El aumento de linchamientos en Venezuela refleja el deterioro de un país en una crisis diversos niveles.
A septiembre de 2016 habían ocurrido en Venezuela 65 linchamientos de acuerdo a cifras oficiales conocidas extraoficialmente por InSight Crime. El año anterior solo hubo 10 incidentes similares de acuerdo a informes del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Un aumento del 650 por ciento.
Hasta 2015 las muertes de delincuentes a manos de turbas populares eran esporádicos, ocurrían en sectores rurales o suburbanos y no representaban una preocupación para el gobierno. A abril de 2016 grupos civiles o comunidades organizadas habían matado ya a 26 personas en todo el país, lo que hizo que la fiscal general Luisa Ortega Días elevara la alarmas.
La ira popular y la impotencia ante la inseguridad aparecen como las causas de una ola de linchamientos reportada este año en Venezuela, según las autoridades.
Uno de los casos reportados que tuvo más relevancia fue el de Roberto Fuentes Bernal, un chef de 42 años que fue ultimado a golpes y quemado en el sector Los Ruices de Caracas. Los residentes de la zona lo habían confundido con un delincuente. Los hechos que desencadenaron su muerte fueron grabados y difundidos en las redes sociales.
Por este caso fue detenido un hombre de 23 años, señalado de haber generado la alarma que desencadenó la ira popular contra el cocinero. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la que prohibió la divulgación de contenidos audiovisuales sobre linchamientos.
La mayoría de los linchamientos ha ocurrido con posterioridad al pronunciamiento de la Fiscal General en abril.
Aunque la Fiscalía reportó solo 10 casos en 2015 la misma fuente reconoció que hubo tan solo 10 casos. No obstante, recuentos efectuados por consultoras privadas indican la existencia de cifras más elevadas. Además, por cada linchamiento letal ocurren por lo menos otros tres episodios en los que la muerte del supuesto delincuente no se da debido a la acción de cuerpos policiales.
Los estados donde han ocurrido las mayores cantidades de muertes por linchamiento son Monagas (20), Miranda (9), Zulia y Carabobo (7 respectivamente). En total han ocurrido linchamientos en 13 de los 24 estados del país.
Análisis de InSightCrime
Las altas tasas de homicidios en Venezuela, la impunidad y la crisis económica y política, parecen haber creado una mezcla tóxica en donde la justicia a veces se subcontrata a las masas.
Dependiendo a quién se le pregunte, las tasas de homicidios varían entre 59 y 91 por cada 100.000 habitantes. El gobierno de Maduro ha sido incapaz de lidiar con la violencia y criminalidad, en especial después de enfrentarse a dificultades por los decrecientes precios del petróleo y la constante devaluación de su moneda.
Los linchamientos encajan en este contexto. Aparecen como una forma de “justicia popular” que cuenta con la aprobación, abierta o tácita, de extensas capas de la población venezolana. Las acciones esporádicas del Ministerio Público para penar a quienes participan en estas muertes no parecen surtir efecto.
Investigaciones de grupos focales efectuadas en varias partes del país confirman la apreciación. Según el criminólogo y docente de la Universidad de Los Andes (Mérida) Freddy Crespo, que dirigió uno de estos trabajos, “los linchamientos no son percibidos como homicidios sino como justicia por retaliación”. Según el investigador, los policías que actúan para impedir los linchamientos son mal vistos por las comunidades, y son señalados de que “protegen” a los delincuentes.
Crespo dice, además, que los linchamientos se inscriben dentro de una tendencia que revela la involución de la sociedad venezolana hacia “microestados primitivos”.
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Según el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, los linchamientos cuentan con la aprobación de alrededor del 66 por ciento de la población, toda vez que son vistos como una forma expedita de impartir justicia.
En Venezuela, según las cifras del Ministerio Público, queda sin sanción el 98 por ciento de los delitos. En el caso de los homicidios, la impunidad se ubica en 92 por ciento. Esto hace que el ciudadano común opte por fórmulas alternativas para resarcir los daños que infligen los antisociales.
El descontento y la impotencia han ocasionado la formación de grupos de “vigilantes” en comunidades de Caracas y del interior del país, que a menudo colocan avisos para advertir a los delincuentes sobre la suerte que correrán si son detenidos por la acción popular.