Los piratas de la droga: Parte dos

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En la segunda de esta serie de dos partes, los autores Alejandra S. Inzunza y Pablo Ferri escriben sobre el impacto del crimen extranjero y el tránsito de cocaína en la provincia (departamento) de Manabí, en Ecuador, en particular sus efectos en los pueblos de pescadores.

 Fue meses después del secuestro de su barco pesquero en altamar por parte de narcotraficantes que Marco Sánchez –un taxista de lanchas de Jaramijó, un pequeño poblado en el Pacífico ecuatoriano- vio a su primo Jorge de nuevo. Jorge, que había estado en el bote con el y se había unido a los traficantes, conducía un coche rojo último modelo y regalaba dinero a los locales.

Jorge vestía bien, había remodelado su pequeña casa en el pueblo y presumía a todos que había salido de la pobreza y que no tenía que pescar nunca más. No contaba los detalles de su trabajo, se había vuelto violento y llevaba siempre una pistola en el cinturón. 

*Este artículo fue publicado originalmente en Domingo de El Universal, y publicado con el permiso de los autores. Lea el original aquí. Esta es la segunda de una serie de dos partes. Lea la primera parte aquí.

“Llamaba mucho la atención. Ahora todo lo quería arreglar con dinero y no nos hacía caso cuando le decíamos que saliera de eso” recuerda Marco Sánchez, mientras jala la cadena del motor de su lancha.

“¿Y qué pasó con él?” le preguntamos a Marco.

“Hace más de medio año que está en la cárcel” responde tajante.

Una plataforma para el crimen internacional

Desde 2007, las prisiones ecuatorianas se empezaron a llenar de acusados por tráfico de droga, muchos de ellos en prisión preventiva. La cifra récord empezó ese año con 18.675 reclusos, según la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Hasta octubre del año pasado la cantidad de prisioneros llegaba a 24.203, una cifra que representa más del doble de la capacidad que tienen los reclusorios en Ecuador. Según las autoridades, el crecimiento de la población penitenciaria estuvo directamente relacionado con el incremento de las incautaciones de cocaína.

“No hay una denuncia formal que diga que los pescadores son utilizados por los narcos, pero sí hay una denuncia informal, que también proviene de información de inteligencia. Asumo que los traficantes se acercan a los pescadores y les ofrecen dinero, es lo más común, pero no tenemos denuncias”, dice José Marcos, capitán del puerto de Manta.

De vez en cuando, se llega a saber de la presencia de mexicanos y colombianos en estos lugares. En 2012, agrega el capitán, se encontró a tres sospechosos mexicanos en altamar cuando las autoridades navales realizaban un patrullaje en busca de un pescador que cayó al mar. En esos días se encontró un cargamento de cocaína en la bahía de Caraquez, que las autoridades vincularon con organizaciones extranjeras.

Fernando Carrión, investigador de La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sostiene que la débil seguridad portuaria y la corrupción han fomentado que las organizaciones transnacionales se instalen en su país. El pasado 13 de mayo, en Manabí, se estrelló una avioneta con placas mexicanas que volaba sin luces por debajo del nivel de detección de los radares y transportaba una maleta con US$ 1,3 millones. Una semana después se encontró un laboratorio de cocaína muy cerca del incidente.

“Ecuador se ha convertido en una plataforma internacional de delito. Hemos dejado de ser una simple bodega y un país de tránsito para convertirnos en plataforma para que los cárteles puedan operar desde aquí”, dice Carrión, que ha hecho estudios sobre el Cartel de Sinaloa y su forma de operar como una empresa trasnacional al estilo de Volkswagen, Nike o General Motors.

Empacar drogas, no pescado

En una calle polvorienta del sector La Aurora, a diez minutos en carro del centro de Manta, el grupo de intervención y rescate de la Policía Nacional allanaba una industria empacadora de pescado por aquellos días. Nadie sabía con certeza qué ocurría, las puertas de la fábrica estaban cerradas y sólo por encima, a través de unos agujeros en la valla, la cuadrilla de periodistas locales lograba unas cuantas tomas para los noticieros de la noche —un par de furgones policiales, chalecos negros, trajes de camuflaje, armas largas. La policía mantuvo silencio hasta el día siguiente, pero los reporteros no tardaron en hacer suposiciones, se podía tratar de una empresa pantalla para el lavado de dinero que proviniera de la droga.

Aquel episodio ocurría en octubre de 2012. Apenas un mes antes, el 30 de agosto, la policía registraba las instalaciones de otras cuatro empacadoras de pescado y meses después, en mayo del año pasado, la empresa Alpusa —empacadora de pescado también— recibía a la policía en su planta de envasado por supuesto tráfico de estupefacientes: la fiscalía había encontrado droga en un contenedor de pescados en Guayaquil días antes y lo relacionaba con ellos. Era la tercera vez que la autoridad registraba Alpusa en poco tiempo, las dos anteriores por supuesto lavado de activos.

Según datos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en Ecuador se lavan US$ 2,2 millones de dólares al año principalmente a través del sector inmobiliario. Los allanamientos a empacadoras de pescado se han convertido en un asunto habitual en Manta. Con 16 empresas en el sector, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales encuentran en la industria del pescado un disfraz ideal: se mueve mucho dinero y los activos ilícitos con facilidad disimulan en ese flujo su presencia.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre el lavado de dinero

Por entonces, en octubre de 2012, la presidenta de la Cámara de Comercio, Lucía Fernández, afirmaba: “Aquí el problema es más grave de lo que parece. Cuando descubren droga es porque hubo un mal reparto y alguien sopla. De vez en cuando encuentran algo, sí, pero no hay mérito”.

Fernández se mostró nerviosa todo el tiempo.

El panorama criminal

La oficina de la presidenta de la Cámara de Comercio queda en el centro de Manta, un tiralíneas de calles en pendiente aireado por la brisa del Pacífico. En agosto del año pasado, la policía detenía a pocos pasos de allí a Jorge Domínguez, alias “Palustre, el cabecilla regional de la conocida banda colombiana Los Rastrojos.

Herederos del Cartel del Norte del Valle, los Rastrojos se han convertido en una de las organizaciones más poderosas de Colombia, sobre todo en el Pacífico Sur. En Ecuador, según fuentes de inteligencia policial citadas por el diario El Comercio, Palustre había absorbido las principales estructuras del narcotráfico, controlaba territorialmente el negocio ilícito y lavaba activos a través de empresas fachada.

Antes de su detención, el sicariato, un delito nunca antes visto en Ecuador, comenzó a tener auge en Manta. De 2008 a 2011, la mitad de los 1.100 asesinatos cometidos en Manabí ocurrieron entre Manta, Montecristi y Jaramijó. En 2012 fueron asesinados 62 personas solo en Manta, más de 20 por cada 100 mil habitantes, el doble de lo que ONU considera un nivel epidémico, tendencia que obligaría al Gobierno de Rafael Correa a mandar al ejército a patrullar la zona.

Las autoridades señalan que existen un par de bandas locales, Los Choneros y Los Queseros, responsables de la violencia en Manabí. Choneros y Queseros libraban una guerra desde 2005, cuando los segundos asesinaron a la mujer de alias “Teniente España”, líder de Los Choneros. Esta última banda redujo sin embargo a sus contrarios y se hizo con el poder en la región. El presidente Correa dijo de Los Choneros que se trataba de una de las organizaciones criminales más grandes de la historia de Manabí.

En los últimos años, la Policía Nacional ha detenido a decenas de supuestos choneros, y la tasa de asesinatos se redujo el año pasado en Manabí. Aunque hay voces en el país que dudan de que estas detenciones sean eficaces en el largo plazo.

Fernando Carrión, de FLACSO, dice: “aunque la policía cree que desarticularles es meterles en la cárcel, yo creo que meterles en la cárcel es fortalecerles”.

Carrión refiere los ejemplos de México y Colombia, donde las prisiones, más que romper sus redes, sirven al crimen organizado y refuerzan sus vínculos. 

Una persona que entrevistamos en Manta nos decía que Los Choneros no son nadie, que son delincuentes comunes, que en realidad quienes manejan los hilos son otros, y que estos otros, los usan. Los Choneros son fuertes. Tanto que están metidos en la policía y en la justicia. Controlan Manabí y Manta, aunque nazcan en Chone —un cantón (o municipio) cercano a Manta, de ahí su nombre. Justamente por el narco y su vínculo con el Cartel de Sinaloa controlan el puerto.

El viceministro de Seguridad Interna, Javier Córdova, ha afirmado en varias ocasiones a los medios locales que Los Rastrojos, así como el Cartel de Sinaloa, son los grupos que mayor presencia tienen en el país, sobre todo después de la detención de Palustre y de César Vernaza Quiñones, alias “El Empresario”, que lideraba a Los Templados, una banda supuestamente asociada al cartel del mexicano recién capturado Joaquín “El Chapo” Guzmán.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles del Cartel de Sinaloa

El pasado 18 de abril, Vernaza fue detenido en Cali, Colombia, junto con 13 personas más por tráfico de droga, asociación ilícita, homicidio y extorsión, luego de haber escapado dos meses antes de la prisión de alta seguridad de La Roca, en Guayaquil. En esos meses, el capo ecuatoriano había montado dos vídeos en YouTube, en uno de los cuales aparece con camisa amarilla, reloj, cadena y anillos de oro, alegando su inocencia. También amenazó por redes sociales al ministro del Interior, José Serrano. En esa fuga participaron también nueve choneros.

Asesinatos en Manta

Desbordada, asustada por los números, la municipalidad de Manta prohibió el año pasado que las motocicletas circularan con más de una persona a bordo en la ciudad –pistoleros transportándose por parejas en motocicletas son un mecanismo común de asesinato. El gobierno local incluso repartió adhesivos con la leyenda “Moto Segura” para tratar de detener a los sicarios.

“Vemos lo que ocurre en México y eso nos aterra. Nuestra sociedad, carente de valores y principios, es presa fácil de la corrupción. Es una gran preocupación del sector productivo”, sostuvo Lucía Fernández.

También Ricardo Delgado, director del diario local El Mercurio y presidente de la Junta Cívica de Manta, señalaba al sicariato como una nube tóxica que se cernía repentinamente sobre la ciudad: “De la noche a la mañana surgió eso, no era costumbre en nuestra ciudad ver acciones violentas. Algo está sucediendo”.

En los días que estuvimos allí escuchamos de las muertes a bala de varios vecinos: el secretario general del sindicato de choferes, Lenin Chiriboga, antecesor del señor Delgado en la Junta Cívica; el joven Byron Alexander Vélez, alias “El Mellizo”, asesinado por dos tipos en una moto, cinco balas; Víctor Alejandro Cedeño, 17 años: dos tipos en moto, mientras estaba dentro de una tienda comprando crédito para su celular…

Así una larga lista. Incluso en internet había anuncios donde los sicarios ofrecían sus servicios.

“¿Te molestan los cobradores de tus deudas? ¿No te pagan y se ríen de ti? ¿Quieres librarte de quien te molesta?”.

Muchos residentes de Manta sabían que con sólo hacer una llamada o mandar un mail, era posible resolver sus problemas. El sicariato se expandió hasta que el gobierno de Rafael Correa logró bajar los índices de asesinatos el año pasado en la zona con la presencia del Ejército. La ciudad se calmó. Pero en mar todavía hay pescadores secuestrados, barcos abandonados y algún paquete plastificado que se encuentran los pescadores mientras faenan. En los barrios de pescadores que huelen a sal y pescado, entre un aguardiente y otro, los hombres prefieren guardar silencio sobre lo que pasa en altamar. Allí donde están los piratas.

*Este artículo fue publicado con el permiso de Alejandra S. Inzunza and Pablo Ferri. Sígalos en Twitter en @Dromomanos y lea más sobre su trabajo en https://www.dromomanos.com. Este artículo apareció originalmente en Domingo de El Universal. Este es la segunda de una serie de dos partes, vea la parte uno aquí.

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