Líderes sociales de Colombia en medio del fuego cruzado por el control de la Costa Pacífica

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Las tasas de asesinatos de líderes sociales en Colombia están llegando a niveles alarmantes luego del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, lo que indica que los cambios en la dinámica criminal han dejado a los líderes en medio del fuego cruzado, sobre todo en áreas como la región del Pacífico.

El histórico acuerdo de paz que firmó el Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 ha sobrevivido ya su primer año, pero no ha estado libre de obstáculos. Además de que el programa de sustitución de cultivos sigue enfrentando grandes tropiezos y hay crecientes dudas en torno a los activos ocultos de los exguerrilleros, el aumento de la violencia contra los dirigentes sociales representa otra amenaza para la implementación efectiva de los acuerdos de paz.

Líderes sociales en la mira

En total, 282 líderes sociales han sido asesinados en Colombia entre 2016 y finales de febrero de 2018, es decir, un promedio de 11 por mes, según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo del país. Según el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, casi un tercio de estas muertes ocurrió solamente en 2017. Con 75 líderes sociales asesinados, Cauca, al suroccidente del país, representa el departamento con mayor número de muertes en este periodo, seguido por los departamentos de Antioquia, con 38 homicidios, Norte de Santander con 17, Nariño con 15, Valle del Cauca con 15 y Chocó con 14.

Gráfico cortesía de Semana

Estos asesinatos se deben sobre todo a la reorganización del hampa colombiano. Según la Defensoría del Pueblo, los homicidios están directamente relacionados con la expansión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los subsecuentes conflictos con otros grupos armados y con las fuerzas de seguridad del Gobierno, así como con la formación de facciones disidentes de la desmovilización de las FARC, y con el hecho de que los grupos criminales en general están intentando consolidar su control sobre regiones estratégicas que las FARC han desocupado.

Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), le dijo a El Tiempo recientemente que el aumento en los homicidios obedece a conflictos por dos elementos: el territorio y los recursos, es decir, la minería ilegal y los cultivos ilícitos, como la coca.

El Gobierno colombiano ha expresado su preocupación por los crecientes ataques contra los dirigentes sociales y ha asignado mayores recursos a las regiones que han sido afectadas por los grupos criminales del país, pero las más recientes cifras indican que estos esfuerzos se han quedado cortos.

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Los recientes asesinatos también han generado un pronunciamiento por parte de Naciones Unidas. El  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo recientemente que está “cada vez más alarmado por los asesinatos de activistas y defensores de los derechos humanos [en Colombia]”, y señaló que su despacho ha recibido “más de 20 informes de asesinatos” en solo la primeras seis semanas de 2018.

La guerra por el Pacífico

A medida que la criminalidad colombiana se reorganiza, los grupos criminales están buscando expandirse y fortalecer su presencia en las zonas donde las FARC solían ejercer el control, como la costa del Pacífico.

Esta región es un valioso territorio para los grupos criminales que se disputan el control de las operaciones del tráfico de drogas tras la desmovilización de las FARC. Es una de las regiones con mayor abundancia de cultivos de coca en el país; cuenta con más de 57.000 hectáreas de cultivos de coca, y allí se encuentra el departamento de Nariño, foco del comercio mundial de cocaína. Sus ríos, esteros y otras características geográficas la hacen ideal para la producción y el tráfico de drogas.

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Pero los dirigentes sociales en esta región están tratando de liberarse del control criminal y comenzar una nueva era por su cuenta, lo que los ha hecho más vulnerables a la violencia.

Según la investigación de campo de InSight Crime, entre octubre de 2016 y noviembre de 2017 fueron asesinados 64 líderes sociales en Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Nariño, departamentos estratégicos para las actividades criminales, sobre todo el narcotráfico, en la costa del Pacífico colombiano. En 43 casos, los asesinatos estuvieron vinculados a los disidentes de las FARC, así como al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a Los Urabeños, los cuales se disputan el control de las drogas en el Pacífico.

Los líderes sociales son quienes a menudo organizan a las comunidades para que recuperen las tierras controladas por grupos criminales y adelanten los programas de sustitución de cultivos, una disposición del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC que les ofrece alternativas de cultivos legales a los cocaleros. Hay evidencias de que esto los está poniendo riesgo. Mantener los cultivos de coca es esencial para los grupos criminales, pues les permite continuar con sus operaciones, especialmente en uno de los corredores de tráfico de drogas más importante de Colombia.

De hecho, un reciente informe sobre la situación del programa de sustitución de cultivos de Colombia señala que los homicidios en los municipios donde se ha ejecutado el programa aumentaron drásticamente entre 2016 y 2017. Algunos de los mismos departamentos donde según el informe se presentaron graves aumentos en la violencia, como Chocó, se encuentran también en la región del Pacífico, y en ellos han sido asesinados muchos líderes sociales. Esto indica que al parecer el hecho de promover los cultivos alternativos se paga con la vida.

La incapacidad del Gobierno para hacer un seguimiento a la erradicación de cultivos de coca, entre otros factores, también ha llevado a que los líderes sociales y sus comunidades queden a merced de los grupos criminales, quienes los presionan para que sigan sembrando y cosechando coca. Según el informe, el programa de sustitución ha avanzado menos en las áreas con las mayores hectáreas de cultivos de coca, como Nariño, donde también ha habido un gran número de asesinatos de líderes sociales recientemente. Quizá ello se debe a la creciente influencia de los grupos criminales, junto con la falta de apoyo del gobierno en estas comunidades.

El creciente número de líderes sociales asesinados en la región del Pacífico colombiano, y en todo el país, es un claro ejemplo de lo que sucede cuando los líderes se oponen a las demandas de los grupos armados en áreas estratégicas donde pueden continuar sus actividades criminales.

* Ángela Olaya colaboró en la escritura de este artículo.

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