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ANÁLISIS

Los nexos criminales de los nuevos jefes militares de Maduro en Venezuela

CARTEL DE LOS SOLES / 17 JUL 2019 POR UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE VENEZUELA ES

El presidente Nicolás Maduro ha anunciado cambios en la cúpula militar de Venezuela, mediante una serie de nombramientos que parecen recompensar la lealtad al régimen y promueven figuras que han sido señaladas de complicidad criminal y participación en la represión estatal.

Los anuncios se hicieron el 7 de julio en una ceremonia militar en Caracas. Maduro reeligió a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, lo que demuestra que sigue considerando que Padrino López es vital para mantener sus relaciones con los militares, a pesar de los rumores de los vínculos de este último con la fallida sublevación de la oposición del pasado 30 de abril de 2019.

A continuación, InSight Crime analiza los antecedentes y posibles vínculos criminales de los nuevos jefes militares de Venezuela:

Alexis Rodríguez Cabello, comandante del Ejército

Rodríguez Cabello ha sido un viejo aliado de la Revolución Bolivariana, y participó en el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez en 1992. Continuó siendo una figura clave en los altos mandos del Ejército durante la administración de Nicolás Maduro, ejerciendo como director de la principal dependencia militar de la capital entre 2017 y 2019.

Según Rocío San Miguel, experta en asuntos castrenses venezolanos y directora de la ONG Control Ciudadano, el nombramiento de Rodríguez Cabello como comandante del Ejército es “una clara concesión al poder ejercido por Diosdado Cabello Rondón”, presidente de la polémica Asamblea Nacional Constituyente, organismo creado en 2017, y jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Ambos se graduaron al mismo tiempo de la escuela militar y se cree que son primos.

Diosdado Cabello es una figura central en el gobierno venezolano, considerado como el segundo al mando de Maduro. Se encuentra sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actividades como tráfico de drogas, lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Las investigaciones en torno a su actividad criminal indican que utiliza su influencia en los nombramientos militares para salvaguardar las operaciones de sus redes de poder y actividades criminales, que operan al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela.

      VEA TAMBIÉN: Narcotráfico en el régimen venezolano: El “Cartel de los Soles”

Rodríguez Cabello sucede a Jesús Suárez Chourio, cuya salida se puede deber a los rumores de su participación en el fallido levantamiento de la oposición el 30 de abril. Como jefe militar del Distrito Capital en ese momento, Rodríguez Cabello fue uno de los primeros comandantes militares en condenar el levantamiento y afirmar su lealtad inquebrantable a Maduro.

Manuel Bernal Martínez, comandante de la milicia

Bernal Martínez es otro “chavista original” que participó en el intento de golpe de Estado de 1992, lo que confirma que el gobierno de Maduro está premiando las viejas lealtades. En 2014, Bernal fue director del temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela.

Como director del SEBIN, Bernal Martínez estuvo detrás de la sangrienta respuesta a la marcha liderada por el abanderado de la oposición, Leopoldo López, el 12 de febrero de 2014. Las fuerzas especiales del SEBIN, junto con miembros de las tropas de choque paramilitares conocidas como “colectivos”, abrieron fuego contra los manifestantes, lo que dejó como resultado dos personas muertas.

Más tarde, el jefe del contingente del SEBIN y otros funcionarios del servicio testificaron que estaban allí siguiendo órdenes de Bernal Martínez, aunque este ha negado que hubiera dado la autorización. Como consecuencia de dichos asesinatos, Bernal Martínez recibió sanciones de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos. Fue destituido de su cargo en el SEBIN, pero continuó siendo nombrado en altos cargos militares.

En 2018 fue nombrado comandante de la principal dependencia militar de la región de los Andes. Ese mismo año fue incluido en una lista de funcionarios venezolanos sancionados por el gobierno de Panamá por representar “un alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Fabio Zavarce, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana

Antes de su nombramiento como comandante de la GNB, Fabio Zavarce se desempeñaba como jefe del distrito militar occidental. En opinión de San Miguel, su promoción representa, “por un lado, la presencia de uno de los grupos más poderosos dirigido por Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por otro lado, un premio a su lealtad en la criminalización de la protesta en Venezuela”.

      VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Venezuela

Fabio Zavarce es un aliado cercano de Néstor Reverol, una de las figuras que se cree que ejerce más poder velado en la administración Maduro. Al igual que Diosdado Cabello, Reverol ha sido identificado como miembro del “Cartel de los Soles”. Estados Unidos lo acusó por tráfico de drogas en los años 2015 y 2017, y fue mencionado por Hugo Carvajal, el exjefe de inteligencia venezolano, como una piedra angular de las operaciones de narcotráfico de la FANB venezolanas. Este nuevo nombramiento de Zavarce asegura la influencia de Reverol a través de la GNB. Zavarce además podría tener vínculos personales con el narcotráfico. Su nombre apareció en la lista de colaboradores militares que entregó el narcotraficante convicto Walid Makled en 2011.

Además, Zavarce ha demostrado estar dispuesto a participar en la represión estatal. Como jefe del Comando Regional de la GNB en Caracas, dirigió la violenta respuesta de la unidad ante las protestas de la oposición el 12 de febrero de 2014. También han surgido videos en los que abraza al líder del conocido colectivo “La Piedrita”, lo que demuestra su afiliación con estos grupos criminales armados cercanos al gobierno. Zavarce fue sancionado por Estados Unidos en 2018 por represión de manifestaciones, y fue incluido en la lista de Panamá de funcionarios venezolanos castigados por presunta relación con lavado de dinero y terrorismo.

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