En 2013, Uruguay dio un paso sin precedentes de legalizar la producción y el uso de la marihuana. Pero a dos años, tener un mercado sigue siendo un proyecto: no se ha cultivado ni un gramo de cannabis para vender en las farmacias. El proceso está enredado en complejos detalles regulatorios. Parece que legalizar la marihuana es más complicado de lo que cualquiera pudo predecir.
El debate sobre la regulación del cannabis en las Américas se mueve rápido. Chile, Colombia y Jamaica han dado pasos legales concretos hacia la regulación. Regular una nueva industria como el cannabis es increíblemente complejo. Muchos defensores de la política de drogas debaten los méritos de la legalización o la prohibición; pero rara vez se discuten los detalles de cómo podrían funcionar dichas políticas. Esto pudo verse recientemente en Uruguay, donde la discusión se enredó en los detalles.
En diciembre de 2013, Uruguay se convirtió en el primer país de la era moderna que legalizó la producción y el uso del cannabis. Después de que los reformadores de las políticas de drogas y los activistas de derechos humanos aplaudieron este paso histórico, se encargó a los legisladores la compleja tarea de redactar las regulaciones, recibir y examinar minuciosamente las aplicaciones y de establecer un marco técnico para controlar el mercado. La legislación de Uruguay referente al cannabis permite que las personas accedan a la droga en tres formas: cultivarla en casa, pertenecer a un club o comprarla en farmacias autorizadas. Un año y nueve meses después de que el presidente firmara la ley, unas 3.000 personas han declarado que la cultivan en casa y cerca de siete clubs han obtenido la licencia. Pero no se ha cultivado ni un gramo de cannabis para la venta en farmacias.
Este artículo se publicó originalmente en El Daily Post y fue traducido y publicado con permiso. Vea el original aquí.
Muchos se han quejado de la lentitud de la introducción, en especial en lo que respecta a las ventas en farmacias. Inmediatamente después de que se aprobara la ley, muchos se preguntaron cuándo se vendería cannabis en las farmacias. En mayo de 2014, los legisladores definieron una fecha límite de seis meses para la venta en farmacias. Al llegar noviembre, los legisladores dieron marcha atrás en la definición de una fecha en firme por las elecciones generales. Sólo hasta agosto pasado, el gobierno dijo que anunciaría los autorizados durante el mes de septiembre.
Ya casi termina septiembre y aquí estamos sin nombres ni detalles. ¿Por qué demora tanto la venta de cannabis al por menor? La respuesta tiene que ver con la complejidad del diseño regulatorio. A diferencia de los clubs de cannabis y los cultivos domésticos, la redacción de leyes inteligentes para las ventas en farmacias es algo complejo; requiere la supervisión de diferentes actores: productores, procesadores, distribuidores y hasta usuarios. Recuérdese que se necesitó en promedio 16 meses para que las tiendas abrieran en Colorado y Washington, y en ambas jurisdicciones había mercados de cannabis médica ya establecidos, algo que Uruguay no tenía.
Según las últimas noticias, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), podría designar los productores aprobados en las próximas semanas previendo el cannabis que se venderá en las farmacias a comienzos de 2016.
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Aparte de este margen de tiempo, el boletín menciona otros problemas en la regulación del cannabis. Estos apuntan a una falta de personal y de dinero. El problema del personal tiene que ver con la falta de fondos, pero impide el proceso de aplicación. Inicialmente, los reguladores necesitan realizar visitas a los lugares, verificación de antecedentes, planes de negocios, entrevistas a los aspirantes y más. Después de eso, tendrán que monitorear el comportamiento de los licenciatarios mediante inspecciones e investigaciones, analizar recibos y anotaciones de inventarios, y multar a los actores que infrinjan la ley.
Regular una industria totalmente nueva requiere que el gobierno sostenga los costos de implementación iniciales. Sea que les guste o no, los contribuyentes uruguayos han estado pagando la cuenta, pues el IRCCA funciona sin ingresos. Aunque costoso al principio, es mejor invertir en los costos fijos de un ente regulatorio fuerte antes de que el mercado madure. Cuando esté maduro, los honorarios y los impuestos deberán cubrir los costos de las regulaciones, como la supervisión a los productores autorizados, farmacias y clubs, las pruebas de productos y las campañas de prevención.
IRCCA planea tener un presupuesto de operación de US$500.000 para el año próximo. Esto es más de lo que se estima que captará por tarifas en 2016: un poco menos de US$140.000. El hecho de que la regulación del cannabis le cueste al gobierno no debería ser un problema durante los primeros años. El IRCCA estima que las tarifas generarán US$1,3 millones entre 2017 y 2019. Sin embargo, los legisladores deben ampliar la estructura de pagos de derechos por las licencias y los gravámenes a los productos que se vendan en las farmacias. Los impuestos no están detallados en la regulación, y las cifras difundidas por el IRCCA están abiertas a la interpretación. Los detalles informarán mejor al público y a los legisladores entusiastas por mantener bajos los costos; la regulación del cannabis no debe ser un desagüe para el erario público.
Otros, como Chile, Colombia y Jamaica, deben entender estos costos y el tiempo que se necesita para regular algo tan complejo como el mercado del cannabis. El diseño de leyes claras y aplicables la inspección de firmas y el control del comportamiento de las firmas demandan tiempo y recursos. Después de casi un siglo de prohibición, ¿cuál es el problema en esperar unos pocos años más para hacerlo bien?
*Este artículo fue publicado originalmente en El Daily Post y fue traducido y publicado con permiso. Vea el original aquí.
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