Un reciente informe de una ONG mexicana aborda la crisis en el sistema penitenciario del país, sacando a la luz una serie de factores críticos y proporcionando un puñado de posibles soluciones.
"La cárcel en México: ¿Para qué?" (pdf), publicado por México Evalúa, aborda la pregunta del título, primero señalando el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece que las cárceles son para "lograr la reintegración de los reclusos a la comunidad y garantizar que no cometan más crímenes".
Según los autores del informe Leslie Solís, Néstor de Buen y Sandra Ley, esto representa un enfoque muy progresista para una constitución que tiene casi un siglo de antigüedad, y una filosofía que podría servir como un baluarte contra los problemas de seguridad más amplios del país. No obtante, desafortunadamente, hay una distancia grande entre la filosofía idealista y la realidad dentro de las prisiones del país. Por ejemplo, la reincidencia es un problema cada vez mayor dentro de México; la proporción de todos los crímenes cometidos por delincuentes que ya habían cometido otros crímenes en el pasado ha comenzado a aumentar en dos puntos porcentuales, hasta 15,5 por ciento, de 2010 a 2012.
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Además, las condiciones dentro de las cárceles a menudo no son propicias para una reintegración futura de un criminal. Los actos de violencia extrema son ahora lamentablemente comunes; en los últimos cinco años, ha habido masacres donde han muerto más de una docena de prisioneros en instalaciones en Juárez, Tijuana, Gómez Palacio, Mazatlán, Durango, y muchas otras. Un nuevo informe del Centro Nacional de Derechos Humanos de México calcula que el número de incidentes violentos en las cárceles se ha duplicado en los últimos tres años. Los derechos humanos dentro de las cárceles regularmente son violados, ya sea por los guardias abrumados y mal entrenados o por otros reclusos.
Con relación a estas otras tendencias, la población carcelaria de México ha crecido de manera constante en las últimas décadas. En 1995, el último año en el que sistema estaba operando en o por debajo de su capacidad, había 90.000 presos en todo el país; en la actualidad, los autores escriben, hay 240.000, que es 124 por ciento más de la capacidad prevista.
Según el informe, el fracaso del sistema penitenciario de México ha exacerbado los intentos del gobierno para controlar los diversos grupos del crimen organizado. En lugar de alejar a los pequeños delincuentes de los crímenes más graves, las prisiones sobrepobladas ubican a los delincuentes de bajo nivel al lado de los grupos criminales más serios e influyentes, de quienes a menudo tienen que depender para sobrevivir al interior de la prisión. Por otra parte, en lugar de servir como un territorio neutral en las guerras entre los grupos criminales organizados, las cárceles son ahora otro escenario en la lucha.
Análisis de InSight Crime
Tal vez el problema más importante, que conduce a la disfunción penitenciaria de México, es la excesiva dependencia del sistema de justicia en las condenas de cárcel para una amplia variedad de delitos. En México, 95 por ciento de todos los delitos se castigan con penas de prisión, lo que indica un fracaso en la exploración de medidas disciplinarias alternativas para los delitos menos graves o no violentos. Por ejemplo, de todos los reos en prisión bajo cargos estatales, más de la mitad están tras las rejas por robo -en la mayoría de los casos de pequeñas sumas-. México también sufre de la política condenatoria a menudo ilógica; en algunos estados, las penas máximas por homicidio son menores que las de robo.
Debido a la mezcla de los delincuentes violentos y no violentos, los delincuentes de bajo nivel que viven muy cerca a los miembros del cartel convierten a las prisiones en canales para el crimen organizado, ya que el primero a menudo debe cumplir con las exigencias del segundo para garantizar su seguridad; precisamente lo contrario a la función prevista para el sistema por la Constitución.
Un problema aún mayor son los prisioneros que no han sido condenados por ningún delito. Se estima que 40 por ciento de todas las personas que viven en las cárceles mexicanas están allí debido a la detención preventiva. Si sólo México utilizara la prisión preventiva para los delitos graves, el problema del exceso de capacidad podría estar mucho más cerca de ser resuelto.
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Los autores del informe recomiendan reducir la dependencia en la cárcel como castigo; una medida que se enfrenta, no obstante, a importantes obstáculos. Uno de ellos es que cuando los problemas de seguridad son un tema político importante, como actualmente los son en México, poner a más gente en la cárcel por más tiempo es la posición más popular, en términos políticos. Es un anatema cualquier cosa que parezca reducir la probabilidad de que los criminales enfrenten consecuencias jurídicas.
Por otra parte, el socio extranjero más importante de México –Estados Unidos- es uno de los peores modelos internacionales posibles. Muchos de los síntomas que aquejan México, incluyendo el instintivo deseo público de una fuerte condena, la disfunción penitenciaria y un aumento masivo de la población carcelaria en las últimas décadas, son aún más frecuentes en Estados Unidos. Los modelos más útiles, como el caso de Finlandia, que los autores discuten con cierta profundidad, son geográficamente remotos y alejados del debate sobre la seguridad pública en México.
Ninguno de estos obstáculos son imposibles de superar, pero lo que ha faltado en México es un fuerte movimiento dentro de la cultura política para impulsar la causa hacia adelante. Este fue el caso durante el gobierno de Calderón, a pesar de algunos esfuerzos esporádicos para abordar el sistema penitenciario, y es una realidad hoy en día bajo Enrique Peña Nieto. Como señalan los autores, en las 184 páginas del Plan Nacional de Desarrollo de Peña Nieto, que sirve como una hoja de ruta para la agenda de su administración, sólo hay una única referencia transitoria a la reforma penitenciaria.
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