Masacre en Magüí Payán: La bomba que se esconde en el posconflicto colombiano

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El lunes 27 de noviembre trece personas fueron asesinadas en el municipio de Magüí Payán, en Nariño, al suroeste de Colombia, tras un aparente enfrentamiento entre el grupo Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias del Frente 29 de las FARC, según reportó Semana. La masacre es un indicador de la bomba de tiempo que amenaza esta zona del país, marcada por la ausencia del Estado y por el intento de grupos armados ilegales de hacerse con la importante economía del narcotráfico que aquí florece.

Magüí Payán es uno de los tres municipios que forman, junto a Barbacoas y Roberto Payán, el llamado Triángulo del Telembí, un área demarcada por el río del mismo nombre, que és afluente del Gran Río Patía, un corredor natural que une varias de las áreas más ricas en producción de hoja de coca en Nariño -Barbacoas, Olaya Herrera y Roberto Payán- con las salidas a las rutas internacionales del narcotráfico que salen hacia Ecuador y hacia el corredor centroamericano.

La masacre del pasado lunes, de hecho, ocurrió en la región de Colombia que InSight Crime ha denominado Kilómetro cero del narcotráfico: el departamento de Nariño, donde todas las dudas que rodean al posconflicto colombiano se juntan en ciclos de nuevas violencias que empezaron a recrudecer a finales de 2016 en municipios cercanos a Magüí Payán.

Desde mediados del año pasado, según pudo constatar InSight Crime en un viaje de campo realizado entre enero y febrero de 2017, las dinámicas por el control de economías ilegales en el departamento -las cadenas de producción de cocaína en primera instancia, pero también la minería ilícita- habían empezado a generar una guerra sorda que ya había elevado las tasas de homicidios en municipios como Olaya Herrera y El Charco, ubicados más al oeste y unidos al Triángulo del Telembí por el río Patía.

Más al suroeste, donde el Patía se junta con otros ríos de la zona, como el Satinga y el Sanquianga, hubo a lo largo del año escaramuzas y tensiones por la incursión de los Comuneros del Sur a territorios que las FARC habían dominado durante el conflicto armado. Las tensiones, generalmente, implicaban a disidentes del Frente 29.

Entre los muertos de la masacre del lunes, según los primeros reportes de la fuerza pública colombiana citados por Semana, se encuentra un líder comunitario, representante legal del Consejo Comunitario Manos Amigas. Su hermano, quien resultó herido, permanece retenido, al parecer por el ELN.

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Los pobladores de la zona han estado, desde el inicio del posconflicto, inmersos en las violencias provocadas por el ciclo productivo de la coca: o bien han protagonizado enfrentamientos con la fuerza pública cuando esta ha intentado erradicar los cultivos de quienes se dedican a la cosecha, o bien han estado en medio de la violencia generada por los grupos armados que se enfrentan en la zona por el control de rutas.

Eso fue lo que, al parecer, ocurrió el 27 de noviembre: pobladores de Pueblo Nuevo, en Magüí Payán, que celebraban una fiesta quedaron en medio del fuego cruzado de los dos grupos armados según la versión de las autoridades colombianas.

Si bien es una coincidencia que esta masacre haya ocurrido al mismo tiempo que se produjo el traslado de la zona veredal donde se concentró las FARC en la región tras la firma de la paz, en Policarpa, más al noreste, ambos hechos muestran cómo los retos del posconflicto se tornan más agudos y abren la posibilidad para que otros actores reciclen las economías ilegales en la región.

Las causas del traslado de la zona veredal respondieron a incumplimiento en la implementación del acuerdo, especialmente en la construcción de infraestructura que permitiera viabilizar los proyectos productivos y las condiciones de seguridad para las comunidades y los ex guerrilleros del Frente 29 y el Frente 8.

Con el traslado, la preocupación por la seguridad de la región ha aumentado. En una entrevista con InSight Crime, la alcaldesa de Policarpa señaló: “Cada fin de semana tenemos muertos. El índice de violencia aumentó un 160 por ciento, comparado con 2016”

Análisis de InSight Crime

La masacre de Magüí Payán parece ser solo el episodio más reciente de la dinámica violenta del posconflicto en Nariño, y el más letal desde la firma del acuerdo de paz.

En esta zona del Pacífico colombiano ya había ocurrido una masacre en Tumaco -el principal centro urbano del departamento- en octubre de este año, cuando murieron 6 campesinos sin que hasta hoy se haya identificado a los responsables.

A esto se ha unido, entre 2016 y 2017, el cierre de carreteras de parte de cultivadores de coca que se oponen a la erradicación manual que hace la fuerza pública, ajustes de cuentas entre bandas en Tumaco, toques de queda, y al aumento en cifras de homicidios por toda la región.

La violencia, como ha corroborado InSight Crime en el terreno, está íntimamente relacionada con la economía de la coca. No es para menos, según cifras oficiales, Nariño es el departamento que más coca produce en Colombia: 23.147,95 hectáreas dedicadas al cultivo en 2016 según la ONU. Una fuente militar consultada en Tumaco a principios de 2017 aseguró que en 2016 salieron del departamento 350 toneladas de cocaína.

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No es la primera vez que estos ríos se convierten en el escenario de disputas entre actores amados. A principios de 2000 grupos paramilitares intentaron disputarle al Frente 29 el control del Gran Río Patía, lo que provocó miles de desplazamientos.  Hoy los intereses en este territorio persisten: controlar el Patía en su entrada por el Triángulo de Telembí significaría controlar casi 10 mil hectáreas de coca provenientes del Barbacoas, Roberto Payán y Samaniego.

El río da gran facilidad de movimiento a los grupos criminales y es una excelente autopista para el narcotráfico en todas sus etapas de producción.

El control del río y sus afluentes también abre la posibilidad a los grupos criminales de controlar la minería que se produce a lo largo de los municipios que componen el Triángulo del Telembí. En procedimiento de las autoridades se logró incautar maquinaria valorada en casi 2.000.000.000 de pesos (US$ 660 millones), según un reporte de El País, lo que da una idea del lucrativo negocio.

En el Triángulo del Telembí, donde está Magüí Payán, buena parte de la población vive de los cultivos ilícitos a falta de otras oportunidades de empleo o de economías legales sustentables. El pueblo más grande de la zona es Barbacoas, marcado también por la violencia, por la presencia de grupos armados y por la incapacidad perenne del Estado colombiano para atajar la pobreza sistémica y los nuevos ciclos de violencia que llegaron con el posconflicto. Llegar a Barbacoas desde los principales centros urbanos del departamento -Tumaco o Pasto- puede tomar hasta 10 horas por río o calles en mal estado. Magüí Payán está aun más lejos.

Es en estas regiones alejadas, con poca presencia estatal, donde la violencia, la omnipresencia del narcotráfico y otras condiciones del posconflicto han ido formando un polvorín. Es una bomba de tiempo y la masacre de Magüí Payán parece ser solo una muestra.

 

 

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