Una mujer que ha sido testigo clave en un caso en México ha declarado que no aportará más pruebas contra los líderes del cartel de Los Zetas, dado que las autoridades retiraron sus medidas de seguridad, lo que indica que el país ha reducido considerablemente su programa de protección de testigos.
La mujer, quien ha sido llamada “Venus”, debía aportar evidencias en contra de Lucio Raúl Hernández Lechuga y Félix Pichardo Fernández, excomandantes regionales del violento cartel de Los Zetas. Sin embargo, dado que le informaron que ya no sería acompañada a la corte por una escolta de seguridad, la mujer se ha negado a asistir a las audiencias del juicio.
Venus ya ha declarado en contra de más de 400 personas, entre ellas Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z40”, uno de los capos de Los Zetas. En el juicio actual, ella sería vista en un monitor de video por el líder encarcelado, presuntamente responsable de múltiples masacres, asesinatos y torturas. “Mi vida y la de mi familia corren peligro debido a las constantes amenazas que recibo”, dijo a El Universal.
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Se cree que Venus era colaboradora de Los Zetas, y fue incluida en el programa estatal de protección de testigos en 2010. Fue retirada del programa en el año 2015, y gradualmente se le han suprimido otras medidas de seguridad.
Además de ella, hay otros testigos que han perdido confianza en el programa. Un expolicía, conocido como “Conde”, informó que el gobierno no le había entregado el nuevo documento de identidad que le habían prometido. Una mujer conocida como “Natalia” abandonó la vivienda que se le había asignado y volvió a la prostitución.
Análisis de InSight Crime
El caso de Venus es representativo de la radical reducción del programa de protección de testigos de México desde 2012 por parte del Gobierno.
Felipe Calderón, presidente entre 2006 y 2012, consideró a dichos testigos contra los criminales y sus socios como una importante arma en su guerra contra los carteles de la droga. En el momento de más actividad del programa estatal de protección de testigos, había 379 personas registradas, cada una de las cuales recibía 26.000 pesos al mes (unos US$1.330).
Pero la estrategia no tuvo buenos resultados. Varios casos importantes fracasaron debido a testimonios poco fiables, y el programa no logró evitar que otros testigos clave fueran asesinados.
En 2017, la Fiscalía General reveló que había invertido 210 millones de pesos (US$10,7 millones) en su programa de protección de testigos durante más de 17 años, pero que dicho programa no había funcionado debido a que los presuntos testigos cambiaban sus versiones o mentían con respecto a lo que realmente habían visto.
“Fue utilizada como moneda de cambio con miembros de la delincuencia organizada, donde a cambio de beneficios se obtuvieron declaraciones sobre hechos nunca investigados”, dice Rodolfo de la Guardia, exdirector de Interpol-México, en un informe de Milenio. “Esas declaraciones no se sostuvieron ante los jueces federales. Los testigos colaboradores colapsaron ante el ejercicio de la contradicción”, afirma.
La respuesta del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) consistió en reducir drásticamente el programa. Al final de su periodo presidencial, solamente 11 testigos permanecían en el programa.
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La creciente lista de testigos que abandonan este proceso muestra que México está perdiendo los testimonios de primera mano, que pueden ser una herramienta clave en la lucha contra el crimen.
Las declaraciones dadas anteriormente por testigos protegidos indican que se requiere prestar más atención a dichos colaboradores, con el fin de aprovechar al máximo este valioso recurso y reducir el problema de la poca fiabilidad de los testimonios.
Tanto Venus como Conde afirman que fueron llevados por el Estado a una propiedad que se le había confiscado al encarcelado capo del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, junto con personas que tenían vínculos con varios carteles rivales. Dicen que allí tuvieron que soportar condiciones insalubres y amenazas de las fuerzas de seguridad, por lo que algunos testigos se sintieron presionados a inventar pruebas.
El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, tiene una posición ambigua frente al tema. Aunque ha ofrecido amnistía a testigos protegidos en el caso de corrupción de Odebrecht, ha declarado que desconoce el programa de protección de denunciantes de corrupción al interior de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México.
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