Masacres de mineros en Venezuela son resultado de la guerra por el oro entre militares y “pranes”

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A diez días de otra masacre en la zona minera de Venezuela perpetrada por el Ejército, el parlamento de ese país anuncia que llevará el caso a cortes internacionales e iniciará una investigación. La guerra por el oro entre militares, funcionarios del gobierno y grupos criminales dedicados a la minería ilegal sería el móvil detrás de estas matanzas, que se han incrementado en medio de la peor crisis económica del país y ante la amenaza de sanciones internacionales a su principal producto de exportación, el petróleo.

El 10 de febrero, 18 personas murieron durante una incursión del Ejército venezolano en la mina Cicapra, en la localidad de Guasipati, en el estado Bolívar, al sureste del país. Aunque no hubo militares heridos, el gobernador del estado, Justo Noguera Pietri —un oficial de la Guardia Nacional que está entre los sancionados por el Gobierno de Estados Unidos por violación de derechos humanos— argumentó que los funcionarios habían sido emboscados por una banda criminal.

“Fue un ataque a una comisión militar”, en el que fue necesario “el cumplimiento de protocolos” para repeler la acción, dijo el gobernador, en la que ha sido la única declaración oficial de algún funcionario del Gobierno sobre el hecho.

Entre las víctimas de la matanza figura una mujer, su pareja y su hijo de 19 años de edad. Se trata de la administradora de la mina, Angelis Rodríguez Cuevas. Desde hace más de 15 años, su familia tenía la “concesión” (una especie de aval informal del Gobierno) para explotar la mina Cicapra, que es una de las más productivas de la región, donde se obtiene el oro de mayor pureza.

“Rodríguez había sido citada a Caracas, al Ministerio de Minas, donde le solicitaron la incorporación de esa mina al Arco Minero (proyecto transnacional de explotación minera creado por el Gobierno de Nicolás Maduro en febrero de 2016). Ella atendió el llamado y participó en una reunión en la que mostró su disposición a negociar la entrega de la mina al Gobierno”, dijo a InSight Crime el diputado a la Asamblea Nacional, Rachid Yasbeck.

Sin embargo, seis días después se produjo la incursión militar en la madrugada, cuando los mineros dormían. El diputado Yasbeck dijo estar seguro de que las víctimas fueron ejecutadas, pues 11 de ellas presentan heridas de bala en la cabeza, publicó Runrun.es.  

Además, entre los muertos de la presunta masacre se encontraban un agricultor y un taxista que se iniciaban en el comercio ilegal de combustible que despachaban a la mina. “La situación del país los llevó contrabandear combustible y este era su primer viaje. Llegaron el jueves en la tarde y como se hizo de noche decidieron quedarse a dormir en la mina”, relató un familiar de las víctimas al periodista Germán Dam, quien ha reportado otras matanzas en la zona minera.

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“Este caso debe ser investigado a profundidad para esclarecer muchas cosas, principalmente lo relacionado con la participación de los militares”, dijo el diputado Yasbeck, quien representa al estado Bolívar.

Una semana después de la matanza, el parlamento de Venezuela anunció, mediante un comunicado de prensa, que iniciará las investigaciones y que exigirá la comparecencia de los oficiales del Ejército que participaron en la acción militar. El comunicado también decía que el caso “será llevado a muchas instancias internacionales”.

Pero esta no es la primera masacre que investiga el parlamento venezolano en la zona minera. La masacre de Cicapra, como se la ha llamado en Venezuela, es apenas una en la lista de más de 30 matanzas registradas en los municipios mineros de Bolívar en los últimos 12 años, dijo a InSight Crime el diputado opositor Américo De Grazia, quien ha llevado un registro de estos crímenes.

Aunque esta matanza es la que ha dejado la mayor cantidad de víctimas, fue la masacre de Tumeremo, ocurrida en marzo de 2016, la que puso al descubierto la dinámica criminal generada por la explotación aurífera. En ese hecho fueron asesinados 17 mineros, y se confirmó la participación de funcionarios policiales, junto a bandas criminales. Pero nunca se aclaró si también hubo responsabilidad de militares cercanos al gobernador de entonces o a funcionarios del alto Gobierno.

Análisis de InSight Crime

Las masacres son los hechos más notorios que han obligado a mirar hacia la región rica en coltán, oro y piedras preciosas. Pero desde la creación del arco minero se ha registrando un incremento de la violencia en el estado Bolívar. En 2017, pasó a ser el cuarto estado con la tasa más alta de homicidios, con 113 casos por 100.000 habitantes, mientras que El Callao, uno de sus municipios con mayor actividad de extracción de oro, ocupó el primer lugar como el más violento del país, con una tasa de 817 homicidios por 100.000, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia.

Este repunte de la violencia sería una consecuencia de la dinámica criminal que viene registrándose en la zona. Hay denuncias de que militares y funcionarios del gobierno comparten con los “pranes” (líderes que controlan las mafias en las cárceles) o los sindicatos (organizaciones criminales surgidas del sistema laboral) la explotación de las minas y el control de la región.

“Los pranes se convierten en agentes de retención y les cobran una vacuna del 30 por ciento del oro que sacan a los pequeños mineros, además los pranes colocan el precio en que el minero venderá el resto del oro. El pran ejerce el control directo sobre la mina, impone las reglas y le reporta al generalato (militares del alto rango). Estos sacan el oro por los caminos verdes. Dejan una cuota al Estado y el resto se la llevan del país”, dijo el diputado Américo De Grazia. (Ver el gráfico)

(Haga clic en la imagen para ampliar el gráfico)

Pero ante cualquier disputa o desacuerdo con estos grupos, los militares proceden a realizar “operaciones de limpieza” o “cambio de gobierno”. De esta manera, pasan el control de las minas a manos de otros grupos criminales con los que logran nuevos acuerdos, casi siempre temporales.

“De modo que todo ese tinglado y todas esas masacres que han ocurrido en el estado Bolívar y fundamentalmente en al área del oro, obedecen básicamente al incremento de la vacuna. Cuando los mineros comienzan a rezagarse o a negarse a pagar, entonces comienzan las operaciones de masacres”, explicó a InSight Crime el diputado De Grazia.

Según el congresista: “Las masacres forman parte de una política de Estado, que involucra a las cúpulas militares y que tiene como propósito el control del oro para poderlo contrabandear. Para sacarlo a Brasil, Colombia, Trinidad, Aruba, Curazao y Bonaire”, aseguró.

Esta denuncia coincide con recientes informaciones, difundidas en redes sociales, sobre el supuesto traslado irregular del oro venezolano en aviones oficiales y particulares a destinos como Dubai, China y algunas islas del Caribe, por orden de funcionarios del Gobierno.

Incluso un día antes de la masacre de Cicapra, el 9 de febrero de 2018, fue detenido en Aruba un comerciante venezolano con 46 lingotes de oro, valorados en más de US$2 millones. La identidad del hombre, quien pretendía viajar a Holanda, no fue revelada; tampoco se conocieron más detalles del caso.

Pero esta práctica no es nueva. Un reporte de la Guardia Nacional Bolivariana, que obtuvo InSight Crime, describe la detención, en mayo de 2017, de un ciudadano venezolano que llevaba en su maleta un lingote de dos kilos de oro. El viajero fue sorprendido cuando se disponía a abordar un vuelo a Bogotá. El detenido era hermano de un expresidente de la empresa estatal Bauxilum, ubicada en el estado Bolívar.

“No existe una claridad de lo que es arco minero, parace una manera de raspar la olla. Son cinco mil toneladas de oro al año que debería estar yendo a las arcas de la nación y no es así”, señaló el congresista.

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Algunos de estos hechos se atribuyen a la búsqueda de mecanismos alternativos de ingresos por parte del Gobierno de Venezuela, debido a la poca posibilidad de maniobra que han dejado las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países a funcionarios de la administración de Maduro.  

Según el diputado De Grazia, lo que ocurre es consecuencia de un intento del Gobierno de Maduro por “mutar del rentismo petrolero al rentismo minero”.

Por esta razón, la reciente amenaza del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien ratificó que su gobierno sigue considerando “imponer sanciones al petróleo venezolano”, podría haber intensificado la guerra por el oro en Venezuela.

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