Después de cuatro décadas del monólogo sobre la "guerra contra las drogas", la región ha abierto la puerta para el debate, rompiendo el tabú de discutir nuevos enfoques para enfrentar el problema. Sin embargo, esto no significa que haya un consenso en cuanto a las alternativas, y menos aún en cuanto a que la legalización o la despenalización estén a la vuelta de la esquina.
Más bien, significa que los gobiernos de la región están dispuestos a tener un debate abierto, ya sea defendiendo el enfoque tradicional o explorando maneras más efectivas para lidiar con el problema del narcotráfico en las décadas por venir.
El 6 de junio, los Ministros de Relaciones Exteriores de todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) terminaron su reunión anual en Guatemala - la 43ª Asamblea General – la cual se centró en la cuestión de la política de drogas. La cumbre concluyó con una declaración en la que los gobiernos de la región acordaron continuar el debate.
[Lea la versión original de este artículo, publicado por Project Syndicate, aquí]
Aunque el documento no se compromete con ningún cambio en la actual política de drogas, sí incorpora un "nuevo" lenguaje para entender el problema y permite que el debate continúe, encomendando al Consejo Permanente el llamado a una sesión especial de la Asamblea General - una reunión de alto nivel - que se celebrará a más tardar en 2014.
Posiciones de cada país sobre la política de drogas en las Américas
[See also InSight Crime's complete coverage of drug policy in the Americas]
[Vea también la cobertura completa de InSight Crime de la política antidrogas en el hemisferio]
Pero, ¿es esto suficiente?
Es un error pensar que los cambios significativos en la política de drogas van a ocurrir de la noche a la mañana. No era realista esperar que, como resultado de la Asamblea General de la OEA, cuestiones como la legalización o la despenalización aparecerían en la agenda. Desde esta perspectiva, el valor de la declaración no está en el rompimiento con el paradigma actual, sino en la promoción de una discusión basada en el conocimiento científico y en la evidencia, a nivel técnico y político. Hace cinco años, este tipo de debate era inimaginable.
No fue fácil. Antes de la Asamblea General, se dio un intenso debate en Washington DC entre los países miembros de la OEA, sobre la definición del contenido de la declaración. La propuesta de Guatemala, de celebrar una Asamblea Extraordinaria de drogas en 2014 - para debatir la estrategia regional actual - fue particularmente polémica.
Inicialmente, un grupo de países estuvo reacio a considerar la promoción del debate, desde el interior de la OEA hacia un diálogo de alto nivel entre Ministros de Relaciones Exteriores - e incluso entre presidentes. Esta es una de las razones por las cuales la declaración que provino de Guatemala - en particular el párrafo 20, que se refiere a la Asamblea Extraordinaria de 2014 - fue un importante punto de discordia desde el principio. Como era de esperar, los principales obstáculos que permitieron que el debate siguiera adelante fueron la inercia burocrática y la resistencia de los países de línea dura, que están cómodos con la política actual.
En medio de las discusiones sobre la declaración, el Secretario General de la OEA presentó un informe especial al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que fue encargado por los países de Latinoamérica durante la Cumbre de las Américas del año pasado, en Cartagena. Por primera vez, desde el comienzo de la llamada "guerra contra las drogas", una institución multilateral analiza críticamente la política regional de drogas y considera los nuevos enfoques; como la despenalización de ciertas drogas, especialmente la marihuana. El estudio de la OEA propone cuatro posibles escenarios para el futuro de la política de drogas. Afortunadamente, como señalaron unos ex líderes latinoamericanos en una carta abierta: "Ninguno de los escenarios hace un llamado al status quo." Sin ofrecer recomendaciones explícitas, el informe de la OEA refuerza la idea propuesta por Guatemala, unas semanas antes, en cuanto a la necesidad de continuar el debate sobre las estrategias más eficientes.
[Vea el informe especial de InSight Crime sobre el tema de la legalización de drogas en la Cumbre de la OEA de 2012 en Colombia]
Al final, pese a la cobertura de algunos países, entre ellos Estados Unidos (vea el pie de página 4 de la declaración), bajo la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, la Asamblea General concluyó con una declaración que promete una sesión extraordinaria de la Asamblea General. Según informó el New York Times, "Estados Unidos fue uno de los países que acordó mantener el diálogo, pero detrás de escena se burlaba de otra discusión sobre las drogas a nivel de cancilleres."
Eso es cierto, pero sólo cinco años atrás, estos países ni siquiera toleraban la idea de discutir el tema, y ??se alejaron de la posibilidad de entablar un debate abierto.
El debate sobre la política de drogas tiene ahora un "nuevo" lenguaje que marcará la pauta para las futuras discusiones. La declaración reconoce las diferentes necesidades y realidades de cada país, y abre la puerta hacia la consideración de nuevos enfoques y alternativas.
Ahora, la pregunta es cómo se desarrollarán estos principios y conceptos en cada país. Al igual que muchos países adoptaron el dogma de la "guerra contra las drogas" en las últimas décadas, ahora ellos deben reconocer la necesidad de una política integral basada en el respeto de los Derechos Humanos con la misma convicción. Por ahora, como con casi todas las cosas, hay una brecha entre los discursos que se pronuncian y la política que realmente se lleva a cabo. El Presidente Santos, hablando de la guerra contra las drogas, dijo alguna vez: "A veces todos nos sentimos que hemos estado pedaleando en una bicicleta estacionaria. Miramos hacia la derecha y hacia la izquierda, y seguimos viendo el mismo paisaje."
Este es el momento de bajarse de la bicicleta y determinar dónde queremos empezar a caminar, tomando mejores rumbos esta vez.
*Juan Carlos Garzón es un investigador en el Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Él es el autor de Mafia & Co.: las redes criminales en México, Brasil y Colombia. Una versión de este artículo fue originalmente publicada por Project Syndicate. Reproducido con permiso.
SUSCRIBIRME