El presidente de Guatemala ha anunciado que buscará renovar el mandato de una entidad que lucha contra la impunidad respaldada por la ONU, lo cual prolongaría la vida útil de una controvertida labor que, a pesar de algunos logros importantes, ha demostrado ser incapaz de realizar las reformas necesarias en el sistema judicial del país.
Durante una conferencia de prensa el 23 de abril, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina anunció que pediría a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una extensión de dos años para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), informó Siglo21.
"Estoy convencido y esperando que sea por el bien de Guatemala", dijo Pérez en la conferencia de prensa, y agregó que su decisión respondía “al clamor de los guatemaltecos para que tengamos más seguridad y justicia".
La decisión de Pérez se produjo dos días después de que un panel nacional, encargado de evaluar a la CICIG, entregara sus recomendaciones.
El panel, que fue creado en febrero y está integrado por representantes de la Fiscalía General, el Ministerio de Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, presuntamente hizo cinco recomendaciones, la primera de la cuales consistió en prorrogar el mandato.
El presidente de la Corte Suprema, Felipe Baquiax, dijo que el panel había concluido unánimemente que Otto Pérez debe renovar el mandato de la CICIG hasta 2017 por varias razones, entre las que se encuentra la calidad de la labor de la CICIG y la incapacidad de Guatemala para investigar y desmantelar estructuras criminales por su propia cuenta.
La solicitud de prórroga de la CICIG será formalmente presentada en septiembre y deberá ser aprobada por la Asamblea General de la ONU.
El mandato de la CICIG se ha extendido en otras tres ocasiones: en 2009, 2011 y 2013.
En comentarios anteriores, el presidente Pérez había sido enfático en señalar que los días de la CICIG estaban contados. Pérez dijo que la vida de la CICIG "está llegando a su fin" y que él no cedería ante la presión internacional, haciendo referencia al apoyo del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, para prorrogar el mandato de la CICIG.
Análisis de InSight Crime
La CICIG comenzó operaciones en Guatemala en 2007 (vea la cronología abajo), con el objetivo de ayudar a combatir la impunidad y desmantelar las denominadas redes criminales "paralelas” en el país.
Con ese objetivo, su trabajo ha dado como resultado algunos pasos positivos hacia la promoción de la justicia y la lucha contra la corrupción en Guatemala; las investigaciones de la CICIG han conducido a juicios contra un expresidente, una jefe de policía y un exministro de defensa, entre otros.
Quizá el momento culminante de la comisión se presentó en enero de 2010, cuando resolvió el caso de Rodrigo Rosenberg, un destacado abogado que había planeado su propio asesinato con el fin de desestabilizar al gobierno, según descubrió la comisión mediante una compleja investigación.
Pero su trabajo más reciente es quizá también el más sobresaliente. Tal vez presionada por la posibilidad de ser destituida, el año pasado la comisión entabló un caso contra uno de los más notorios criminales guatemaltecos, Byron Lima, quien dirigía una red de extorsión desde su prisión con la ayuda del mismo director del sistema penitenciario. Recientemente, la comisión dio a conocer un caso que conectaba a la secretaria privada de la vicepresidenta Roxana Baldetti con una red de fraude aduanero.
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Pero aunque sin duda a la CICIG se le puede acreditar un conjunto de casos históricos contra funcionarios públicos —por lo que la comisión ha obtenido apoyo generalizado por fuera de Guatemala, y particularmente en Washington, DC— en última instancia no ha demostrado ser la solución a la corrupción rampante de Guatemala y a sus problemas de seguridad.
De hecho, como se previó inicialmente, la CICIG estuvo encargada de implementar cambios estructurales a largo plazo, como capacitación para la policía y los fiscales guatemaltecos con el fin de que realicen su trabajo de manera más eficaz. Sin embargo, después de ocho años en el país y con una gran inversión (el presupuesto de la CICIG es de aproximadamente US$12 millones al año), la comisión sigue buscando transferir sus conocimientos y fomentar un sistema judicial independiente.
Finalmente, la CICIG no debe ser evaluada con base en sus grandes logros históricos, sino por su impulso a la creación de un sistema judicial lo suficientemente fuerte como para que su existencia ya no sea necesaria.
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Esta no fue la razón por la que Pérez tomó su decisión de mantener la comisión. Fuertes presiones internas y externas, sobre todo de Estados Unidos (que está en el proceso de formular un gran paquete de ayuda para Centroamérica) probablemente forzaron la decisión del presidente.
Pero ahora que la comisión tiene más tiempo —y más espacio político— debe enfocarse en su verdadera tarea: conseguir que el sistema de justicia guatemalteco funcione por su propia cuenta.
En última instancia, el éxito de la CICIG debe ser juzgado no por los casos sobresalientes, sino por su capacidad de insistir en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Hasta que eso ocurra, los aplausos deberán esperar.
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