Un nuevo informe, de un prominente analista de temas de seguridad regional, ofrece un análisis detallado de las limitaciones de una estrategia de disuasión en México; algo que el gobierno de Peña Nieto parece estar probando en su primer año de mandato.
El informe, titulado "Disuasión enfocada, objetivos selectivos, narcotráfico y crimen organizado: Conceptos y aspectos prácticos" (Focused deterrence, selective targeting, drug trafficking and organised crime: Concepts and practicalities), fue publicado por el International Drug Policy Consortium a principios de este año. Su autor es Vanda Felbab-Brown, un miembro del Instituto Brookings y veterana de las cuestiones de seguridad mexicanas, que ha comparecido ante el congreso estadounidense e hizo un extenso trabajo de campo durante el gobierno de Calderón.
Un enfoque disuasivo frente al crimen organizado sostiene que el gobierno no debe tratar a todos los grupos y actividades criminales de la misma manera, sino que más bien debe dar prioridad a la pandilla más peligrosa o a los crímenes que más afectan a la sociedad. Los elementos de este enfoque parecieron estar ausentes durante los primeros años del gobierno de Felipe Calderón (2006 - 2012), en donde el gobierno puso mucho énfasis en una ofensiva frontal e hizo uso de la retórica prometiendo no dar "(...) ni un paso atrás (...)" en la lucha contra los grupos criminales.
La estrategia de Calderón incluyó un marcado incremento en los arrestos relacionadas con el consumo de drogas, lo que provocó que las cárceles de México se inflaran y llevó a muchos a comparar su enfoque con el estadounidense. Pero a diferencia de Estados Unidos, el cual comenzó a ver una reducción constante de los crímenes violentos a partir de los años noventa, el mandato de Calderón también coincidió con un fuerte aumento de las tasas de homicidio, extorsión y secuestro, entre otros crímenes.
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En respuesta, muchos analistas pidieron un nuevo enfoque, en el cual se declararían como una prioridad a los grupos más peligrosos. Los detalles de las propuestas disuasorias son variados, desde los llamados generales para perseguir a los Zetas (o cualquier grupo percibido como el "más violento") hasta los programas específicos y elaborados, como la propuesta de Mark Kleiman para un sistema de puntuación utilizado para determinar la pandilla más peligrosa en México, que luego sería un blanco de destrucción por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas.
Los elementos del enfoque de disuasión han hecho su camino de manera continua para ser parte de la estrategia del gobierno mexicano, primero bajo el mandato de Calderón (el cual tuvo como prioridad, primero, a los Zetas y, más adelante en los últimos años de su presidencia, a la Familia Michoacana) y ahora bajo el de Enrique Peña Nieto (quien ha declarado a los actores violentos en general como su principal objetivo). Por desgracia, como demuestra Felbab-Brown, esto no se traduce en ganancias importantes en materia de seguridad para México.
Análisis de InSight Crime
La disuasión tiene un largo historial de éxito en diferentes lugares de Estados Unidos, siendo Boston el ejemplo más famoso. La lógica de la disuasión, en la que el puro egoísmo lleva a las pandillas a llevar a cabo operaciones menos violentas, es idónea. ¿Por qué entonces, al parecer, no ha funcionado en México?
Felbab-Brown ofrece una serie de posibles explicaciones, muchas de las cuales están relacionadas entre sí. Un obstáculo importante para un programa disuasivo similar al de Boston es la corrupción: si los agentes estatales a cargo de combatir la delincuencia están, en cambio, favoreciéndola, la lógica de la disuasión se desmorona por completo. La corrupción, por supuesto, sigue siendo un problema grave en México, tanto a nivel de las tropas y soldados encargados de llevar a cabo la estrategia, como a nivel de sus superiores encargados de diseñarla. Si la corrupción es más un problema endémico que una molestia menor, cualquier política de seguridad, sin importar lo bien diseñada que esté, va a tener problemas.
El panorama mexicano es también diferente al de las ciudades estadounidenses, en el que hay un gran número de actores sumamente violentos y de gran alcance, por lo que es mucho más difícil distinguir a los grupos a los que se debería atacar primero, estableciendo así un ejemplo para el resto. Como se mencionó anteriormente, Calderón se centró principalmente en los Zetas y la Familia Michoacana, ambos cuya conducta justificó una atención especial. No obstante, esta política favoreció tácitamente al Cartel de Sinaloa, el grupo detrás de una parte de la desproporcionada violencia durante la era de Calderón, particularmente en Ciudad Juárez, la cual se convirtió en la ciudad más violenta del mundo. No está claro que Calderón estuviera teniendo, de manera injustificada, a los Zetas como blanco, pero cualquier política de disuasión que premie al Cartel de Sinaloa incentiva naturalmente una conducta muy peligrosa.
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Felbab -Brown también señala que la concentración eficaz de los recursos públicos en México es un reto. En otras palabras, los ejecutores de la estrategia no son capaces de cumplir su función. Eliminar a un grupo como el Cartel de Sinaloa o los Zetas, los cuales combinan el alcance internacional con el arraigo local, es una tarea monumental. Por otra parte, las fuerzas de México son, hasta cierto punto, temporales: cambios institucionales constantes, desde las reformas judiciales y reorganizaciones policiales a la reciente tendencia hacia la fuerte dependencia de las fuerzas armadas, significan que los agentes estatales, que deberían detener y disuadir a los criminales, están aprendiendo sobre la marcha.
Otra posibilidad, que es tanto la más estimulante como la más difícil de probar, es el tiempo. En Boston, con un ambiente criminal relativamente contenido cuya población metropolitana total es únicamente de 4,5 millones, la comunicación de la nueva serie de incentivos entre los diferentes grupos criminales es un proceso relativamente rápido. Del mismo modo, coordinar las actividades entre los organismos pertinentes que operan en Boston, a fin de establecer el elemento de disuasión, es un ejercicio relativamente simple.
En México, existen varios organismos competentes a nivel federal, desde la Procuraduría General de la República o PGR (equivalente al Departamento de Justicia y las Fiscalías en otros países) y la Secretaría de Gobernación, hasta las diferentes ramas de las fuerzas armadas; 32 gobiernos estatales diferentes, cada uno de ellos con varios de sus respectivas secretarías jugando un papel; y 2.438 gobiernos municipales. Aún sin tener en cuenta la corrupción rampante, la coordinación de actividades entre un gran número de actores, es un proceso largo.
Del mismo modo, con tantos grupos criminales operando en México y un paisaje que cambia drásticamente de un año a otro es, inevitablemente, más complicado que en una ciudad, establecer modos permanentes de interacción entre las diferentes pandillas. Algunos grupos pueden absorber el mensaje del gobierno de que mantener a un mínimo la violencia tiene su recompensa, pero sus competidores pueden ver esto como una oportunidad para manipular a un grupo "más suave". En otras palabras, incluso más que con las agencias, es inevitable que se tome mucho tiempo para conseguir que tantos grupos diferentes operen según los mismos incentivos.
Puede ser, entonces, que con un poco de paciencia, las reducciones esperadas en las tasas de criminalidad se hagan evidentes más pronto. Si el tiempo es el mayor obstáculo para el enfoque de disuasión, es algo bueno: en este escenario, los resultados positivos inevitablemente se manifestarán y el actual presidente, en los primeros nueve meses de su sexenio, puede permitirse un poco de paciencia.
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