El nuevo procurador general de México dijo que hasta 80 carteles de la droga operan en el país, reflejando una descentralización radical del poder y una abundancia de pequeñas pandillas en el hampa mexicano.
En una entrevista con la red de radio MVS, el procurador general Jesús Murillo Karam discutió los cambios en la industria del tráfico de drogas en los últimos años: “Calcularía entre 60 y 80 (carteles), entre medianos y chicos. Están en varias partes del país, estamos identificando exactamente, geográficamente, sus zonas de influencia”.
En la misma entrevista, Murillo Karam ofreció una crítica al anterior enfoque del Presidente Felipe Calderón en relación al crimen organizado, afirmando que la recién salida administración se centraba desproporcionalmente en los capos más poderosos.
Esto llevó a los tenientes a comandar, quienes eran típicamente los más violentos – los asesinos más capaces, para decirlo claramente. Ellos comenzaron a quedarse a cargo o a formar sus propios grupos, y los grupos desplazados comenzaron a desplazarse hacia otro tipo de crímenes, y ahí es donde vemos el secuestro, la extorsión, y los chantajes.
En el diagnóstico de los cambios en las redes criminales de México, Murillo Karam tiene toda la razón. Muchos analistas han señalado que el modelo de un puñado de grandes capos generando violencia a través de disputas territoriales es anticuado, y es cada vez menos relevante a medida que pasan los años. Eduardo Guerrero Gutiérrez, un analista de Ciudad de México, y uno de los fundadores de la firma Lantia Consultores, escribió en Nexos en 2011 que los seis carteles que estaban al comienzo de la administración de Calderón habían aumentado a 12, cuatro años después. Escribiendo para Southern Pulse, Samuel Logan y James Bosworth pronosticaron recientemente un futuro en el cual un número incluso mayor de pandillas callejeras son las fuerzas criminales más poderosas de México.
InSight Crime también notó esta proliferación, detallando el surgimiento de “nuevas pandillas” en 2011. Tanto en Jalisco como en Guerrero, por ejemplo, dos de los estados que han experimentado los aumentos más dramáticos de violencia en los últimos años, la ausencia de un grupo dominante y la lucha de pequeños grupos para imponerse y forjar un punto de apoyo, es un importante motor de violencia.
Como InSight Crime escribió en febrero respecto a Jalisco:
Las pandillas locales que operan en Jalisco y en otras partes también demuestran que el modelo del grupo trasnacional, controlando cada peldaño de la producción y el transporte, es cada vez menos relevante para el México de hoy. Muchas de las pandillas en Jalisco no tienen conexiones conocidas con Colombia, tampoco controlan valiosas plazas en la región fronteriza, ni tienen socios minoristas en Estados Unidos. Estos grupos, y otros como ellos en Acapulco y en otros lugares, compran a la red de contrabando de otra pandilla con el fin de enviar las drogas hacia el norte, o sacan provecho de la población local, bien sea a través de la extorsión, el secuestro, el robo de automóviles y el narcomenudeo.
Las políticas gubernamentales previas no reconocieron ni se adaptaron a este cambiante entorno. En su mayor parte, los esfuerzos de Calderón por combatir el crimen organizado fueron inapropiados para un escenario donde la influencia de los carteles tradicionales estaba en declive. Como Murillo Karam indica, la conocida “kingpin strategy” – que tiene como objetivo los grandes capos – hace poco para abordar la proliferación de las pandillas que causan la mayor parte de la violencia (La estrategia “kingpin” en realidad no comenzó sino hasta la mitad del mandato de Calderón, aunque se convirtió en sinónimo de sus políticas).
El despliegue del ejército en contra de los grupos criminales también es inapropiada para el cambiante entorno. Pandillas más pequeñas y locales podrían combatirse mejor con la policía local bien entrenada que conoce bien el terreno, en lugar de batallones formados por tropas de regiones remotas. Las ventajas militares – competencia, honestidad, potencia de fuego – tienen un peso mucho menor en este nuevo entorno.
Visto de esta manera, los comentarios de Murillo Karam inspiran optimismo. La entrante administración ha reconocido los cambios drásticos del entorno criminal de México, poniéndola en una mejor posición para diseñar una política adecuada. Los comentarios del nuevo procurador general son aún mejor recibidos dada la vaguedad de la estrategia lanzada por Peña Nieto a principios de esta semana, la cual se basa en seis líneas de acción: planificación, prevención, derechos humanos, coordinación, cambio institucional, y la evaluación.
Esto nos dice prácticamente nada sobre los objetivos de la administración, o su capacidad para alcanzarlos. Pero si los seis puntos se van a realizar en contexto de comprensión dado a entender en los comentarios de Murillo Karam, hay razones para estar más optimistas.
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