Cuatro años después de su llegada al poder, Mauricio Macri de Argentina dejará la Casa Rosada con un balance contradictorio sobre seguridad y lucha contra las organizaciones criminales.
Aunque no puede negarse que la administración Macri se anotó importantes tantos, entre ellos el mejoramiento de la recolección de datos, la reducción de la tasa de homicidios, el aumento de los decomisos de narcóticos y bienes ilegales, y las medidas para enfrentar la corrupción en las fuerzas de seguridad, la expansión de los mercados de consumo de narcóticos plantea algunas preguntas importantes sobre el impacto real de la estrategia.
Datos, narcóticos y prisiones
Mauricio Macri asumió el cargo en diciembre de 2015 con una plataforma anticorrupción y fijó como una de sus prioridades la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Entre los avances más notables en los últimos años está la recopilación de datos referentes a los temas de seguridad, un aspecto por cuyo descuido se criticó a las administraciones anteriores.
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En 2017, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) publicó, por primera vez en casi una década, un informe detallado sobre el consumo de estupefacientes en todo el país.
El estudio reveló un pronunciado aumento en el consumo de cocaína y marihuana, en especial entre los jóvenes. Los datos del SEDRONAR también señalan el crecimiento de los mercados locales de drogas sintéticas, con un incremento de 200 por ciento en el consumo de éxtasis durante la última década.
Al confirmarse con datos las teorías por largo tiempo sostenidas de que Argentina había pasado de ser un país de transbordo a uno de producción y consumo internos, las autoridades dirigieron su energía y recursos a hacer arrestos y decomisos de narcóticos.
Al llegar a su tercer año en el cargo, la administración Macri anunció que había marcado récords históricos.
Entre 2015 y 2018, las fuerzas federales de seguridad detuvieron a más de 64.000 personas como parte de unos 60.000 operativos antinarcóticos, según cifras oficiales publicadas por Perfil.
Las autoridades también reportaron que la cantidad de cocaína incautada se duplicó entre 2015 y 2018. Los decomisos de marihuana aumentaron 26 por ciento y los de drogas sintéticas, 144 por ciento durante el mismo periodo.
Aunque las autoridades han ejecutado más operativos en aeropuertos, y arrestado a pequeños traficantes que intentaban llevar droga a Europa, agentes del gobierno declararon a InSight Crime que la gran mayoría de los decomisos totales estaban dirigidos al mercado doméstico.
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En octubre de 2018, la ministra de seguridad Patricia Bullrich declaró en el Congreso que una tercera parte de las capturas por narcóticos en 2017 en Argentina estaban vinculadas al consumo personal.
Los delitos de drogas, como el consumo y el tráfico en pequeña y gran escala, son la segunda causa más común de encarcelamiento en toda Argentina, según datos oficiales. Estos delitos, con frecuencia no violentos, han aumentado a una velocidad mayor que cualquier otro desde que Macri llegó la presidencia.
Las mujeres se han visto especialmente afectadas. La población carcelaria femenina en Argentina se ha duplicado durante la última década, y crecido a mayor velocidad que la masculina, según la Procuraduría Nacional de Prisiones. La inmensa mayoría de mujeres están detenidas por delitos de drogas no violentos.
Martín Verrier, agente antinarcóticos del Ministerio de Seguridad Nacional, señaló a InSight Crime en el mes de junio que la estrategia era trabajar de “abajo hacia arriba”.
“Mirar quién suministra la droga al pequeño expendedor, y de esa forma, llegar hasta las organizaciones más grandes”, explicó.
La estrategia oficial, sin embargo, recibió muchas críticas.
Mariano Fusero, presidente de Reset, una organización que estudia las políticas de drogas en Argentina, comentó a InSight Crime que el incremento de los decomisos y arrestos no brinda una medida precisa de la efectividad del gobierno en la lucha contra el crimen organizado.
“El número de decomisos puede ilustrar muchas cosas: el aumento en la producción de estupefacientes en otros países de la región, fronteras más permeables, el hecho de que se ha facilitado el acceso a las drogas y un creciente mercado de consumo. A mayor demanda, más posibilidades de hacer más decomisos”, agregó Fusero.
Afirma que el gobierno no logró atacar las causas de la expansión del mercado de consumo.
“El gobierno invirtió la mayor parte de su presupuesto en tratar de reducir la oferta en lugar de atacar la demanda. Los programas centrados en el tratamiento y la prevención de adicciones no cuentan con recursos suficientes”.
Corrupción: élites y fuerzas de seguridad
Siguiendo otra de sus promesas de campaña, la lucha contra la corrupción en las élites se convirtió en otra prioridad para la administración Macri.
Se abrieron varias investigaciones contra altos funcionarios de las administraciones anteriores, de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, algunos de sus mismos funcionarios están siendo investigados por cargos de corrupción, entre ellos el mismo Macri.
Se han descubierto nexos de empresarios y políticos con organizaciones criminales, como en los casos de Itatí, en la provincia de Corrientes, y Paraná, en Entre Ríos, dos ciudades con una ubicación estratégica en corredores de narcotráfico.
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Un área en la que ha sido históricamente difícil atacar la corrupción es entre las fuerzas de seguridad.
Miembros de los cuerpos de policía federal y provincial en toda Argentina han enfrentado, por décadas, acusaciones de colusión con organizaciones criminales.
Expertos consultados por InSight Crime señalaron que las organizaciones narcotraficantes, grandes y pequeñas, no podrían operar sin la participación activa de miembros de las fuerzas de seguridad locales y federales y de otros funcionarios, que facilitan las prisiones para que sirvan de “centros logísticos” para poderosas agrupaciones criminales.
En una medida para contrarrestar esto, la administración Macri implementó un programa para proteger a los funcionarios que desearan entregar información sobre corrupción y casos de colusión con organizaciones criminales dentro del organismo y una base de datos de funcionarios corruptos.
Desde 2015, casi 1.400 agentes de policía de la fuerza provincial de Buenos Aires fueron dados de baja del servicio y más de 27.000 tienen investigaciones abiertas.
Es cierto que no es tarea fácil atacar esos problemas tan arraigados y que las medidas oficiales han hecho algunos avances para empezar a resolver el problema. Sin embargo, parecen insuficientes, pues tienden a concentrarse en funcionarios individuales y no en las estructuras que permiten el florecimiento de la corrupción, incluidas, entre otras, las precarias condiciones laborales y los bajos salarios, que hacen del trabajo con organizaciones criminales una propuesta atractiva para muchos.
También es cierto que la estratégica ubicación de Argentina como punto de tránsito hacia el lucrativo mercado europeo, el crecimiento del mismo mercado de consumo doméstico y la dinámica local, donde muchos grupos pequeños controlan territorios con ayuda de gobernantes corruptos, le dan un cariz especialmente desafiante a la lucha contra el crimen organizado.
Y con el país inmerso en una profunda crisis económica que facilita el crimen, la nueva administración del presidente electo Alberto Fernández tendrá la ruta señalada. Los logros y fracasos de la administración Macri deberían ofrecer un plan de acción útil.
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