Los 3 principales retos de seguridad que enfrentará el próximo presidente de Honduras

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Como líder de la nación más peligrosa del mundo, el próximo presidente de Honduras se enfrentará a una serie de desafíos únicos de seguridad. Su respuesta a éstos puede determinar si el país comienza a cambiar de rumbo o si se acerca a convertirse en un narco-Estado.

Juan Orlando Hernández, miembro del mismo Partido Nacional, de orientación conservadora, que el actual presidente Porfirio Lobo, iniciará sus funciones el 27 de enero de 2014. Ha sido presidente del Congreso desde 2010, donde ha promovido medidas como la creación de una fuerza de policía militar y una ley de 2012 que autoriza las extradiciones.

Sin embargo, el nuevo presidente se enfrenta a una situación de seguridad que ha empeorado considerablemente desde el golpe militar de 2009, el cual derrocó al expresidente Manuel Zelaya, de izquierda, y sumió al país en una agitación económica y política. Desde entonces, el caos ha crecido hasta convertir a Honduras en el país más peligroso del mundo -la tasa de homicidios alcanzanda en 2011 fue de 91,6 por 100.000, según la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Hernández también se enfrenta a un país con una pobreza generalizada -en 2010, el 66,2 por ciento de la población vivía en condiciones de pobreza, la tasa más alta de cualquier país de las Américas con datos disponibles listados por la OEA.

Aunque el nuevo presidente es considerado como un político muy influyente -un analista hondureño dijo a Reuters que su poder “supera el del mismo presidente Porfirio Lobo”- aún está por verse si puede o va a aplicar con éxito las políticas que comenzarán a sacar al país de este agujero. Su respuesta a los problemas de seguridad del país puede determinar si los elementos que han impulsado el debate sobre si Honduras podría convertirse en un estado fallido –incluidas las instituciones estatales débiles y corruptas, los grupos criminales cada vez más poderosos y los niveles epidémicos de violencia– se consolidarán aún más durante su presidencia o comenzarán a cambiar.

A continuación se encuentra un análisis sobre los tres grandes retos de seguridad a los que se enfrentará Hernández, y de cómo podría abordarlos.

Organizaciones Criminales Transnacionales y extradición

En entrevistas con InSight Crime, tanto el exministro de Seguridad, y ahora ayudante de campaña de Hernández, Oscar Álvarez, y el analista hondureño de seguridad Eugenio Sosa, identificaron la creciente presencia del crimen organizado trasnacional como uno de los principales retos de seguridad que enfrenta el país. Honduras se ha convertido en un importante punto de tránsito para los vuelos con cocaína con destino al norte –según el Departamento de Estado de Estados Unidos, hasta el 87 por ciento de los vuelos provenientes de Suramérica con destino a Estados Unidos pasan a través del país. Al mismo tiempo, se ha visto un crecimiento en la presencia de organizaciones criminales transnacionales, incluyendo los Zetas y el Cartel de Sinaloa de México, así como la evolución de los grupos criminales nacionales, tales como los Cachiros, un grupo de transporte de drogas que sirve de enlace entre las organizaciones colombianas y mexicanas.

Como Julieta Castellanos, directora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), dijo a InSight Crime, la expansión de esta presencia en Honduras ha visto una evolución preocupante en los modos de violencia. Estos han incluido un aumento en las masacres y el desmembramiento de los cuerpos de las víctimas; patrones similares a lo que se ha visto de las organizaciones criminales en México.

Hernández prometió ser un presidente duro con los criminales, diciendo: “Haré lo que tenga que hacer para erradicar la delincuencia”, informó la agencia EFE.

Según Álvarez, Hernández tiene planes para afrontar este aumento en el tráfico, particularmente, identificando y obligando a aterrizar a los aviones con droga que vuelen por el espacio aéreo. La administración saliente parece decidida a facilitar esto -Lobo anunció recientemente la compra de US$30 millones en radares para detectar aviones, y el Congreso aprobó una ley de derribo para aviones sospechosos de contener droga.

Mejorar la infraestructura no será suficiente para detener el crecimiento de las organizaciones criminales. Sosa dijo a InSight Crime que el país necesitaba poner más energía en operaciones de inteligencia, y dijo que el cuerpo de policía militar promovido por Hernández estaría más centrado en operaciones fronterizas especializadas que en delincuencia callejera.

Hernández también fue esencial en impulsar la controvertida ley de extradición, la cual en teoría permite que el destino de los criminales hondureños se ponga en manos del sistema de justicia de Estados Unidos. Ningún criminal ha sido aún extraditado bajo la ley, pese a que la  Corte Suprema anunció recientemente que estaba procesando cinco solicitudes de extradición, sin dar nombres. Es probable que Hernández continúe promoviendo la extradición como una herramienta legal para combatir el crimen organizado, dijo Álvarez a InSight Crime.

“Estamos listos para poner a esos tipos en el primer avión que salga”, dijo, refiriéndose implícitamente a los miembros del grupo de transporte de drogas los Cachiros.

Sin embargo, la conveniencia de utilizar la extradición para llevar organizaciones criminales ante la justicia es muy polémica. Se trata de un importante debate en la actualidad -se espera que Estados Unidos solicite la extradición de miembros de alto nivel de los Cachiros, a quienes se les confiscaron US$800 millones en bienes, el otoño pasado. El uso de la extradición para hacer frente a los déficits del sistema judicial de Honduras ha sido criticado como una externalización de la justicia, y como un caso en el que el país se está inclinando a la voluntad de Estados Unidos. Según Sosa, la corrupción de alto nivel presente en el país también podría bloquear el uso efectivo de este mecanismo.

Además, la extradición puede conducir a la violencia. Los narcotraficantes han amenazado al gobierno entrante, según Álvarez, y los asesinatos de alto perfil de un asesor presidencial y del principal fiscal contra el lavado de dinero del país, han provocado temores de que el crimen organizado monte un esfuerzo que evoque la sangrienta campaña política de Pablo Escobar a finales de la década de los ochenta, buscando proscribir la extradición en Colombia.

Maras y “mano dura”

Otro reto importante a la seguridad son las pandillas del país; aquí es donde la mayor parte del discurso de seguridad de Hernández se ha centrado hasta el momento.

Las “maras” de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13), así como otros grupos criminales, son los principales autores del secuestro y la extorsión, provocando el caos financiero en las empresas y comunidades de Honduras, así como en los otros países que componen el “Triángulo Norte”, Guatemala y El Salvador. Las maras de la región son más que amenazas localizadas –la MS13 fue designada como una organización criminal transnacional por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2012.

Las maras de Honduras también han desarrollado profundos lazos comunitarios en respuesta a las leyes contra las pandillas del gobierno, y hacen atractiva la membresía al ofrecer beneficios sociales a los miembros que no podrían recibir de otra manera.

En una reciente conferencia de prensa, Hernández comentó: “A los mareros, a los extorsionadores se les acabó la fiesta oscura que tanto daño le ha hecho a este país”.

Añadió que aquellos que optan por no renunciar voluntariamente a este estilo de vida “tienen la alternativa de irse del país, o si no irán a parar a la cárcel”.

Sin embargo, la estrategia que propone Hernández, del tipo de “mano dura”, ha demostrado tener un efecto perverso sobre la violencia en toda Latinoamérica, llenando las cárceles de la región con reclutas fáciles para las pandillas. Esto también ha generado preocupaciones por los Derechos Humanos sobre la violación de las libertades civiles y la evaluación de los perfiles de los jóvenes.

A pesar de la caracterización de su estrategia por los analistas, como de mano dura, Álvarez dice que las propuestas de Hernández van más allá de simplemente ser duros con el crimen. Según el exministro de Seguridad, él está planeando un enfoque de tres partes que, además, involucra medidas económicas y sociales. Estas incluyen programas de prevención para evitar que los jóvenes participen en pandillas y una iniciativa de lucha contra la pobreza titulada “Vida Mejor”.

La retórica política, sin embargo, es barata. Y para tener un impacto en el problema de las pandillas, él tendrá que comprometer recursos reales en una estrategia a largo plazo que tiene como objetivo mejorar la infraestructura, las oportunidades económicas y los programas sociales de la misma manera que eso aborde la criminalidad. Frente a una crisis fiscal, Hernández puede llegar a tener problemas a la hora encontrar estos recursos.

Reforma institucional y reforma policial

Un tercer desafío relacionado -que podría decirse es el que Honduras enfrenta principalmente- es el de las instituciones severamente débiles y corruptas. Como dijo Sosa, “Si no tenemos un Estado funcional, no hay manera de confrontar [los otros] problemas”.

Castellanos, del mismo modo, identificó la debilidad del Estado como un factor que ha permitido, a los carteles y a los grupos nacionales, fortalecerse en el país, instalándose en zonas en las que es poco probable que sean tocados. El crimen organizado también ha penetrado profundamente las instituciones del Estado, en Honduras y en toda la región, dijo.

Las instituciones disfuncionales incluyen los sistemas judicial y penal. La impunidad es endémica en el país y, recientemente, varios jueces han estado bajo investigación por obstaculizar la justicia y por la emisión de sentencias que favorecen a los criminales. Los Cachiros, por su parte, se cree que han operado con el beneplácito de las élites económicas y políticas del país.

Pero las reformas más urgentes son necesarias en la fuerza policial. Hasta el 40 por ciento de los miembros tienen vínculos con el crimen organizado, según un funcionario, y la fuerza ha sido a menudo un actor directo en la violencia en el país. Como Lisa Haugaard, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), dijo a InSight Crime, una pregunta clave es si Hernández mostrará la voluntad política necesaria en la persecución de los elementos corruptos de la policía. El proceso de reforma de la policía del país, de dos años, tan sólo había llevado a siete despidos confirmados, a mediados de enero, pese a que numerosos oficiales han fallado las pruebas de confianza.

Álvarez dijo que Hernández probablemente aceleraría el proceso, declarando: “Él dijo que todo lo que haga el proceso más eficiente, está dispuesto a intentarlo”.

Sosa, por su parte, dijo que dudaba que ocurriera una limpieza sistemática y amplia y una reorganización de la fuerza.

Un principio fundamental de la estrategia del presidente, para llenar este agujero en las fuerzas de seguridad, es el uso continuo y la expansión de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que fue aprobada y comenzó a funcionar cuando fue presidente del Congreso. La unidad está compuesta de soldados que se desplegarán en las calles para combatir la criminalidad, y se espera que crezca a 5.000 miembros.

Hernández recientemente pidió al Congreso que le diera a la policía militar un estatus constitucional y aumentara su rango de responsabilidades, informó El Heraldo. Él también ha manifestado planes para mantener la fuerza en funcionamiento hasta que la policía nacional haya sido completamente purgada de funcionarios corruptos, en virtud del proceso de reforma en curso, informó EFE.

Según Sosa, la militarización de la seguridad, por ejemplo para combatir a las pandillas, puede traer resultados positivos en términos de la percepción de los ciudadanos de que el gobierno está enfrentando el problema. Incluso puede tener un efecto positivo a corto plazo, dijo, pero la estrategia es poco probable que sea sostenible en el largo plazo, en parte debido a que los recursos del gobierno son extremadamente limitados.

Castellanos llamó a la fusión de los papeles de la policía y de los militares, una estrategia “riesgosa” y problemática, no sólo en Honduras sino en toda la región, y dijo que no era un sustituto adecuado para una reforma policial integral.

Además, como señaló Haugaard, la estrategia de colocar a los militares en las calles, como refuerzo para una policía ineficaz, no logra llegar a la raíz del problema -los vínculos corruptos en la parte superior. La estrategia -que busca generar una estrecha colaboración entre la PMOP y la policía- también corre el riesgo implícito de “contaminación” de los militares por parte de los elementos corruptos de la policía, dijo Sosa.

Los retos de seguridad son numerosos e inmensos, y las propuestas de políticas de Hernández hasta el momento son incompletas y controvertidas. Hernández tendrá un comienzo complicado, incluso antes de comenzar su periodo -su victoria dejó un sabor amargo en la boca de los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación, quienes lo llamaron un fraude electoral. Él primero tendrá que reunir a un Congreso dividido, si su administración quiere cumplir con sus objetivos democráticamente, y al mismo tiempo lidiar con un devastado déficit fiscal.

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