El hecho de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apareciera en televisión nacional y abordara directamente los trágicos asesinatos de la actriz Mónica Spear y su esposo, debe ser bienvenido, ya que es muy fácil para el gobierno ignorar el tema de la seguridad en el país. Muchos venezolanos no ven la delincuencia como un problema de política pública y, por lo tanto, no culpan al gobierno de ello.
Esta percepción crea incentivos para que los líderes eviten el asunto porque una vez lo empiezan a bordar, se arriesgan a “apropiarse de él”, a los ojos de la gente, y entonces podrían sufrir consecuencias políticas si sus iniciativas parecen fallar. Por lo tanto, es tentador para los líderes simplemente ignorar el problema y permitir que las personas le sigan echando la culpa a una disminución en los valores y la familia. Por lo tanto, Maduro merece crédito por enfrentar el problema directamente.
Sin embargo, el contenido real de los anuncios de Maduro son coherentes con sus políticas de los últimos ocho meses, y debe causar preocupación, ya que representan una nueva etapa en la militarización de la seguridad ciudadana.
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Tal vez los anuncios más importantes fueron la sustitución de Soraya El Achkar como rectora de la Universidad Nacional de Seguridad (UNES) por Ronald Blanco la Cruz, un general retirado del ejército y ex gobernador del estado Táchira, y la sustitución del oficial de la policía civil Luis Karabin como director de la Policía Nacional (PNB) por el general del ejército retirado Manuel Eduardo Pérez Urdaneta.
Este artículo apareció originalmente en el blog Política de Venezuela y Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y fue traducido con permiso de los autores. Vea el artículo original aquí.
El Achkar es una activista quien trabajó en temas de violencia policial por más de veinte años, antes de estar al frente de la Comisión de Reforma Policial en 2006, que condujo a la nueva ley de vigilancia policial en 2008. Esta ley llamó a la creación de la nueva Policía Nacional, la nueva universidad de seguridad, así como el Consejo General de Policia (CGP), que preside la implementación de la reforma policial. El Achkar se desempeñó como secretaria de la CGP, así como rectora de la UNES, convirtiéndose, en esencia, en la cara pública de la reforma policial. Ella renunció a la CGP en agosto de 2013 y ahora ha sido retirada de la UNES.
Esto se da tras la eliminación de Pablo Fernández en julio de 2013 como jefe de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, que tiene la tarea de coordinar los diversos esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana. Fernández es también un activista de los derechos humanos y dirigió la Comisión Presidencial para el Control de Armas. Fue reemplazado por el funcionario retirado de la Guardia Nacional, Ildemar Soto.
El cambio en la suerte de la reforma policial civil -que hasta mediados de 2012 parecía tener la delantera sobre el modelo militar- viene con la renuncia de Tarek El Aissami como ministro del Interior y Justicia en 2012 para presentarse como candidato (con éxito) a la gubernatura del estado Aragua. El Aissami fue reemplazado por un ministro provisional antes de que Maduro nombrara al general del ejército Miguel Rodríguez Torres como el nuevo ministro.
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Desde el principio, el proceso de reforma, cuyo objetivo era la creación de una fuerza de policía civil, tuvo un apoyo político tenue y fue enérgicamente rechazada bajo cuerda por los militares. De hecho, al mismo tiempo que Chávez autorizó la creación de la nueva PNB y la UNES en 2009, también accedió a la creación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE), controlado por la Guardia Nacional.
El DIBISE persiguió la estrategia venezolana tradicional de reducir la criminalidad mediante la instalación de retenes para revisar los documentos de la gente; rugir alrededor de los vecindarios con grandes motocicletas y jeeps con luces intermitentes; y llevando a cabo "operativos", en los que la Guardia Nacional va a un barrio agobiado por la criminalidad, con ametralladoras y equipo antibalístico, para detener a las personas sospechosas, sin orden judicial.
En junio, Maduro reempacó el DIBISE como "Plan Patria Segura" (PPS) con los mismos malos resultados: violaciones a los derechos humanos y poca reducción de la delincuencia. Mientras el ministro Rodríguez Torres hizo recientemente afirmaciones, sin tener evidencia, de que el plan había reducido la tasa de homicidios a 39 por cada 100.000 habitantes en 2013, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia sugiere que la tasa de 2013 fue de 79, más del doble que la cifra oficial.
A la luz de esta militarización, el llamado de Maduro para una nueva "Ley de Pacificación" es inquietante. En el mejor escenario que se puede imaginar, esta estrategia es una en la que la Guardia Nacional y el Ejército comienzan a recibir la capacitación en derechos humanos y técnicas de policía civil que ofrece la UNES, y combinan sus fuerzas con la policía por una iniciativa profesional integral. Sin embargo, la inutilidad del DIBISE y el PPS sugieren que este no será el caso. En el peor de los casos, esto representará una nueva etapa de la militarización a medida que el modelo de vigilancia policial civil se retrotrae y las fuerzas armadas son llamadas a realizar una tarea para la cual no están capacitadas, con las habituales consecuencias no deseadas pero previsibles: violaciones a los derechos humanos, corrupción y una ola de crímenes que no cesan.
Si es así, esto no debe ser visto como una nueva dirección en el enfoque de Venezuela hacia la seguridad ciudadana, sino más bien un retorno a su modelo tradicional y militarizado de la vigilancia policial después de un experimento de cinco años con la reforma policial. Desde que Rafael Caldera colocó a las fuerzas policiales bajo la dirección de la Guardia Nacional en el año 1969, en respuesta al levantamiento contra el gobierno de varias fuerzas policiales, la policía de Venezuela ha recibido entrenamiento militar, no civil, y ha tenido una estructura militar. Esto se puede ver en todo momento en las técnicas policiales que parecen extrañas para los de afuera: retenes policiales en vez de patrullajes; autos de la policía andando visiblemente con luces estroboscópicas en lugar de tratar de observar discretamente; detenciones e inspecciones sin orden judicial; y la ofensiva en lugar de un tiro defensivo -por ejemplo, disparar en la espalda a los sospechosos que huyen.
Sólo podemos esperar que este retorno a la tradición será breve, y que la reforma de la policía civil de 2009-2014 haya sembrado las semillas de la futura reforma.
*Este artículo apareció originalmente en el blog Política de Venezuela y Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y fue traducido con permiso de los autores. Vea el artículo original aquí.
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