Cuando el excomediante Jimmy Morales fue elegido como presidente de Guatemala, apoyado por el Frente de Convergencia Nacional (FCN) el pasado octubre, su victoria marcó la conclusión de la que pudo ser una de las semanas más tumultuosas que haya vivido el país desde el final, en 1996, de una guerra civil que duró treinta años.
El país más poblado y la mayor economía de Centroamérica, Guatemala ha sido llamada muchas veces la Tierra de la Eterna Primavera, debido a su clima templado de montaña. Hacia la década de 1980, en medio de una larga guerra civil que ya sumaba tres décadas, alguien añadió "Tierra de la Eterna Tiranía" a la descripción, en referencia a su larga lista de cruentos gobiernos militares.
En los veinte años que han transcurrido desde entonces, los guatemaltecos han disfrutado la democracia, o algo así. Las elecciones se realizaron según lo previsto y con regularidad, y una serie de presidentes civiles de partidos políticos de diferentes franjas ideológicas se han alternado al timón de la nave estatal. La violencia y la corrupción, a menudo con complicidad de los funcionarios, sin embargo, han seguido ensombreciendo el horizonte político del país, a menudo combinado con una impunidad extendida y corrosiva que favorece a quienes la perpetúan.
Este artículo se publicó originalmente en el blog del autor, y se publica y traduce aquí con autorización.
Luego de los acuerdos de paz de 1996, los presidentes Álvaro Arzú, del Partido de Avanzada Nacional y su sucesor, Alfonso Portillo, del Frente Republicano Guatemalteco (del exdictador Efraín Ríos Montt, protagonista de algunos de los peores abusos contra los derechos humanos durante la guerra civil), implementaron sin mucho entusiasmo, por decir lo menos, muchas provisiones claves de los acuerdos de paz. Para entonces, las redes criminales clandestinas en Guatemala llevaban una década de inserción exitosa en casi cualquier manifestación del estado.
Para el 2005, el gobierno del entonces presidente Óscar Berger alertó que Los Zetas, a la sazón guardias del Cartel del Golfo de México y, desde 2010, organización narcotraficante independiente de pleno derecho, estaban reclutando Kabiles, escuadrón de operaciones especiales del ejército guatemalteco, entrenados para el combate en la selva y en tácticas antiinsurgentes, y que ostentaban un espantoso registro de violaciones de derechos humanos, incluso para Guatemala. Los Zetas expandieron su control sobre el país casi al tiempo en que tomó posesión Álvaro Colom, quien había sido elegido el mes de enero anterior como candidato de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de centro izquierda, y su gobierno sin embargo estaría marcada por la violencia.
El asesinato en julio de 2010 de Obdulio Solórzano, exdiputado de Escuintla y miembro del comité ejecutivo de UNE, cuando conducía por el distrito Zona 13 de Ciudad de Guatemala, permitió revelar cuán profundos eran los lazos entre el crimen y la política.
Después de su periodo en el congreso de Guatemala, Solórzano había pasado a dirigir el Fondo Nacional para la Paz, organización gubernamental creada en 1991 con el propósito declarado de financiar programas para la erradicación de la pobreza. Durante su permanencia en el cargo se descubrió que no podía justificarse 1.400 millones de quetzales (moneda guatemalteca), y que se había sobrevaluado los proyectos de unas 32 ONG hasta por valor de Q93 millones 7 mil quetzales. Fue destituido en junio de 2009.
Según un funcionario guatemalteco con el que hablé, Solórzano había sido por mucho tiempo el enlace entre el capo de la droga de San Marcos Juan "Chamalé" Ortiz —a quien se le atribuye el ingreso de Los Zetas a Guatemala— y de otros narcotraficantes y ciertos elementos del UNE. Se especuló que algunas de las inconsistencias contables durante su periodo en Fonapaz fueron intentos por lavar ganancias de las drogas ilícitas. José Rubén Zamora, editor de El Periódico, de Guatemala, diría luego que el general del ejército de Guatemala Mauro "Gerónimo" Jacinto (que también fue asesinado más adelante) le describió cómo Solórzano había desviado millones de dólares de narcotraficantes, como Juancho León, y de Los Zetas mismos a las arcas de campaña de UNE para ayudar al triunfo de Colom en la segunda ronda de la contienda sobre el exgeneral Otto Pérez Molina.
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Después de los comicios presidenciales en noviembre de 2011 —que en la ronda final tuvieron el triunfo de Otto Pérez Molina sobre un congresista de El Petén con reputación igual de dudosa, de nombre Manuel Baldizón, Pérez Molina anunció que su gobierno tendría "un plan estratégico para combatir el narcotráfico... en coordinación con las autoridades de Estados Unidos y México".
Pero las cosas eran más turbias de lo que parecía, como quedó demostrado cuando el piloto personal de Pérez Molina, Haward Gilbert Suhr, fundador del grupo Aeroservicios Centroamericanos, S.A. (en el que Pérez Molina era accionista) fue arrestado junto con otras doce personas en San Pedro Sula, Honduras, acusado de transporte de estupefacientes para el cartel de Sinaloa en México.
Finalmente, en octubre último, Otto Pérez Molina renunció en medio de un escándalo que había tocado la punta misma del establecimiento político del país, y al día siguiente estaba en la cárcel. La exvicepresidenta del país (renunció en mayo), Roxana Baldetti, había sido arrestada y enviada a la cárcel el 21 de agosto. Ambos están acusados de dirigir una red criminal conocida como La Línea mientras actuaban en sus cargos.
Los arrestos de los dos políticos más poderosos del país se dieron después de masivas manifestaciones callejeras en todo Guatemala, y representaron quizás el clímax que haya tenido hasta ahora la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo avalado por la ONU, que funciona en el país desde 2007, encargada de investigar las organizaciones criminales y poner al descubierto sus vínculos con el estado. Liderada por el juez colombiano Iván Velásquez Gómez, la agilidad con la que la CICIG, junto con el Ministerio Público de Guatemala, motivó la caída del gobierno fue asombrosa, en especial porque a Pérez Molina sólo le quedaban algunas semanas en su cargo después de las elecciones presidenciales de este año.
Y ¿ahora qué pasa en Guatemala? El FCN del presidente electo Jimmy Morales fue fundado por exmilitares inclinados al espectro militar de la extrema derecha en el país, incluyendo a José Luis Quilo Ayuso, socio del exdictador Efraín Ríos Montt, que en la actualidad enfrenta la posibilidad de un juicio por genocidio.
¿Marcarán los eventos de los últimos meses una ruptura definitiva con el pasado corrupto de Guatemala? A pesar de los valientes esfuerzos de la sociedad civil de Guatemala.
Las organizaciones criminalas guatemaltecas siguen haciendo uso de hampones callejeros como su infantería, según lo evidenció un evento sucedido hace algunos años en el letal y disfuncional sistema carcelario del país, específicamente la Varones en el distrito de la Zona 18 de Ciudad de Guatemala, como me lo describió alguien que tiene conocimiento directo del caso.
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El impulso para la crisis fue precipitado al parecer por la presencia en el penal de dos reconocidos secuestradores, Rigoberto Morales Barrientos, alias Rigo Rico, y Jorge Mario Moreira, alias El Marino. Se dice que un alto oficial del gobierno recibió alrededor de 2 millones de quetzales (unos US$250.000) de las familias de las víctimas de los secuestradores para que facilitara su ejecución dentro de la prisión. Decidido a matar dos pájaros con una piedra, esta persona trasladó a Morales Barrientos y a Mario Moreira a dos celdas vecinas junto con otros dos reclusos de alto perfil. Estos internos eran Axel Danilo Ramírez Espinoza, conocido como El Smiley, miembro confeso de la banda Mara Salvatrucha acusado de participar en una ola de asesinatos de conductores de bus ocurridos en 2009, y Daniel Pérez Rojas, alias El Cachetes, ciudadano mexicano preso ese año por su participación en el homicidio en marzo de 2008 del capo de la droga Juancho León. Poco después del traslado de los reclusos, la CICIG recibió información fiable que decía que los hombres serían asesinados en cuestión de horas, y envió una delegación a la cárcel con el pretexto de que se les donarían cámaras en circuito cerrado y que debía determinar exactamente cuántas se necesitaban. Una vez adentro, hallaron a los prisioneros en dos celdas al lado de varios pandilleros a quienes se halló en posesión de varias armas de fuego y otras armas. Se trasladó a los reclusos amenazados, y nunca se hizo público el incidente.
La presidencia de Morales, que, pese a que muchas veces se representa erróneamente como un recién llegado en la prensa anglófona, es creación de algunos de los sectores más recalcitrantes de la sociedad guatemalteca, hace difícil creer que Guatemala no está entrando en un momento clave en su batalla contra la impunidad y la corrupción y que, en uno o dos años, los ciudadanos guatemaltecos estarán de nuevo protestando en las calles.
*Michael Deibert es periodista y autor de varios libros, el más reciente de los cuales es In the Shadow of Saint Death: The Gulf Cartel and the Price of America's Drug War in Mexico (Lyons Press). Este artículo apareció publicado originalmente en su blog, y se publica y traduce aquí con autorización.
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