El gobierno mexicano ha anunciado una nueva estrategia para evitar que migrantes se suban al infame tren con dirección al norte conocido como "La Bestia", un plan que cortaría la ruta que ha sido usada por millones de personas indocumentadas que buscan entrar a Estados Unidos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) hizo oficial este plan por medio del Diario Oficial de la Federación el 23 de Agosto, siendo la primera vez que el gobierno mexicano ha plasmado por escrito y en un documento oficial su intención de "domar" a "La Bestia", desde que se lanzó el Programa Frontera Sur en julio 2014. Este programa, que tenía como objetivo el "ordenamiento del flujo migratorio", resultó en el incremento del número de migrantes detenidos en México.
*Este artículo fue editado para su claridad y publicado con el permiso de Animal Político. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.
En el documento, la SCT explica que asumió el control de la ruta ferroviaria de "La Bestia" en el sur de México, quitando así la concesión a la empresa privada encargada, la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab (CFCM).
La ruta recorre mil kilómetros desde Yucatán a Cotzacoalcos, Veracruz; y el tramo de Chiapas se extiende 500 kilómetros desde la frontera con Guatemala hasta el puerto de Salina de Cruz, en el estado de Oaxaca.
La SCT justificó su decisión bajo los motivos clave de “seguridad nacional” y preocupaciones sobre la migración indocumentada, añadiendo que la CFCM había abandonado algunas de las vías de la ruta. La empresa emitió una declaración disputando las afirmaciones del gobierno. La CFCM dijo que la Secretaría había estado a cargo de las vías de Chiapas desde el 2007 y que tiene la “responsabilida exclusiva” por el “servicio vergonzoso” de ese tramo de la ruta.
El gobierno mexicano argumenta que se necesitan “nuevas medidas de seguridad” debido a que en esa ruta han tenido lugar diferentes ataques a las vías ferroviarias y al tren, los cuales estarían asociados “al proceso migratorio que se origina desde la frontera en el sureste del país y a la existencia de grupos delictivos que operan en esa área”.
La SCT señala que se requiere la instalación de centros de monitoreo y de vigilancia de los trenes “mediante drones”. Y la instalación de cámaras de vigilancia en los trenes y en “puntos estratégicos” como los patios de maniobra –donde los migrantes suelen subir al tren porque hay menos riesgo de caer y sufrir amputaciones-, así como en túneles, puentes, cruces ferroviarios o centros urbanos.
Otras medidas que se plantean son “la construcción de bardas y el mejoramiento del alumbrado en los patios de maniobras”; la implementación de “brigadas de seguridad privada en los trenes”; la instalación de “sistemas de geolocalización simultáneo en los trenes y en las brigadas de vigilancia”; la instalación de “equipos de alarma y movimiento en las vías”; la “certificación y capacitación a las empresas de seguridad privada contratadas para la vigilancia”; y la “instalación de centros de mando de seguridad en puntos estratégicos” a lo largo de la ruta.
La SCT indica que estas medidas de seguridad no están incluidas en la concesión que otorgó a la empresa Chiapas-Mayab en el año 1999, por lo que argumenta que es “evidente la necesidad de rescatar la Concesión” y que el gobierno, por tanto, asuma el control del tren en estos dos tramos ferroviarios.
Antes de expresar por escrito y en un documento oficial la intención del gobierno de “blindar” a "La Bestia", en julio de 2014, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya dijo públicamente que no permitirán a los migrantes usar el ferrocarril para acceder ilegalmente a los Estados Unidos, alegando que este medio de transporte los pone en riesgo.
“Vamos a poner orden en La Bestia. Los migrantes ya no podrán subir en el tren”, advirtió el funcionario en una conferencia de prensa días después de que el presidente Peña Nieto presentara el Programa Frontera Sur. Mientras que el plan aseguraba buscar la protección a los migrantes, desencadenó la detención y deportación masiva de miles de ellos, especialmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Aunque en ese entonces el gobierno mexicano no detalló más sobre cómo impediría a los migrantes subir a “La Bestia”, Animal Político documentó en la investigación “Programa Frontera Sur: Una Cacería de Migrantes” que sobre el terreno se estaban implementando varias medidas, como cambios en los techos de los vagones –para que los migrantes no puedan viajar en convoy-, la implementación de operativos policiacos en los patios de carga, y la construcción de bardas y pilotes para que las personas no puedan abordar el tren.
Además, empresas concesionadas por el gobierno federal, incluyendo Ferromex, contrataron custodios privados para vigilar el ferrocarril, lo cual ha originado denuncias en Tlaxcala y más recientemente en Querétaro, donde la Estancia del Migrante González y Martínez denunció que los guardias balean a migrantes y amenazan a los activistas que les dan comida.
Ahora, con el anuncio del gobierno federal de la necesidad de implementar “nuevas medidas de seguridad” en el tren, organizaciones defensoras de los migrantes denuncian que detrás de la decisión de retirar la concesión a Chiapas-Mayab está la intención de implementar otra media para detener el flujo migratorio en en zona de gran importancia estratégica en el sur del país, en la frontera con Guatemala.
“Sabíamos que el gobierno federal tramaba algo con el anuncio de la retirada de la concesión a Chiapas-Mayab,” dijo Alberto Donis, coordinador de un albergue para migrantes llamado Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca. “Sabíamos que no era para mejorar las vías de comunicación, sino para contener el flujo migratorio en una zona estratégica.”
*Este artículo fue editado para su claridad y publicado con el permiso de Animal Político. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí. Fotos por Manu Ureste
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