¿Son los países del Triángulo del Norte ‘Narco-Estados’?

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Las organizaciones criminales de México y de otros países han consolidado cada vez más su presencia en el Triángulo Norte de Centroamérica, tomando el control de grandes extensiones de tierra, cooptando funcionarios y utilizando empresas fachada para cubrir sus rastros ilegales; lo que llevó a un prominente investigador de Estados Unidos a hacer la pregunta: ¿se han entregado por completo estos Estados a los intereses criminales?

En un borrador para una revista de la Universidad Nacional de Defensa, Douglas Farah, exreportero del Washington Post y miembro del International Assessment and Strategy Center (IASC), sostiene que las organizaciones criminales transnacionales (OCT) de México se han consolidado en Guatemala, Honduras y El Salvador, también conocidos como el Triángulo del Norte, hasta el punto que se han convertido en la autoridad de facto, haciendo “casi no funcionales” a estos Estados.

[Lea el documento en pdf aquí. Información: El Co-director de InSight Crime Steven Dudley también contribuyó al reportaje de este trabajo]

En opinión de Farah, esto tiene el potencial de convertir a los países del Triángulo del Norte en estados criminales, en lugar de simples estados débiles. Sus puntos principales son:

1. El poder real recae ahora en las OCT y sus aliados. Los grupos criminales mexicanos ya han cooptado a las débiles estructuras del gobierno en los tres países a través de contactos corruptos en los cuerpos de seguridad, justicia y del gobierno. Esto a su vez ha abierto el camino para la entrada de otras OCT, como la guerrilla colombiana de las FARC, el grupo separatista español ETA y hasta Hezbollah.

“Prácticamente no hay ‘espacios sin gobierno’ en la región”, escribe Farah. “Lo que ha cambiado es que cada vez menos el Estado es la autoridad”.

Esto se refleja en la disminución de los recursos del Estado y la accesibilidad a los ciudadanos, así como las percepciones ciudadanas de la incompetencia del Estado, señala Farah.

A diferencia de los grupos de transporte (transportistas) que existieron en el Triángulo del Norte, antes de la infiltración de los grupos criminales mexicanos, las OCT trabajan para controlar el territorio, el cual utilizan para establecer bases de poder y empresas fachada, incluyendo empresas privadas de seguridad. Según Farah, el control territorial es un elemento clave del poder de consolidación de las OCT, que les permite cumplir las funciones tradicionalmente asociadas al Estado. Él señala que esto es menos cierto en El Salvador, donde las pandillas o “maras”, no las OCT, tienen más poder.

2. Los mismos Estados han permitido que suceda este cambio de poder. “El Estado en sí, a veces se convierte en una parte de la empresa criminal”, escribe Farah, quien agregó que el Triángulo Norte de Centroamérica es particularmente atractivo para los grupos criminales porque las OCT se mueven hacia estados débiles en lugar fallidos. Mientras que un estado fallido puede no tener alguna estructura institucional real con la cual trabajar, las instituciones estatales débiles brindan la oportunidad de cooptar a los cuerpos de seguridad, oficiales de la fuerza pública, funcionarios judiciales y políticos.

Los criminales trabajan con el Estado a través de lo que Farah llama un “paradigma transaccional” -por ejemplo, la policía lleva a cabo ejecuciones a cambio de dinero-. Según Farah, este paradigma ayuda a explicar las “anomalías” presentes en estos estados, como la persistencia de tasas extremadamente altas de homicidio pese a los niveles extremadamente altos de encarcelamiento.

3. Estados Unidos ve el riesgo, pero está tomando medidas inadecuadas. Estados Unidos reconoce que se verá afectado por una pérdida de control de la ley en Centroamérica, sobre todo debido a la gran cantidad de cocaína que va hacia Estados Unidos, que se mueve a través de la región. No obstante, Estados Unidos ha seguido canalizando dinero hacia los esfuerzos antidrogas en estos corruptos y débiles estados, que no pueden o no quieren utilizar eficazmente estos fondos, dice Farah. Estados Unidos también carece de funcionarios públicos de confianza con los cuales construir relaciones en estos países. Farah señala que Estados Unidos han ayudado a contribuir directamente con el problema, deportando a miles de miembros de las pandillas a estos ya débiles y sobrecargados estados.

Mientras tanto, México y otros gobiernos centroamericanos han centrado cada vez más su atención en la reducción de la violencia, por encima de los esfuerzos antinarcóticos; una estrategia que se basa sin duda en la hipótesis de que las estructuras criminales a gran escala siempre existirán. Estados Unidos también ha cambiado un poco la política, centrándose más en las cuestiones económicas y comerciales de la región.

Análisis de InSight Crime

La cuestión de si los países del Triángulo del Norte -especialmente Honduras- deberían ser etiquetados como “narco estados” o estados “fallidos” ha conducido a un gran debate. En 2011, una organización no gubernamental (ONG) de Costa Rica concluyó que varios países de Centroamérica estaban en riesgo de convertirse en “estados fallidos” -Honduras fue calificado como el de mayor riesgo- en una evaluación basada en el grado de inseguridad económica y agitación política dentro en un país determinado.

Como señaló InSight Crime en su momento, la propia definición de lo que constituye propiamente un Estado “fallido” es muy variable. Está claro que hay una gran parte de los “espacios sin gobierno” en Centroamérica, donde el Estado ha perdido el monopolio del uso de la fuerza. Pero como dice Farah, este no es el único problema: los gobiernos en el Triángulo del Norte ya han pasado un “punto de inflexión” en términos de control de su territorio. Es tan grande el poder de las OCT que Guatemala, El Salvador y Honduras están perdiendo la capacidad de hacer frente a sus problemas de seguridad debilitando el imperio de la ley o el proceso democrático.

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El extremadamente bajo nivel de confianza en los sistemas policiales y judiciales, que se ha evidenciado con la proliferación de empresas de seguridad privada, es un indicio de la falta de control estatal en todos estos países. Se cree que hay hasta 200.000 personas que hacen parte del personal de seguridad privada en los países del Triángulo del Norte, superando significativamente a los agentes de policía. En este contexto, la idea de que las OCT utilizan la seguridad privada como una empresa fachada para las operaciones ilegales -algo señalado anteriormente por InSight Crime con respecto a Honduras- es preocupante, y da crédito al argumento de que no es el gobierno, sino los grupos criminales los que ejercen la mayor influencia sobre las cuestiones de seguridad.

El argumento de Farah sobre un estado criminalizado es más plausible en Honduras, el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, donde la policía tiene estrechos vínculos con el crimen organizado, la policía investiga sólo el 21 por ciento de los crímenes y donde incluso el Fiscal General renunció en medio de llamados por su destitución debido a irregularidades financieras e incompetencia.

Aunque Guatemala y El Salvador también se enfrentan a serios problemas de corrupción, el problema parece ser un poco menos agudo que en Honduras. Un indicador de esto es el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, donde Honduras clasificó en el puesto 133 de 176 países en 2012, mientras que Guatemala obtuvo el puesto 113 y El Salvador el 83.

Hay pequeñas señales de que los tres gobiernos del Triángulo del Norte se están esforzando para combatir la ola de criminalidad transnacional, establecer la legitimidad del Estado y reducir la violencia. En Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) ha trabajado duro para hacer frente a la impunidad y la corrupción, abriendo incluso investigaciones a 13 jueces acusados ??de emitir sentencias indulgentes a los narcotraficantes.

Honduras, por su parte, está llevando a cabo un proceso de reforma policial ineficaz y problemático, y en El Salvador, la tregua entre las pandillas callejeras, a pesar de sus problemas, es un audaz experimento contra la violencia. Si bien estas medidas pueden no ser suficientes, no deben ser desestimadas por completo.

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En el contexto de estos estados cada vez más criminalizados, Farah recomienda que Estados Unidos enfoque los recursos en entender el nuevo paradigma de las OCT y sus implicaciones económicas, así como en reconsiderar la naturaleza de la ayuda concedida a estos países. Una de las posibilidades mencionadas era centrar los fondos en la creación de unidades de policía, pequeñas y seleccionadas, que se comunican y cooperan efectivamente en lugar de una reforma radical.

Sin importar el nivel de cooptación de los gobiernos del Triángulo del Norte y las fuerzas de seguridad, es sensible la recomendación de que Estados Unidos cambie su paradigma de la ayuda. Como señaló el Consejo de Asuntos Hemisféricos (Council on Hemispheric Affairs), gran parte de la asistencia técnica de Estados Unidos y los equipos suministrados a través de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI) se canalizan hacia el ejército de los países; y éste, a su vez, está siendo utilizado para cumplir funciones policiales tradicionales. Esto no sólo aumenta la preocupación relacionada con la corrupción en las fuerzas de seguridad, sino también sobre las violaciones de Derechos Humanos derivadas de la militarización de la seguridad.

La cuestión de si los países del Triángulo del Norte pueden ser considerados como auténticos “narco estados” o “estados fallidos” depende en última instancia de las definiciones utilizadas. Sin embargo, lo que está claro es que estos estados están fracasando en proporcionar a los ciudadanos los mínimos niveles de seguridad y de justicia, y como sugiere el artículo, el factor más importante en esto es la presencia, insidiosa y corruptora, del crimen organizado.

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