Unión Europea y naciones caribeñas enfrentadas por lista negra de lavado de dinero

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La nueva lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea incluyó cuatro países del Caribe que se consideraron de alto riesgo, a lo que delegados de sus gobiernos respondieron con acusaciones de parcialidad. Pero, ¿por qué se incluyó estos países en la lista y qué pueden hacer para salir de ella?

A comienzos de mayo, la Unión Europea publicó su lista de países que no han abordado a cabalidad las amenazas de lavado de dinero y financiación de terrorismo; entre ellos están Las Bahamas, Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago. Panamá fue el único país de Latinoamérica que se sumó a la lista.

La lista está basada en recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La lista negra de la Unión Europea usa como punto de partida la lista de vigilancia del GAFI y sirve como mecanismo para implementar la rendición de cuentas a los países incluidos, pues el GAFI no tiene facultades de vigilancia y control propias.

Las consecuencias para los países incluidos en la lista negra pueden ser serias. Está prohibido para cualquier empresa de estos países recibir nuevos dineros de la Unión Europea, mientras que los bancos europeos y otras entidades financieras deben realizar inspecciones más rigurosas sobre las transacciones relacionadas con los países de la lista.

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Aunque, en teoría, los países solo tienen que mostrar un avance tangible y positivo en las áreas recomendadas para salir la lista de la Unión Europea, no se ha retirado a ningún país latinoamericano de la misma desde su creación en 2016.

La condena de los países incluidos fue casi unánime: acusaron a la Unión Europea de tomar una decisión arbitraria que desconoce los avances hechos con poco o ningún preaviso.

Para complicar aún más las cosas, la lista negra de 2020 incluyó una revisión de la metodología para identificar terceros países en alto riesgo, lo que implica que las naciones no tienen ejemplos anteriores concretos para tomar como referencia para ser retirados de la lista.

La condena de los países incluidos fue casi unánime: acusaron a la Unión Europea de tomar una decisión arbitraria que desconoce el avance hecho con poco o ningún preaviso.

A continuación, InSight Crime analiza las razones por las que se incluyó a cada país en esa lista.

Las Bahamas

Las Bahamas tienen razones para sentir que fue injusta su inclusión en la lista negra. En el mes de febrero, el GAFI decidió que el país había completado un plan de acción para resolver sus vulnerabilidades relacionadas con el lavado de dinero. Una valoración en terreno estaba programada para retirar a las Bahamas de la lista de seguimiento del GAFI (de la que se extrae la lista de la UE), pero se aplazó por las restricciones de viaje debido al coronavirus.

Cuando se haga la valoración, se juzgará a las Bahamas sobre avances específicos, que incluyen el refuerzo de su sistema financiero frente al lavado de dinero y la financiación del terrorismo mediante la implementación de procedimientos según el riesgo, puesta en común de información con aliados internacionales y vigilancia y control, recolección y verificación de propiedad beneficiaria y un compromiso probado en la resolución de casos de lavado de dinero, incluyendo casos complejos en los que las ganancias pudieron originarse en el exterior.

En septiembre de 2019, el fiscal general de Bahamas Carl Bethel declaró que el país ha hecho grandes avances en la lucha contra el lavado de dinero, con la puesta en firme de 40 condenas por lavado de activos en cuatro años y una demonstración de voluntad para investigar y procesar judicialmente todos los tipos de lavado de dinero.

La Unión Europea declaró que, en espera de la valoración del GAFI, no tenía información suficiente que confirmara que las “deficiencias estratégicas [de las Bahamas] se habían resuelto efectivamente”.

Esta explicación no le bastó a Bethel, quien recriminó a la Unión Europea por su decisión, diciendo que era “un acto hostil por parte de uno de los bloques económicos más grandes del mundo” para tratar de obligar a las Bahamas a implementar un “impuesto a la renta corporativa”. Rechazó que la Unión Europea simplemente estuviera siguiendo las recomendaciones del GAFI, pues Trinidad y Tobago salió de la lista de seguimiento a delitos financieros del Grupo de Acción Financiera en febrero de 2020 y aun así sigue en la lista negra de la UE.

Las Bahamas salió recientemente de otra lista de la UE. En febrero de 2020, la Unión Europea retiró al país de su lista de jurisdicciones no cooperadoras con fines fiscales, y felicitó a la nación isleña por la “implementación de las reformas necesarias para cumplir los criterios de la Unión Europea en temas de gobernanza fiscal y cooperación en temas tributarios”.

Barbados

La lista negra incluía cinco aspectos que Barbados debía mejorar. El primero y quizás el más importante es una falta de “supervisión con base en el riesgo” para sectores y empresas susceptibles de ser objeto de lavado de dinero, como bancos, casinos, agentes de bienes raíces y comerciantes de metales preciosos.

Los demás apuntaban a problemas generales en el actual sistema Barbados para combatir el lavado de dinero, que incluye conocimiento de la propiedad completa de las empresas registradas en el país, así como los pocos resultados en procesos judiciales y confiscaciones de activos en casos de lavado de dinero. Y aunque Barbados tiene una Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), el seguimiento del GAFI determinó que aún presentaba falencias en las que debía trabajar, entre ellas el mejoramiento de “la calidad de su información financiera para un mejor apoyo a los organismos de la ley”.

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En enero de 2020, el exministro de industria y comercio de Barbados, Donville Inniss, fue declarado culpable de lavado de dinero en Nueva York por su intento de blanquear sobornos recibidos de una aseguradora de Estados Unidos.

A Barbados no le cayó bien la falta de comunicación de la Unión Europea. El fiscal de Barbados, Dale Marshall, condenó la acción de la UE cuando declaró al Jamaica Observer que eso equivalía a poco más que una condena sin juicio. “No hemos recibido pormenores de esto, y de hecho la primera vez que oímos de esto es por medio de la prensa internacional”, señaló.

De ser cierto eso, contradice la declaración de la Comisión de la Unión Europea de que “informó con anticipación a terceros países de su intención de incluirlos en la lista y les proporcionó los resultados de su análisis”.

Jamaica

Como lo admiten los mismos jamaiquinos, el lavado de dinero es un problema serio en la isla. En septiembre de 2019, el ministerio de seguridad nacional de Jamaica estimó que el lavado de dinero representa cerca del 2,8 por ciento del PIB nacional y lo calificó como un “peligro evidente y presente para el país”. En febrero de 2020, el ministro de finanzas y servicio público de Jamaica, Nigel Clarke, declaró al Jamaica Gleaner que, aunque el país había hecho avances, “queda por hacer un trabajo importante”.

Al igual que Barbados, Jamaica se encuentra ahora tanto en la lista de seguimiento del GAFI como en la lista negra de la Unión Europea, con seis áreas importantes por resolver con el fin de tener una oportunidad de salir de alguna de las dos. Para empezar, Jamaica debe desarrollar un concepto más amplio de su riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo, antes de poder siquiera comenzar a mejorar su supervisión según el riesgo.

Esta falta de información parece afectar otras deficiencias en Jamaica pues, de existir, permitiría al país aumentar las investigaciones por lavado de dinero usando información financiera para cerrar vacíos en su regulación. También se dijo a Jamaica que mejorara sus barreras a la financiación terrorista, en especial por medio de organizaciones sin ánimo de lucro. Este es el único país de Latinoamérica y el Caribe de la lista que presenta dicha deficiencia.

Sin embargo, la decisión parece estar altamente politizada dentro de Jamaica, pues provoca afrentas hacia la Unión Europea de parte de la administración de turno.

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Según Clarke, la decisión fue arbitraria, basada en un cambo técnico en la medida de la dimensión económica del GAFI, lo que significa que Jamaica superó por primera vez el umbral del GAFI en activos financieros y “fue incluido en la lista de países que el GAFI observaría y vigilaría”, dijo al Jamaica Observer. Sin embargo, la oposición de Jamaica, el Partido Popular Nacional, ha declarado que el gobierno debe aceptar su responsabilidad por haber sido añadido a la lista negra financiera de la UE y que eso “ponía en peligro a Jamaica”.

Trinidad y Tobago

En febrero de 2020, el GAFI felicitó a Trinidad y Tobago por su progreso en la solución de las deficiencias en su estrategia de lavado de dinero y sacó oficialmente al país de su lista de seguimiento. Pero el país isleño sigue en la lista negra de la UE, ya que como lo adujo el bloque, la información disponible no le permitía concluir si Trinidad y Tobago había resuelto sus deficiencias en este momento, en especial en lo tocante a la propiedad beneficiaria para contratos legales.

Esto demuestra que aunque la valoración del GAFI pueda tener bastante influencia en la UE, el bloque no acepta ciegamente las decisiones del grupo y más bien se ciñe a su propia metodología.

La propiedad beneficiaria se refiere a cuando el dueño de un activo puede enmascarar su control y su dinero invirtiéndolo en estructuras como fideicomisos, cuentas y empresas offshore, con frecuencia a nombre de un abogado o contador. Esto hace prioritario para la UE y el GAFI que los países recolecten información sobre los propietarios beneficiarios, además de los legales, de todos los activos y estructuras.

Hasta 2019, Trinidad y Tobago no exigió a las empresas que acopiaran, mantuvieran e informaran esta información esencial. Sin embargo, una enmienda a la Ley de Emprendimiento cerró ese vacío en el marco legal del país.

InSight Crime no encontró respuesta pública por parte de Trinidad y Tobago, quizás porque no hay una variación de su condición o porque la Comisión de la Unión Europea prometió dar prioridad a su revisión de los esfuerzos del país contra el lavado de dinero.

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