida. Cuando se le preguntó si la legislación estaría específicamente dirigida a grandes figuras del narcotráfico, Grassley le respondió a InSight Crime que el proyecto de ley “podría utilizarse en todo el espectro de individuos y Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD).”

Respondiendo a la misma pregunta, el representante Tom Marino, promotor del proyecto en la Cámara de Representantes, dijo que su “principal propósito es atacar a los productores iniciales de sustancias controladas y de precursores químicos que saben o deben saber que éstos son enviados a Estados Unidos”.

Incluso si la ley es aprobada, hay algunas razones por las que es poco probable que haya un aumento importante en las extradiciones y los procesos judiciales —especialmente en lo que se refiere a los productores de drogas de bajo nivel, como los campesinos cocaleros—. Dan Schneider, exfiscal federal penal que ahora se dedica a la docencia en American University, se cuestiona si dichas disposiciones expansivas se ajustarían al escrutinio legal.

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“Usualmente, el requisito de dolo en el derecho penal […] debe ser un nivel bastante alto de intención”, le dijo Schneider a InSight Crime. “Pero éste parece ser un umbral más bajo para el requisito de dolo. Y es posible que este requisito, si se aprueba, entre en conflicto con la Constitución de Estados Unidos en ese sentido”.

Por otra parte, los juicios federales por crímenes de drogas en Estados Unidos han disminuido lentamente en los últimos años. Dado que Estados Unidos ha estado orientándose hacia la reducción de penas para los delincuentes de bajo nivel en el ámbito nacional, parece improbable que el gobierno intente disminuir la cantidad de extradiciones por delitos relacionados con drogas.

Desde una perspectiva política y práctica, la extradición sigue siendo un tema polémico. La extradición de acusados extranjeros a Estados Unidos puede reducir las posibilidades de que evadan las penas de prisión —o se escapen de la cárcel— debido a la corrupción en sus países de origen. Pero los detractores de la ley argumentan que la práctica común de permitirles a los delincuentes intercambiar información por reducciones de sentencias disminuye el efecto disuasorio de enjuiciamientos en Estados Unidos.

Teniendo en cuenta este contexto, la aprobación del proyecto de ley podría representar más bien una enmienda que una revaluación de la política de drogas internacional de Estados Unidos.

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3 Comentarios

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