Autoridades de México han presentado las conclusiones de su investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero, indicando que están listas para cerrar el caso. Sin embargo, es posible que ninguna cantidad de pruebas vaya a ser suficiente para superar el problema de credibilidad del gobierno.
En una conferencia de prensa el 27 de enero, el procurador general de México, Jesús Murillo Karam, y el director de la unidad de investigación criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, presentaron una exhaustiva lista de las pruebas recogidas en el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron cerca del municipio de Iguala, Guerrero, el pasado mes de septiembre. (Para un resumen completo del caso de los estudiantes desaparecidos, haga clic en la línea del tiempo de InSight Crime al final de esta página).
Murillo y Karam mencionaron extractos del testimonio de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Terco” o “El Cepillo”, presunto jefe del grupo criminal Guerreros Unidos. Rodríguez, quien fue detenido el 15 de enero, confesó haber dirigido la matanza de los estudiantes y corroboró las declaraciones hechas por sus cómplices, según las cuales los estudiantes fueron llevados a un basurero en la cercana ciudad de Cocula, donde fueron ejecutados e incinerados.
Rodríguez también confirmó el supuesto motivo expuesto en el caso: que él y sus cómplices creyeron que los estudiantes eran miembros de una pandilla criminal rival, Los Rojos. “El Chucky [otro presunto líder de Guerreros Unidos] me llamó por teléfono y me dijo que me iban a entregar dos ‘paquetes’ con detenidos que eran del grupo contrario, Los Rojos”, aparentemente declaró Rodríguez.
Con base en fragmentos del testimonio de Rodríguez, Zerón de Lucio presentó un resumen de la investigación (vea el video). Recalcó que los investigadores han consultado a 487 expertos, quienes recogieron evidencias forenses, químicas y biológicas que corroboran la versión oficial de los hechos; reunieron testimonios de 386 personas; realizaron 16 redadas, y detuvieron a 99 personas. Zerón de Lucio también afirmó que el basurero donde presuntamente fueron incinerados los cuerpos de los estudiantes se encuentra a más de ocho kilómetros de Cocula.
Al final de la conferencia de prensa, Murillo dijo que las pruebas habían llevado a las autoridades a concluir “sin lugar a dudas” que los estudiantes —previamente considerados desaparecidos— están muertos. “Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden” dijo Murillo. “Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia”.
Murillo concluyó la conferencia de prensa diciendo que la PGR podría ahora cumplir “con la responsabilidad de llevarlos [a los criminales] a un juicio”.
La Investigación |
| 487 informes periciales |
| 386 declaraciones |
| 99 detenidos |
| 39 confesiones |
| 16 registros |
| 1 víctima cuyos restos han sido encontrados |
"No vamos a descansar”
En una conferencia de prensa tras la presentación de las conclusiones de la PGR, un portavoz de los familiares de las víctimas criticó la manera como Murillo intentó cerrar “de manera descarada” el caso de Iguala, informó Milenio.
“No vamos a permitir que cierren las investigaciones”, dijo, y agregó que las familias continuarán su lucha por la justicia “hasta las últimas consecuencias”.
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Representantes de las familias y compañeros de las víctimas señalaron los que, en su opinión, son varios problemas de la versión oficial de los hechos. Dijeron que no se había consultado con ningún experto independiente para determinar si los estudiantes realmente habían sido asesinados en un basurero, y que hay evidencia que sugiere que el testimonio de los presuntos autores del ataque se obtuvo por coacción. Los representantes agregaron que varios de los presuntos responsables siguen en libertad y que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha investigado el posible papel que tuvieron los militares en los ataques, así como la posible participación del exgobernador del estado de Guerrero, el antiguo procurador estatal, y varios alcaldes que, según ellos, estuvieron involucrados en el caso.
Las familias de los estudiantes desaparecidos planean llevar su caso al Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, informó El Universal. “No vamos a descansar”, dijo el portavoz de las familias.
Las Cifras |
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| 43 Desaparecidos | |||||||||
| 20 Heridos | |||||||||
| 6 Muertos confirmados |
No podemos quedar “atrapados” en Ayotzinapa
A pesar de la abundante evidencia presentada por la PGR y de lo que el presidente Enrique Peña Nieto denominó en Twitter como un “esfuerzo sin precedentes” en la investigación del caso, muchos mexicanos no parecen estar convencidos. Cerca de 500 testigos periciales y 386 testimonios no parecen ser suficientes para superar el problema de credibilidad del gobierno, aparentemente insalvable.
El @GobRep desplegó un esfuerzo sin precedentes de búsqueda e investigación para esclarecer el caso y castigar a los responsables.
— Enrique Peña Nieto (@EPN) January 28, 2015
Desde el principio, familiares de las víctimas, expertos independientes y miembros de la comunidad en general han dudado de la versión oficial de los hechos y han salido masivamente a las calles para protestar contra la manera como el gobierno ha manejado el caso. Investigadores de universidades mexicanas han analizado la evidencia forense y han dicho que los cuerpos de los estudiantes quizá no fueron quemados en un basurero en Cocula. Una investigación realizada por la revista Proceso involucró a la policía federal, y posiblemente a los militares, como participantes en el ataque policial a los estudiantes inconformes, antes de que los 43 estudiantes fueran acorralados y “desaparecidos”. Un investigador de una universidad mexicana ha sugerido que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados en un crematorio militar. Proceso también descubrió evidencia que sugiere que algunos de los testimonios claves que llevaron a la versión oficial de los hechos fueron obtenidos mediante tortura.
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Estas dudas se ven acentuadas por la falta de evidencia forense. Hasta ahora, solo los restos de un estudiante han sido identificados; por otro lado, 17 fragmentos enviados a un laboratorio en la Universidad de Innsbruck en Austria no han arrojado hasta el momento ADN utilizable.
Las dudas también pueden tener su origen en el historial de abusos de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad de México, así como en la sensación de algunos críticos de que el gobierno está tratando de ocultar el caso Iguala debajo de la alfombra.
En un comunicado emitido desde el palacio presidencial, Peña Nieto exhortó a los mexicanos a salir adelante, informó El Universal. “No podemos quedar atrapados en Ayotzinapa,” dijo, refiriéndose a la ciudad donde los jóvenes estudiaban. “Tenemos que asumir el derrotero de seguir caminando para asegurar que México tenga un mejor porvenir”.
Para muchos, sin embargo, el caso está lejos de darse por terminado.
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