El macabro asesinato de tres estudiantes en el estado de Jalisco ha suscitado nuevas preguntas sobre la capacidad de México para investigar efectivamente los crímenes violentos, y recuerda los errores cometidos durante las pesquisas alrededor de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, estado de Guerrero.
Jesús Daniel Díaz García, Marco Francisco García Ávalos y Javier Salomón Aceves Gastélum, todos ellos estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, en Guadalajara, capital de Jalisco, fueron vistos por última vez el 19 de marzo, cuando conducían de regreso del municipio de Tonalá luego de completar un trabajo para la universidad.
Según la versión oficial de los hechos, un grupo de hombres armados perteneciente al poderoso cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes dijeron ser agentes de la Procuraduría General, detuvieron a los jóvenes, los obligaron a entrar a otro vehículo y los llevaron a una casa cercana.
Allí, interrogaron y torturaron a los estudiantes, al parecer para obtener información sobre el rival del CJNG, el cartel Nueva Plaza, del que se sabía que funcionaba en la casa donde habían estado los estudiantes.
Posteriormentes, los miembros del CJNG mataron a los estudiantes y llevaron sus cuerpos a un tercer lugar, donde los disolvieron en ácido en un intento por cubrir cualquier evidencia.
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En una conferencia de prensa el 23 de abril, el fiscal general del estado de Jalisco Raúl Sánchez Jiménez dijo que se cree que por lo menos ocho personas intervinieron en el secuestro y que hasta el momento se ha capturado a dos personas. Uno de ellos es Ómar “N”, rapero que responde al nombre de “QBA”, y ha confesado haber disuelto los cuerpos de los estudiantes en ácido.
Lizette Torres, quien está a cargo de la investigación, anunció que las autoridades no creían que los estudiantes “tuvieran algún nexo con una organización criminal”.
También señaló que es muy probable que la casa donde se encontraron los restos de los estudiantes haya sido el escenario de otros homicidios, e indicó que la investigación sigue en curso.
Organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil han cuestionado la investigación hasta el momento y el manejo de la evidencia forense, informó El País.
El gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval tuiteó que pondrá toda la documentación sobre la investigación a disposición de organizaciones internacionales para “que puedan certificar que las evidencias y el conjunto de indicios con que contamos corresponden con la realidad”.
Análisis de InSight Crime
El macabro asesinato de los estudiantes de Jalisco trajo reminiscencias de la desaparición forzada, en 2014, de 43 estudiantes de una escuela normalista rural en la ciudad de Ayotzinapa, estado de Guerrero, al sur de México.
Los estudiantes de Ayotzinapa fueron vistos por última vez en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014, cuando viajaban a una manifestación.
Casi cuatro meses después, en enero de 2015, el gobierno mexicano informó que la policía municipal de la ciudad de Iguala había interceptado a los estudiantes y se los había entregado a un grupo criminal local conocido como los Guerreros Unidos, quienes presuntamente habían tomado a los estudiantes por pandilleros rivales, los habían ultimado e incinerado sus cuerpos en un basurero local.
Desde entonces, varias investigaciones de expertos independientes ponen en duda la versión oficial de los hechos, y cuestionan la manera en la que se manejo la investigación.
El cuestionamiento más reciente provino de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), quien acusó a las autoridades mexicanas de encubrimiento que incluyó la detención arbitraria y tortura de sospechosos para obtener confesiones que posteriormente se aceptaron como evidencia en el caso.
El organismo de las Naciones Unidas también acusó a México de dilatar innecesariamente el proceso de hacer comparecer a los sospechosos ante un fiscal público y de ocultar errores cometidos en las primeras de la investigación.
Aunque ocurrieron en estados distintos, donde operan organizaciones criminales diferentes, hay varios paralelismos entre el caso de Ayotzinapa y el crimen más reciente contra los estudiantes de Jalisco.
Por ejemplo, las víctimas de Jalisco y Ayotzinapa eran estudiantes, desaparecidos de manera forzada por organizaciones criminales que operan sin muchas trabas en sus estados, donde las autoridades fueron incapaces o poco inclinadas a detenerlos.
En ambos casos, y posiblemente como respuesta a la presión pública, las autoridades se apresuraron a construir una versión común: culpar a las organizaciones criminales, evitar mencionar la posible implicación de las fuerzas de seguridad en los delitos, levantar causas basadas de manera casi exclusiva en información de testigos y confesiones, y evadir preguntas sobre la veracidad de la evidencia forense.
Otro elemento común de estos casos es lo sorprendentes que son.
México enfrenta una aguda crisis de seguridad; 2017 quedó marcado como el año más violento del país en la historia reciente.
La dinámica criminal es diferente en Guerrero y Jalisco: Guerrero es un eje criminal con fuerte presencia de grupos criminales y un estado que brilla por su ausencia, mientras que Jalisco se considera un refugio para criminales, con esporádicos estallidos de violencia. Sin embargo, la tasa de homicidios en Jalisco se ha incrementado, según un ranking compilado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de México.
Se cree que alrededor de 75 por ciento de los homicidios que ocurren en el estado son responsabilidad del crimen organizado, según un reciente estudio que compara estadísticas del gobierno con ejecuciones documentadas perpetradas por grupos criminales, lo que pone de relieve la incapacidad, o falta de voluntad, de México para enfrentar el crimen organizado.
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“Ni Jalisco ni Ayotzinapa son casos aislados. Si acaso, son manifestaciones extremas de un modus operandi que en ambos casos venía desarrollándose desde hace algún tiempo y que, presumiblemente, se usa también en otras regiones (de México)", dijo el analista mexicano Jaime López a InSight Crime.
Por el contrario, hechos similares al de Jalisco se registran a diario en distintas localidades mexicanas que muestran dinámicas semejantes y desapariciones constantes de jóvenes, pues estos suelen ser el blanco más vulnerable de esta violencia.
“Tanto en el caso de Ayotzinapa como en el caso de los estudiantes, las víctimas pertenecían a un grupo social: los estudiantes, con mayor capacidad de organización y movilización. Esto hace que haya mayor presión social para darle seguimiento al caso, a diferencia de otros casos similares, que re no recibieron menos ninguna cobertura”, explicó López.
Al igual que con la desaparición de los 43 estudiantes, es posible que la presión nacional e internacional haya puesto a las autoridades en el blanco de las miradas y las haya obligado a actuar.
Los funcionarios de gobierno prometieron resolver el caso de Ayotzinapa para finales del período del presidente Enrique Peña Nieto, que terminará en diciembre de este año. Sin embargo, aun en el evento improbable de que logren resolver el emblemático caso, con todo lo importante que eso sería, no arreglará las profundas fallas en el sistema que hacen tan difícil el avance de las investigaciones penales.
Lo que se necesita, en lugar de eso, es una estrategia de seguridad a largo plazo, bien pensada, que permita al país realizar investigaciones efectivas y atacar algunas de las razones por las cuales que las organizaciones criminales en todo México siguen operando con casi total impunidad.
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