La reciente masacre de siete personas en la zona minera de Venezuela apunta a la posible presencia del ELN en el sur del país y su intención de expandir sus actividades criminales, arrebatándole a las mafias locales el control de la explotación ilegal del oro.
El domingo 14 de octubre supuestos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia habrían emboscado a un grupo de mineros en el sector El Bochinche, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, en la frontera entre Venezuela y Guyana.
Las primeras informaciones se obtuvieron a través de seis mineros sobrevivientes y luego se supo que la Fuerza Armada Nacional localizó siete cadáveres en el sector de la mina reportó El Pitazo.
Según los informes, todos los asesinados tenían tiros de gracia en la cabeza. Además los pobladores del lugar reportaron 16 desaparecidos. El gobierno no ha ofrecido una versión oficial.
Las masacres en las zonas mineras del estado Bolívar son recurrentes y, por lo general, obedecen a las rivalidades entre las bandas criminales que operan bajo la figura de “sindicato” o “pranato”, una modalidad mafiosa que actúa con los mismos procedimientos extremos de los líderes carcelarios conocidos en Venezuela como pranes. El pranato minero se ha consolidado y marca las pautas de todos los negocios ilegales que prosperan con la explotación anárquica de minerales.
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La novedad en esta oportunidad es el supuesto protagonismo del ELN en la matanza. El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, fue uno de los primeros en asegurarlo. “Desde noviembre de 2017, las comunidades indígenas y los mineros nos han reportado la presencia del ELN en El Bochinche (localidad donde ocurrió la masacre)”, De Grazia dijo a InSight Crime.
La posibilidad de que el ELN haya trasladado algunos de sus enclaves criminales al territorio venezolano, con el “auspicio” del gobierno de Nicolás Maduro, también ha sido advertida por el presidente de Colombia, Iván Duque, quien esta semana, ha cerrado cualquier posibilidad de diálogo con el grupo guerrillero, mientras no cesen sus actividades criminales.
Análisis de InSight Crime
La supuesta presencia del ELN en territorio venezolano, a más de 1.500 kilómetros de Colombia lo inmiscuye en otra guerra, la “guerra del oro”. Sus primeros combates serían con las bandas criminales que operan en las fronteras con Guyana y Brasil lo que muestra el avance de este grupo en Venezuela y la búsqueda de nuevas oportunidades para expandir sus economías criminales.
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El parlamentario De Grazia precisó que en la localidad donde ocurrió esta nueva masacre de mineros, se habrían asentado aproximadamente 100 integrantes del ELN con uniformes y armas. “Se apoderaron de las instalaciones de la concesión maderera Hermanos Hernández y allí instalaron un campamento”, agregó el parlamentario.
De Grazia afirma que hay una alianza entre el ELN instalado en las zonas mineras y las autoridades estatales, como parte de un entramado de corrupción que se extiende hasta Caracas e involucra a altos funcionarios militares y civiles.
“El gobierno del presidente Nicolás Maduro está muy satisfecho con el trabajo que han hecho los elenos; les agradecen haber desplazado al pranato en el control de la minería ilegal. El gobierno percibe a los elenos como gente seria, con la que se puede negociar, y por ello actúan impunemente. Migraron hacia el municipio Cedeño (estado Bolívar) y se apoderaron de la explotación de coltán y diamantes. Luego, desde hace aproximadamente un año los vemos combatiendo por las minas de oro, al otro extremo del país, en la frontera con Guyana”, aseguró el diputado a InSight Crime.
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Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, quien ha hecho seguimiento a la incursión del ELN en Venezuela, respalda la hipótesis de De Grazia sobre un posible cambio de “gobierno criminal” en la zona minera. “El Estado ha perdido el control sobre el pranato minero y apela al mayor poder de fuego que pudiera tener el ELN, el cual opera como brazo armado del oficialismo para seguir obteniendo ganancias de la minería ilegal”, dijo Tarazona a InSight Crime.
Por otra parte, la minería ilegal es una economía criminal que ha sido trajinada por el ELN en territorio colombiano. En Venezuela, en el contexto descrito, a esta guerrilla le sería más fácil alimentar sus arcas y fortalecer sus estructuras con los recursos que le proporciona la extracción de oro, pues no parece haber voluntad de las autoridades venezolanas para perseguirlos ni detenerlos.
A esto se suma la presión del gobierno colombiano sobre este grupo criminal, al descartar un cese al fuego, por ahora, lo que ha impulsado a los elenos a buscar “refugio” al otro lado del frontera.
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