Todos los altos funcionarios incluidos en una lista del gobierno de Estados Unidos sospechosos de corrupción en Centroamérica han sido condenados por sus crímenes, pero la ausencia de otros sobre quienes hay sospechas plantea dudas acerca de las indulgencias con respecto a las malas conductas de las élites de la región.
La lista, publicada la semana pasada, pretendía proporcionarle al Congreso las identidades de los altos funcionarios de los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) "que se sabe que han cometido o facilitado graves actos de corrupción o tráfico de estupefacientes". Sin embargo, el Departamento de Estado incluyó solamente a individuos que ya habían sido declarados culpables de alguno de los crímenes mencionados.
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En julio de 2018, el Congreso había pedido que la Secretaría de Estado presentara el informe, en coordinación con el Departamento de Defensa.
La lista, que excluye a altos funcionarios sospechosos de crímenes pero que aún no han sido condenados, recibió duras críticas de la congresista estadounidense Norma Torres, quien fue la que solicitó el informe inicialmente. La congresista dijo en un comunicado que "el gobierno de Estados Unidos tiene conocimiento de muchos, muchos funcionarios corruptos en Centroamérica que no fueron incluidos en el informe".
Torres, la única representante centroamericana ante el Congreso, ha prometido presionar al Departamento de Estado para que divulgue más nombres.
Análisis de InSight Crime
Al incluir en su lista solamente a los funcionarios que ya han sido condenados por sus crímenes, el informe del Departamento de Estado ha reducido la presión sobre los gobiernos del Triángulo Norte en un momento en el que las administraciones actuales de los tres países están presuntamente vinculadas con corrupción y tráfico de drogas.
En Guatemala, el presidente Jimmy Morales está siendo investigado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), por sospechas de financiamiento ilícito de campaña durante las elecciones presidenciales de 2015. Morales intentó por muchos medios expulsar a la CICIG de Guatemala, una medida que fue bastante criticada nacional e internacionalmente.
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En 2015, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, confesó haber usado fondos de supuestos actos de corrupción para ayudar a financiar su carrera presidencial durante el año anterior. Hernández fue reelegido en noviembre de 2017, a pesar de las denuncias de fraude electoral.
Además, el hermano del presidente, Juan Antonio Hernández Alvarado, fue detenido en Miami por cargos de narcotráfico. Tony Hernández, como se le conoce, es el más reciente de varias autoridades hondureñas cercanas al presidente del país que han sido acusadas de tráfico de drogas por fiscales de Estados Unidos.
La lista incluye a dos expresidentes de El Salvador, Antonio Saca y Mauricio Funes, quienes han sido condenados por lavado de dinero y malversación de fondos. Pero la misma lista no nombra a nadie en el partido de gobierno de El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque uno de sus principales miembros es presuntamente persona de interés en una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) y la Oficina Federal de Investigación (Federal Bureau of Investigation, FBI).
Los recientes esfuerzos de Estados Unidos por combatir la corrupción en la región se han centrado principalmente en el retiro de visas a los funcionarios de niveles inferiores relacionados con el financiamiento irregular de campañas y con otras actividades ilícitas.
El informe se presenta además poco después de que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la suspensión de cientos de millones de dólares en ayuda para el Triángulo Norte —dinero que quizá era utilizado para financiar los programas de lucha contra la corrupción, entre muchos otros proyectos para el desarrollo—. Antes de retirar los fondos, Trump había criticado a los tres gobiernos por no hacer lo suficiente para detener las caravanas de migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, la administración Trump ha guardado silencio frente a la presunta mala conducta de los presidentes de Honduras y Guatemala.
Estados Unidos parece estarse debatiendo entre dos prioridades de política exterior: detener la migración centroamericana y mantener relaciones positivas con importantes socios regionales en temas de narcotráfico.
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