Una serie reciente de medidas drásticas en las prisiones de Brasil desató una violenta respuesta del grupo más poderoso del crimen organizado del país, pero a las medidas del gobierno les falta una visión de largo plazo y es improbable que garanticen mejoras en las cárceles o logros futuros en materia de seguridad.
El 13 de febrero, las autoridades del estado de São Paulo en Brasil trasladaron a Marcos Willians Herbas Camacho, alias “Marcola” o “Playboy”, líder del grupo criminal organizado más poderoso del país, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC—), a una prisión federal de máxima seguridad, según información de Folha de São Paulo.
Otros 21 presuntos jefes del PCC también fueron trasladados a prisiones federales en todo Brasil, en las ciudades de Brasilia, Porto Velho y Mossoró. Los representantes de seguridad pública fueron alertados de que el PCC podría estar planeando varios ataques en represalia. Ante lo cual, las autoridades movilizaron a más de 20.000 agentes de policía de São Paulo como parte de un operativo de seguridad para proteger la ciudad.
La decisión de trasladar al jefe del PCC Marcola se conoció luego de que en noviembre de 2018 las autoridades descubrieran y frustraran un plan por valor de US$100 millones para sacar de prisión al cabecilla usando mercenarios extranjeros contratados y helicópteros de grado militar, así como lanzamisiles y armas de grueso calibre, según informó Folha de São Paulo en ese momento.
El gobierno declaró en un comunicado que "aislar a los cabecillas [criminales] es una estrategia necesaria para enfrentar y desarticular las organizaciones criminales", según la BBC.
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Esta es solo la medida más reciente de las autoridades en los inicios del mandato del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, con el propósito de poner fin al control de las pandillas en las prisiones del país.
A comienzos de enero, por ejemplo, el nuevo director de la prisión del estado de Ceará, noreste del país, Luis Mauro Albuquerque, anunció que dejaría de separar la población carcelaria por afiliación a pandillas y que acabaría con el uso de teléfonos celulares, lo que según las autoridades dificultaría mantener el control dentro y fuera de las prisiones.
La respuesta de las pandillas fue rápida y violenta. El PCC y el Comando Rojo (Comando Vermelho), junto con sus rivales locales Guardianes del Estado (Guardiões do Estado —GDE—) y la Familia del Norte (Família do Norte —FDN—), convocaron una tregua y ejecutaron cientos de ataques principalmente a la infraestructura en docenas de municipios de todo el estado.
Las reacciones del PCC en protesta por las medidas en las cárceles bien pueden estar ligadas a la geografía. El PCC domina el sur de Brasil y el estado de São Paulo, donde la base del grupo es más fuerte. Por otro lado, la posición del PCC en el norte de Brasil es mucho más frágil. El grupo está trabajando para expandirse en la región y enfrenta a sus rivales en el intento de hacerse al control de las economías ilícitas.
Análisis de InSight Crime
El PCC de Brasil se ha adaptado y por momentos ha respondido con violencia extrema a anteriores intentos del gobierno por desbaratar el control que detentan en las cárceles del país, y las nuevas medidas pueden ser poco más que una solución temporal que no resuelve a cabalidad las causas subyacentes de la criminalidad y la violencia o los problemas enquistados en el sistema penitenciario.
“Cambiar prisioneros de sitio parece esparcir el problema en lugar de cortarlo de tajo o eliminarlo”, comentó Desmond Arias, profesor del Baruch College de la Universidad de la ciudad de Nueva York y autor de dos libros sobre Brasil, y sentenció “Medidas como esas se han aplicado durante años con limitada eficacia”.
Los mismos jefes del PCC que las autoridades están trasladando, como Marcola, tienen habilidades de liderazgo y experiencia en organización que los convierten en organizadores efectivos dentro de las prisiones. Al trasladarlos a otros centros carcelarios, las autoridades corren el riesgo de reproducir dinámicas sin resolver que ya existían en otras prisiones, opina Arias.
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Más aún, el PCC depende de una red descentralizada y no de una sola persona o grupo de llamados líderes. Marcola y las demás cabezas del PCC que fueron trasladados serán puestos de nuevo en un régimen disciplinario diferenciado (regime disciplinar diferenciado), una medida especial de aislamiento más estricto en las prisiones. Pero aun este aislamiento extremo de los máximos líderes, combinado con las muertes de otros jefes de alto nivel, han sido poco para doblegar el poder del grupo y su capacidad de operar tanto dentro como fuera de los muros de la prisión, o expandirse por toda la región.
Los traslados de reclusos y las medidas de fuerza sobre el uso de teléfonos celulares, aunque pueden ser efectivas a corto plazo hasta que dichos grupos se adapten, a la larga no lo son por sí solas. En lugar de eso, se necesita una estrategia en varios frentes orientada al largo plazo que aborde la raíz para refrenar el control del PCC en las cárceles. Los traslados de prisión pueden desestabilizar la cúpula carcelaria del PCC por un tiempo, pero a la larga no harán nada para mejorar la corrupción, el hacinamiento y la falta de presupuesto en el sistema penitenciario de Brasil, elementos que han creado las condiciones perfectas para que el PCC implante el orden y su gobierno criminal dentro de ellas.
“En muchos sentidos el PCC ha servido como una especie de fuerza organizadora dentro del sistema carcelario”, explicó Matthew Taylor, profesor asociado de la American University, quien ha trabajado extensamente en Brasil. “Es difícil ver cómo estos [traslados] tendrán una influencia real en la manera como se comportan los presos, especialmente en estados en los que el PCC tiene dominio”.
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