Los ‘juku’ roban el producto de la minera estatal en Bolivia

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Los ladrones de minerales en Bolivia están persuadiendo a trabajadores vulnerables para que le roben a una empresa estatal de estaño, lo que parece tener un importante impacto en las actividades de minería ilegal de la nación suramericana.

Conocidos localmente como “jukus”, los ladrones de minerales de Bolivia cuentan con “coyotes”, o reclutadores, quienes conforman bandas de 20 o 30 personas para robar estaño de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en las ciudades de Oruro y Potosí, al sur del país, según informó El Deber.

A los mineros reclutados se les paga US$300 para que hagan parte de la red de ladrones. Con este dinero se paga la logística para robar los minerales, así como una contraseña utilizada por el grupo una vez está en la mina, que sirve como un “salvavidas” en caso de que el grupo encuentre algún adversario. Según El Deber, el kilo de estaño robado tiene un valor de US$30 en el mercado.

Uno de los mineros dice que un trabajador de la mina de estaño Huanuni los esperaba a la entrada, donde les entregaba la contraseña a cambio de dinero y luego les mostraba un túnel que conectaba directamente a la colina Posokoni, una de las minas de estaño más ricas de Bolivia. Según El Deber, había sacos ya ubicados en diferentes puntos para que los mineros ilegales colocaran el estaño extraído, lo cual hacía el trabajo “mucho más fácil”.

Otro de los trabajadores narra que, por todo lo que el grupo recogía, él ganaba US$1.700, más de tres veces los US$500 que invirtió en los costos del coyote, la extracción y el transporte. Algunos de los grupos más sofisticados utilizan vehículos todo terreno, armas de fuego, explosivos y camiones que pueden transportar hasta cinco toneladas de minerales extraídos, por valor de varias decenas de miles de dólares.

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Estas bandas han creado por lo menos 20 empresas fachada para mercadear el estaño robado y lavar las ganancias obtenidas, según dice el fiscal boliviano Orlando Zapata Sánchez en un informe de La Razón.

Funcionarios bolivianos afirman que los exempleados de la mina de Huanuni actúan como guías de estas bandas de ladrones. Un miembro de la cooperativa de mineros local admitió que algunos trabajadores les ayudan a estos grupos, según El Deber, pero que esta no es una práctica institucional.

Según La Razón, el robo de minerales le cuesta a Huanini por lo menos 2 millones de bolivianos al mes (unos US$290.000) y entre 27 y 28 millones de bolivianos (entre US$3,9 y 4 millones) al año.

El problema de la minería ilegal de Bolivia involucra además un aspecto cultural. La nación Andina tiene unos cuatro millones de indígenas —más de un tercio de la población total—. Algunos miembros de la comunidad consideran que los recursos naturales de la tierra que habitan les pertenecen a ellos y no a las empresas que los extraen. “Yo no estoy robando… este cerro es nuestro”, dice un minero ilegal refiriéndose a la colina de Posokoni en Huanuni.

Según esto, los pueblos indígenas de Bolivia están representados en diversos sectores de la sociedad, incluyendo la presidencia, Comibol, las compañías mineras privadas y los propios mineros, lo que indica que el problema de la minería ilegal está quizá más relacionado con ceses de actividades en el sector minero y la falta de otras oportunidades de empleo.

Análisis de InSight Crime

Los jukus de Bolivia han existido por décadas, y de hecho hacen parte de la cultura popular. Incluso se han escrito canciones sobre estas bandas de ladrones de minerales, y en algunas películas se les han dado apodos a estos grupos, por ejemplo, los “Jukus Ninja”.

Pero el problema de los jukus salió a flote el año pasado, después de una explosión relacionada con este tipo de mineros ilegales en una de las minas de estaño de Huanuni en la que murieron al menos 10 personas.

En el mes de marzo pasado, un enfrentamiento armado entre mineros ilegales y miembros de las fuerzas armadas de Bolivia en otra mina de Huanuni dejó como resultado cuatro personas muertas.

Las más recientes noticias sobre el modus operandi de los jukus indican que estos pueden estar sofisticando la manera como roban los preciosos minerales de las empresas estatales, las cuales continúan expandiéndose a pesar de las persistentes dificultades de la producción.

Según el Ministerio de Defensa de Bolivia, hay 35 grupos de jukus que operan en los departamentos de Oruro y Potosí. Varios informes indican que estos grupos emplean entre 20 y 50 trabajadores.

Página Siete ha informado de casos en los que cuatro equipos de 50 trabajadores han sustraído minerales de la misma mina y el mismo día, lo que indica que puede haber algunas estructuras organizadas más grandes que dirigen estas actividades ilegales.

Además, las minas de estaño que se explotan en Huanuni no son a cielo abierto, lo que significa que los sitios de explotación minera son subterráneos y probablemente tienen una sola abertura para entrar y salir. Por lo tanto, es muy probable que algunos de los trabajadores de la empresa estén facilitando el comercio ilícito, presumiblemente a cambio de algún tipo de soborno.

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Se cree que muchos de los mineros ilegales que hacen parte de los jukus son antiguos empleados despedidos por una de las empresas estatales, o simplemente mineros desempleados en busca de una fuente de ingresos. Estas regiones de los departamentos de mayor explotación minera de Bolivia —La Paz, Oruro y Potosí, en la frontera con Perú y Chile— son zonas muy áridas, donde el Estado tiene muy poca presencia debido, entre otros factores, a la falta de recursos. Son además sitios que ofrecen pocas oportunidades laborales aparte de la explotación minera.

Según un informe de Bloomberg en 2017, la industria de la explotación minera de Bolivia está pasando por un mal momento y “los buenos tiempos han quedado atrás”, lo que probablemente contribuye a la presencia de tales actividades de minería ilegal. “A finales de 2015, el Bloomberg Commodity Index, que hace una medición de 22 materias primas, alcanzó su nivel más bajo en los últimos 16 años, y en algunos casos los precios que obtenían los mineros eran la mitad de lo que habían sido cinco años atrás. Los precios de algunos minerales, como el plomo y el zinc, se han recuperado, pero otros siguen siendo bajos”, se lee en el informe.

Las dificultades por las que atraviesa la industria de explotación minera de Bolivia pueden estar contribuyendo no solo a la creciente sofisticación de los jukus, sino además a la corrupción, la cual parece facilitar el comercio ilícito. Durante años, Comibol ha tenido la reputación de ser corrupta e ineficiente.

A pesar de que las fuerzas armadas han estado vigilando las minas del país durante casi un año, el trabajo de los jukus continúa. La contraseña que estos ladrones de minerales reciben proviene al parecer directamente de la policía, a cambio de un pago de hasta 6.000 bolivianos (casi US$900), según Página Siete.

“La contraseña es el permiso que da la policía a cambio de un pago [y es] hecho directamente con el oficial de mayor rango de la policía en la empresa o en el comando departamental”, según relata un minero ilegal.

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